A seis semanas de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuando generalmente ha transcurrido tiempo suficiente para decantar ánimos y aclarar dudas sobre los resultados electorales, sucede todo lo contrario en esta ínsula. Se mantienen severas dudas sobre la transparencia de los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no oficializa los resultados, existen denuncias de fraude en la provincia de Manabí, así como en muchos cantones más.
Existe gran incertidumbre en especial en los resultados de los comicios para elegir consejeros al CPCCS. Se suma a esto la zozobra generalizada en lo económico a causa de una intencionalidad oscura de llegar a la desdolarización y al apoderamiento de las empresas públicas con receta monetaria del FMI en mano y por si fuera poco, sobrevino la pírrica e infame decisión gubernamental de cancelar el asilo político otorgado soberanamente a Julian Assange en 2012, activista político por los derechos a la libre información según su propia definición y expulsarlo de la embajada ecuatoriana en Londres permitiendo el acceso a una fuerza pública foránea a territorio ecuatoriano. Se había generado así un acto inédito y vergonzoso en la historia de la diplomacia mundial.
Debe aclararse que se utiliza el término ínsula no porque estemos rodeados de aguas, pero tal vez sí con cierta nostalgia de aquella otra ínsula cervantina en la que Sancho hubo de gobernar, el sí con gran sentido común y ecuanimidad frente a todos los problemas que perversamente, cual bromas y farsas, le iban interponiendo los duques, ellos sí los auténticos gobernadores de la ínsula. A falta de aguas y más bien analizando las maldades reales que por aquí van ejecutándose raudamente, se presienten en cambio, como graves amenazas, las que surgen de un modo de gobierno opuesto de forma diametral al sabio razonamiento de Sancho. Don Quijote, de estar presente habría de arremeter con justificada furia y adarga en ristre contra la insensatez y la felonía campantes. Así, abandonados a la suerte que viene desdichada, habrá de preguntarse por cuánto tiempo más esta ciudadanía continuará esperando a Godot antes de que lleguen las Erinias a castigar tanta fechoría envuelta en rampante cinismo que día a día hay que constatar y peor soportar.
No hay recuerdo alguno de tanta manipulación para tratar de conseguir unos resultados electorales útiles al poder económico y como este fue torciendo al débil poder político en todas las instancias posibles utilizando un estamento transitorio creado en base a una pregunta engañosa escondida entre otras también cargadas de una intencionalidad distorsionada y manipuladora en el referéndum y en la consulta popular del año pasado. Todos estos intentos se llevaron a cabo por medio de flagrantes violaciones al mandato constitucional y a la legalidad vigente para tratar de impedir que la tendencia política que gobernó del 2007 al 2017 tuviese alguna oportunidad electoral. A pesar de ello, cada intento fracasó estrepitosamente y el movimiento político de la Revolución Ciudadana consiguió llegar a la justa electoral con partido prestado, inscrito el último momento, con representación en apenas un 40% del territorio nacional y con el desconocimiento y confusión de la mayor parte del electorado que incluso no había tenido oportunidad de enterarse que los viejos emblemas y lista electorales pertenecían dolosamente ahora al gobierno actual.
Grande fue la sorpresa y más grande aún el temor, que en algunos casos debió haber llegado a franco pavor, cuando hubo de constatar que, de la sepultura, meticulosamente preparada surgía un nuevo Lázaro vivo, cuando muchos le hacían liquidado y en pleno rigor mortis. He aquí una garrafal equivocación, probablemente resultado de una intransigencia y de un odio visceral de magnitudes tales que llevó a la mayor parte de la clase política y a unas clases medias a un entontecimiento lapidario. Pero también hubo otra causa, la necesidad imperiosa de acabar con un proceso de cambio de modelo de desarrollo que hoy, ya con cierta distancia histórica, ha de constatarse que transformó al país como ningún otro gobierno anterior. Tanto el odio político como la necesidad de aniquilar el proceso iniciado impusieron una agenda para lograr la descorreización del país y que esta debía pasar por la destrucción del líder y mantener una persecución a quienes según su miopía histórica los identificaban afines al proceso anterior y a sus ideales.
El más grave error cometido fue que los grupos de poder fáctico y sus siervos políticos desconocieron y peor entendieron la existencia de un proyecto político que fue el que cambió al país, porque el Ecuador post Correa ya no es el mismo que el de décadas anteriores, aunque se trate ahora a toda costa de retrocederle hacia allá. En ese período el proyecto político logró consolidar grandemente la democracia formal, pero también la democracia real, aquella de acceso a derechos, igualdad de oportunidades y condiciones dignas de vida.
La esencia de la Revolución Ciudadana como proyecto político fue transformar las perversas relaciones de poder que siempre han imperado en América Latina, y lograr que sus estados aparentes, representando tan sólo los intereses de unos cuantos, se conviertan en estados verdaderamente populares, representando los intereses de las grandes mayorías. Así entonces el proyecto político de la Revolución Ciudadana se demostró vivo y sólido en los comicios del 24 de marzo. Haber conseguido algo más del 21% de votos a nivel nacional, dos prefecturas, segundo lugar en los comicios por las alcaldías de Quito y Guayaquil y otras dignidades más, y bajo las circunstancias totalmente adversas anteriormente citadas, demuestra sin lugar a duda que el proyecto político es eso y no únicamente una figura con indiscutible liderazgo popular.
En cuanto al proceso económico neoliberal que fue madurando en el 2017 para cuajar definitivamente en el 2018 y que en absoluto tiene algo que ver con el Plan de Gobierno que llevó a la victoria al actual Presidente, hoy por hoy ha culminado desembozadamente su primera etapa con la írrita e inconstitucional firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI.
Es menester traer al recuerdo algunas falacias recientes a la memoria para entender mejor las razones para la firma del acuerdo de marras. Este instrumento llega luego de una serie de anuncios de una supuesta e insuperable crisis económica rezago del sobre-endeudamiento del gobierno de Correa. Anuncios que se manifestaron por medio de una danza de cifras y que luego de cierto tiempo se desvanecían quedando sin sustento. Por supuesto, la ortodoxia económico-empresarial hizo mutis por el foro al invisibilizar las razones y efectos del endeudamiento realizado a partir del 2014. Así hay que señalar que en ese año la circunstancia económica internacional cambió drásticamente para América Latina, por el desplome de los precios de las materias primas que exporta la región.
En el caso ecuatoriano los precios del petróleo cayeron en picada, pero también los de otras exportaciones. Esta merma de ingresos al Estado produjo un proceso recesivo con la consiguiente disminución en la tributación. Se tuvo también que afrontar las demandas de las empresas Occidental y Chevron a causa de írritos fallos de tribunales arbitrales coaccionados por los tratados de protección recíproca de inversiones. Todo esto significó un decremento de alrededor del 12% en el PIB. Paralelamente en ese tiempo el dólar estadounidense se apreció importantemente encareciendo las exportaciones. Como si esto fuese poco en el 2016 sobrevino el terremoto más fuerte de las últimas décadas que asoló principalmente las provincias de Manabí y Esmeraldas con lo que adicionalmente se redujo el crecimiento económico en 0,7%, y produjo pérdidas por más del 3% del PIB. Entonces, estas son las causas, todas externas y por lo tanto incontrolables, más una catástrofe de orden natural que obligaron al incremento de la deuda como mecanismo eficiente y rápido para mantener la liquidez necesaria frente a semejante contingencia, así también se pudo salvaguardar la dolarización.
En lo que respecta a la crisis tantas veces puesta como parapeto por parte del empresariado y consiguientemente de su gobierno para justificar la adopción de las medidas neoliberales, debe mencionarse que la deuda externa según datos oficiales se encuentra en alrededor del 35% y no como se especulaba malintencionadamente que estaba por encima del 60% del PIB con el propósito de configurar un escenario engañoso pero propicio a buscar la mejor justificación a fin de llegar al acuerdo con el FMI. Pero ahora, el importante endeudamiento que ha adquirido el actual gobierno se debe básicamente a dos razones, primero a que la ausencia de un programa económico claro generó desconfianza y con ello elevó el índice del riesgo país con lo que logró que el financiamiento externo al cual el gobierno hubiese podido acceder se encareciera importantemente. Segundo, el gobierno se cerró todas las fuentes de financiamiento interno con la promulgación de la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, con lo cual ya no puede recurrir a fuentes internas como el IESS, la banca pública o el Banco Central quedándole únicamente fuentes externas muy caras para el aprovisionamiento de fondos o el FMI con el consiguiente acatamiento de las imposiciones de ese organismo. El incremento de la deuda actual no está desligado de la salida de divisas por el crecimiento descontrolado de las importaciones ya que de algún lado se deberá obtener el capital que está escapando del país poniendo en riesgo la masa monetaria que mantiene la dolarización.
De esta manera el futuro de la dolarización resulta incierto porque además de la ausencia de controles a las importaciones, buena parte de ellas de carácter suntuario, absolutamente innecesarias para el desarrollo productivo del país pero si aptas para satisfacer el apetito consumista de unas clases medias y pudientes, se planea eliminar al impuesto a la salida de capitales con lo que se dejará aperturado el camino a la escasez de masa de dólares que ni las exportaciones fiscales ni las del sector privado pueden compensar. La iliquidez provocada en el sistema obligará a la adopción de otra moneda con la que se aplicarán medidas monetarias como la devaluación empobreciendo inmediatamente a los estratos más vulnerables de la población. Pero, al mismo tiempo, se estaría poniendo a disposición la posibilidad de adquisición a precios irrisoriamente bajos de la infraestructura y de las empresas estatales con lo que se habrá cumplido con otra de las imposiciones del FMI. El resultado será un país absolutamente empobrecido y exento de posibilidades de recuperación dada la ausencia de esos activos privatizados y con un endeudamiento oneroso sin posibilidades de pago. El regreso a la reprimarización de la economía, por lo tanto, a la total dependencia económica y política se habrá asegurado.
Entretanto se está ya fraguando el mecanismo para lograr todo esto y más. El canto de las sirenas ha empezado a distraer a los consabidos tontos útiles para lograr la avenencia al llamado Acuerdo Nacional Ecuador 2030 sobre varios temas de los cuales algunos son de relleno y constituyen una farsa porque en dos años no se demostró genuino interés en su solución, mientras que otros se encuentran mañosamente camuflados ya que con estos se afianzarían las imposiciones del FMI, probablemente a través de una nueva consulta popular dolosa.
¿Hacia dónde vamos como país? Es la pregunta que debemos repetir una y otra vez a ver si despertamos y nos sacudimos de la anomia política en la que nos encontramos, si bien se han dado algunos destellos alentadores, pero no suficientes como para proponer una barrera infranqueable a las bárbaras pretensiones del gobierno y de su estamento privatizador.
¿Hacia dónde vamos como país? Nuevamente preguntemos, ahora en otro de los tantos ámbitos en que caben un sinnúmero de cuestionamientos, en este caso el de la política exterior frente a la consumación del acto terrible en política internacional como la violación al derecho de asilo a un ciudadano australiano-ecuatoriano al haber permitido el ingreso de la policía británica al espacio extraterritorial ecuatoriano de nuestra embajada en el Reino Unido. La absolutamente injustificada terminación del asilo a Julian Assange con el pretexto ridículo de un mal comportamiento y que además existían las garantías del Reino Unido de que no sería extraditado a los EE.UU. donde lo podría esperar un juicio que en el peor de los casos le significaría una sentencia a la pena capital, resultan en un burdo engaño al Ecuador y al mundo. El gobierno ha impuesto al Ecuador el blasón internacional de la infamia.
