por Lautaro Rivara, miembro de la Brigada Jean-Jacques Dessalines de Solidaridad con Haití
Una nueva campaña lanzada por redes sociales alcanza hoy su punto culminante en Haití, con una nutrida movilización convocada contra las violaciones y todo tipo de violencia hacia la mujer, los niños y las niñas. Dicha movilización se desarrolló frente a la Universidad Quisqueya en la capital Puerto Príncipe, coincidentemente con la celebración del Día de la Madre en el país. Bajo el hashtag #PaFèSilans (“no te calles” en creol haitiano) partidos de izquierda, organizaciones sociales, de jóvenes y de mujeres, comenzaron a visibilizar las violaciones y el abuso sexual. Un aspecto denunciado es que no existe en Haití un cuerpo de legislación que tipifique las diferentes violencias tales como las violaciones, la violencia intradoméstica e intracomunitaria o el acoso sexual laboral, por ejemplo. Un proyecto orientado en esa dirección naufragó en el año 2015 tras el cierre del Parlamento.
Particularmente, según señalan las organizadoras, el deterioro incesante de las condiciones de vida en el país en los últimos años ha sido caldo de cultivo para el incremento exponencial de las tasas de violencia sexual. El terremoto de enero del 2010 desplazó a alrededor de un millón y medio de personas hacia diferentes barracas en las periferias de la capital Puerto Príncipe y de otra grandes urbes. Aún decenas de miles de personas malviven en esos campamentos que hace tiempo que han dejado de ser “temporales” y de “emergencia”. En particular, el completo desamparo de la niñez, la virtual ausencia del estado en las más elementales de sus expresiones, la miseria planificada y el hambre crónica, han sido causales determinantes en la profundización de la violencia sexual. En los primeros días luego del terremoto, 250 casos de violación fueron denunciados en los campamentos, una cifra que se supone irrisoria en relación a las dimensiones globales del hecho. También la existencia de miles de apátridas, nacidos en República Dominicana de padres haitianos que fueron despojados de su legitima nacionalidad y expulsados por el estado dominicano, agrava aún más la situación en los territorios de frontera.
Cabe destacar además la completa ausencia de una política de asistencia y acompañamiento a las víctimas, de profesionales especialmente capacitados, y de formación al respecto en un sistema educativo completamente privatizado y desarticulado. Es habitual que las mujeres, niños y niñas sean revictimizadas por la comunidad. Ante la situación de las violaciones que conducen a embarazos, el aborto es una práctica rotundamente ilegal como lo es en buena parte del Caribe. Un medicamento abortivo cuesta entre 15 y 20 dólares y se vende bajo condiciones de estricta clandestinidad en las calles de Puerto Príncipe, una cifra exorbitante para una población que en su inmensa mayoría sobrevive con menos de dos dolares al día.
Por otra parte, diferentes ONGs internacionales y las propias misiones de ocupación de las Naciones Unidas, se han visto envueltas en violaciones sistemáticas y en redes de explotación sexual infantil, favorecidas por el racismo estructural, la ausencia de control democrático y la legislación especial de los cuerpos de paz que impiden que estos sean juzgados por sus crímenes en los países dónde se desarrolla su accionar “humanitario”. La propia ONU reconoce que la MINUSTAH recibió unas 114 denuncias de abuso y explotación durante su despliegue en el país, aunque organizaciones civiles elevan esa cifra hasta 500. De dichas denuncias sólo 34 fueron confirmadas, sólo 11 personas fueron detenidas, y una víctima resultó indemnizada, según lo que destaca el informe especial realizado por Sputnik.
Renglón aparte merece el impulso de leyes que discriminan de forma flagrante a la diversidad sexual, como la presentación de certificados que atestiguan la presunta “moralidad” de las personas, reservados sólo a las personas heterosexuales. En agosto de 2018 fue aprobada la ilegalidad de los matrimonios homosexuales, y también punida la defensa o expresión pública de la homosexualidad. El crecimiento desbordante de iglesias neopentecostales oriundas de los Estados Unidos y de diferentes grupos neoconservadores, así como su prédica contra diversos derechos sociales, sexuales y reproductivos, es también un factor legitimante de prácticas vejatorias.
La campaña #NoTeCalles y la movilización convocada resultan similares a las que desarrollan y masifican en América Latina y el Caribe y en el resto del mundo bajo el amparo de las organizaciones de mujeres, feministas y de diversidad sexual. Pero en Haití expresan también la lucha histórica de diferentes organizaciones de mujeres como SOFA (Solidaridad de las Mujeres Haitianas) fundada en 1986, y la presencia, aunque incipiente, de intensos debates al interior de las organizaciones sociales urbanas y campesinas. Expresa también la tentativa de desarrollar un feminismo peculiar, situado, que en Haití, con sus sectores medios exiguos y amplias capas marginalizadas y depauperadas, solo podrá ser popular y comunitario para tener una pregnancia real, asentado sobre todo en la experiencia de mujeres campesinas y de las periferias urbanas. Los ejes de trabajo de SOFA o el accionar de las comisiones de mujeres de las organizaciones campesinas, por ejemplo, orientados hacia el combate a la pobreza, el trabajo educativo en el medio rural, la violencia sexual, la salud comunitaria y la participación política de las mujeres, expresan la transversalidad de las luchas de la mujer haitiana, indisociable de la situación de miseria planificada, la ruina de la producción agrícola, el drama migratorio y la ocupación militar.
Fotos: ALBA Haití
