Por Mario Osava
– El gobierno de extrema derecha aceleró en abril la demolición del sistema de gestión y protección ambiental, desarticulando sus propios órganos del sector y despertando alarmadas reacciones internas e internacionales.
“Lo más grave está por venir, es el desmantelamiento de reglas ambientales, como la reserva legal”, advirtió a IPS en una entrbista Paulo Barreto, investigador asociado del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente del Amazonia (Imazon), en referencia a la parte que cada propiedad rural debe mantener preservada por ley.
Esa reserva alcanza 80 por ciento en la región forestal amazónica, baja a 35 por ciento en el Cerrado (la sabana brasileña), el segundo mayor bioma del país, y a 20 por ciento en otras ecorregiones.
Esa exigencia, implantada por el actual Código Forestal, vigente desde 1934 pero varías veces actualizado, tuvo los porcentajes de preservación fijados en 1965 y confirmados en una revisión de la ley en 2012. A la reserva legal se suman las áreas de preservación permanentes, como las ribereñas y las montañosas.
Un proyecto de ley presentado por el senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, que pretende revocar la reserva legal, arguyendo que se trata de restablecer el pleno “derecho constitucional de propiedad” y eliminar un obstáculo al desarrollo.
La propuesta, enviada al Senado el 16 de abril y que tiene al senador Marcio Bittar como coautor, sostiene que la medida destrabaría el aprovechamiento potencial de 15 billones (millones de millones) de dólares en recursos minerales y energéticos, ocho billones de dólares en biodiversidad y de inmensas áreas de expansión agrícola.
“Si se aprueba, la situación queda muy fea”, reconoció Barreto.
Pero es poco probable que una medida tan radical, que echaría por tierra todo el esfuerzo de muchas décadas para evitar mayores daños a la naturaleza. En Brasil el bioma Mata (bosque) Atlántica perdió más de 90 por ciento de sus bosques originales y la Amazonia cerca de 20 por ciento.
“Es hora de implementar, no de modificar” el Código Forestal, reaccionó la Coalición Brasil Clima, Forestas y Agricultura, un movimiento que congrega 194 empresas, asociaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y centros de investigación.
La actual versión del Código, aprobada en 2012 tras cinco años de debates, “es el primer paso para fortalecer la producción agropecuaria y a la vez la conservación ambiental”, beneficiando al sector agrícola, cuya “productividad es muy dependiente de las condiciones climáticas”, manifestó la Coalición.
De ese grupo forman parte la estadounidense Cargil y la brasileña Amaggi, dos de las corporaciones transnacionales que dominan el comercio agrícola mundial, junto con la Asociación Brasileña del Agronegocio y la Asociación de Criadores de Ganado Zebú.
“Es tan agresiva la acción del gobierno contra el medio ambiente que encendió la señal de alerta”, no solo en Brasil, observó Barreto.
Antes de su toma de posesión el 1 de enero, Bolsonaro había anunciado su intención de abolir el Ministerio de Medio Ambiente. No lo hizo, pero redujo sus funciones, transfiriendo el Servicio Forestal y la gestión de recursos hídricos a otros ministerios, además de eliminar los órganos internos que se ocupaban de cambio climático y desertificación.
El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, durante una reunión con la Comisión de Ambiente del Senado para explicar sus planes. Allegado a los intereses de la gran agricultura y la expansión ganadera en la Amazonia, su prioridad son los temas urbanos, como saneamiento y contaminación del aire. Sus primeras medidas apuntan al desmantelamiento del sistema de gestión y protección ambiental. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
En cambio, el Ministerio de Agricultura amplió sus poderes con los temas forestales y la demarcación de tierras indígenas, aunque sus intereses productivos se opongan a las nuevas funciones. El negocio agropecuario protege el ambiente, arguyó el presidente, ignorando la deforestación promovida por el sector, especialmente de la ganadería.
Los denominados “ruralistas”, representantes del gran agronegocio que tienen una fuerte bancada en el parlamento, fueron importantes para el triunfo electoral de Bolsonaro. Cuentan, en consecuencia, con un poder avasallador en el gobierno.
El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, un aliado incondicional de los ruralistas, decapitó las principales agencias ejecutoras de políticas ambientales.
El 28 de febrero despidió a los superintendentes del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), órgano de regulación e inspección en 21 de los 27 estados del país. Dos meses después no hay sustitutos.
Además, Salles ordenó el 26 de abril un recorte de 24 por ciento en el presupuesto de Ibama, ya afectado por grave carencia de recursos humanos y financieros, rebajando su capacidad de evaluar grandes proyectos que exigen licencia ambiental.
Dirigentes del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), que gestiona 334 unidades de conservación y 14 centros de investigación, renunciaron por discrepar sobre las medidas del ministro y sus amenazas contra funcionarios.
Para reemplazarlos, Salles designó a cuatro policías militares del área ambiental del estado de São Paulo, con experiencia limitada y dudosa calificación para los nuevos desafíos.
Militarizar la administración pública es una orientación de Bolsonaro para varios ministerios, desde educación a infraestructura, energía e incluso turismo.
“Limpiar” el Ibama y el ICMBio es la tarea de Salles, dijo el 29 de abril presidente en Agrishow, una feria de tecnología agrícola, en Ribeirão Preto, un polo azucarero a 310 kilómetros de São Paulo.
Allí celebró con los agricultores la armonía entre los ministros de Medio Ambiente y Agricultura, y reiteró su aversión a los órganos ambientales, por ser una “industria de multas” y estar dominados por activistas radicales.
Toda esa presión antiambientalista dentro del gobierno aún no se reflejó en el aumento de la deforestación amazónica porque hubo mucha lluvia en los primeros meses del año en la región, lo que dificultó la depredación. “Pero la tendencia futura preocupa”, lamentó Barreto.
“Es un tiro en el pie, además del impacto ecológico, se daña la salud, con problemas respiratorios”, debido al humo de los incendios, y otras enfermedades, acotó el investigador de Imazon, una organización no gubernamental que monitorea la deforestación amazónica con celeridad.
Contraponer preservación forestal al desarrollo tampoco es buena opción. Hay estudios que han confirmado que se puede producir más, sin deforestar, y que una ganadería sustentable genera trabajadores más satisfechos y con mejores sueldos, arguyó.
Esa realidad la reconoce un sector “moderno” de los agricultores, pero hay otros con “ideas atrasadas que estorban y confunden todo” y se alinean con el gobierno, que “no logra comprender la Amazonia” en su papel climático y menos aún en su “dimensión simbólica”, según Barreto.
La ofensiva gubernamental contra el ambientalismo parece “orquestada con ataques a la ciencia, la prensa” y otras áreas, evaluó. La enseñanza de filosofía y sociología también es rechazada. Se debe priorizar “veterinaria, ingeniería y medicina”, asignaturas de “retribución inmediata a los contribuyentes”, según Bolsonaro.
Las reacciones comenzaron a surgir en el exterior, como la carta de 602 científicos pidiendo que la Unión Europea condicione la importación de productos brasileños al respeto de compromisos ambientales y de derechos indígenas.
El Museo de Historia Natural de Nueva York se negó a acoger un acto en que el presidente brasileño, seria homenajeado por la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos como uno de los personajes del año.
Dentro de Brasil, por ahora la resistencia consiste en una labor de comunicación, de “información básica” sobre cuestiones ambientales, climáticas y sus efectos económicos, “empezando casi de cero”, plantea Barreto.
Lo decisivo, probablemente, será una reacción del sector privado, ya que “este gobierno no escucha a las ONG”, concluyó.
