En entrevista al programa radial Pressenza En la Oreja, Camilla Croso, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) aborda los desafíos del derecho a la educación en la región, como la tendencia al lucro en el campo educativo y la financiación insuficiente de este derecho. Comenta también la importancia de las acciones realizadas en América Latina y el Caribe, en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2019.

“Queremos, en América Latina y el Caribe, resaltar la importancia del derecho a la educación pensado para lo colectivo, para el bien común. No es un beneficio individual. Aunque cada uno se enriquezca y crezca, la educación es un derecho humano que favorece el bien común”, afirma.

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La CLADE participó recientemente en la CIES en San Francisco, donde presentó su mapeo de las tendencias privatizadoras en la educación de América Latina y el Caribe. ¿Podrías contarnos qué se ha descubierto en esta investigación?

Participamos en esta gran conferencia de educación comparada que tiene lugar cada año. Nuestra mesa era sobre la privatización educativa a nivel regional, con énfasis en Brasil y Argentina.

De manera general, presentamos las tendencias que observamos en la región respecto a la privatización de la educación pública y la privatización en la educación pública.

Cuando decimos privatización de la educación pública es realmente cuando empiezan a entrar en la educación pública paquetes privados: la venta de currículos, la venta de libros, la venta de evaluaciones estandarizadas, la venta de informes. O sea, las escuelas públicas, aunque sean públicas y gratuitas, cargan en sí un gran proceso de privatización con estas ventas y lucros que tienen lugar. La educación pública pasa a ser un mercado en sí mismo profundamente lucrativo, especialmente con todo lo que tiene que ver con tecnologías y comunicación. De hecho, el caso brasileño se enfocó bastante en esta forma de privatización, de venta de paquetes dentro de la escuela pública.

La otra forma es la privatización en la educación pública, en el sentido de la incorporación de conductas, valores y procedimientos utilizados en el sector privado dentro de la escuela pública. O sea, financiamiento por resultados, evaluaciones, ranqueamientos, condicionamiento de pago de sueldos bajo el resultado de docentes y estudiantes, aunque se sepa que lo que condiciona mucho más los resultados de estudiantes es la condición socioeconómica en que viven. Entonces estos dos tipos de privatización están profundamente arraigados acá en América Latina y el Caribe.

Hay también una tercera forma de privatización, y el caso de Argentina se enfocó particularmente en eso: es la privatización de la política en sí misma. O sea, las decisiones sobre la política educativa pasan sin debate público, y no se involucra más a la ciudadanía, a estudiantes, sino que las decisiones son tomadas por actores del sector privado que ocupan los espacios, muchas veces orgánica y estructuralmente, dentro de los gobiernos.

Esto también en Brasil se observa como una tendencia, con la conformación de lo que acá, en varios Estados y municipios, se llama pacto o compromiso, incluso con la aprobación de leyes y ciertas estructuras donde el sector privado integra instancias de toma de decisiones sobre las políticas públicas.

¿Cuáles son los impactos negativos de la privatización de la educación?

Hay varios problemas relacionados a estas formas de privatización de la educación pública. Lo que sucede es un achicamiento del sistema educativo público, bajo acuerdos presupuestarios algunas veces muy radicales. Las personas pierden su derecho a la educación gratuita y tienen que pagar para acceder a la escuela – esta es una otra forma clásica de privatización, cuando realmente las personas pagan por la educación.

Claro que la privatización clásica tiene lugar junto con un debilitamiento del sistema público. Así tenemos muchas consecuencias malas. Primero, tiene lugar la segregación y las brechas entre personas con más y menos recursos se amplían, profundizando la desigualdad que caracteriza a América Latina y el Caribe.

Cuando hablamos de la privatización a partir de la venta de productos de empresas del campo educativo a las escuelas públicas, también hay un problema profundo porque el foco, el objetivo de la educación se cambia y pasa a ser el lucro. Es muy importante tener en cuenta que, para que funcione el mercado, el negocio educativo, hay que padronizar la educación.

Es muy difícil haber un mercado educativo que haga un currículo, una formación de docentes y una evaluación pensados para un contexto específico y para su población. Junto con esta gran entrada de los paquetes de servicios privados en la educación pública, tienes una gran estandarización de la educación y, cuando la tienes, pierdes todo lo que tiene que ver con una educación contextualizada y ubicada, lo que también debilita la profesión docente, pues la docente o el docente pasa a ser un instrumento. La autonomía es totalmente perdida, porque los maestros y las maestras pasan a aplicar productos profundamente estandarizados.

Esto afecta centralmente lo pedagógico de la educación y todo lo que tiene que ver con una educación para el pensamiento, una educación que problematiza, una educación dialógica. Si estás en una clase y haces una pregunta, y otra persona hace otra, se constituye un grado de espontaneidad que hace la educación profundamente rica y pedagógica. Esto se pierde con la privatización y la estandarización.

¿Cuál es el objetivo de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2019?

La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) es una iniciativa de la Campaña Mundial por la Educación (CME), que se realiza desde el 2003 y a cada año moviliza a toda su membresía en más de 100 países. Es un signo de lucha, de trabajo colectivo, y de trazar un horizonte común, hacia el cual la sociedad de todo el mundo se organiza y lucha por determinadas dimensiones del derecho a la educación.

Es un momento de articulación, de valorar lo colectivo, de valorar el trabajo en común y buscar cambios concretos para la educación. Este, de manera general, es el sentido de las Semanas de Acción Mundial por la Educación. Este año, de manera específica, esta movilización tiene a nivel global el slogan “Mi Educación, mis derechos”. En América Latina y el Caribe, hemos adaptado este slogan para “Nuestra Educación, nuestros derechos” porque siempre queremos resaltar la importancia del derecho pensado para el colectivo, para el bien común. No es un beneficio individual, aunque cada uno se enriquezca y crezca. Mucho más que algo individual, la educación es un derecho humano que favorece el bien común.

Este año tendremos también el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, que se realizará en julio y marcará la primera revisión más profunda del estado de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido a la educación, en ámbito mundial. Será un momento clave para evaluar cómo está el derecho a la educación en todo el mundo.

¿Cuáles son las acciones que se organizan en los diferentes países de América Latina y el Caribe en el contexto de la SAME?

El tema común de la SAME 2019 es muy amplio, de manera que la sociedad civil en cada país también puede poner luz y sombra en diferentes demandas, dependiendo de su contexto. Desde la CLADE, realizamos una serie de cuatro debates virtuales.

Empezando por el primer encuentro virtual, que tuvo lugar el 30 de abril, cada martes, realizaremos diálogos virtuales sobre el estado del derecho a la educación en América Latina y el Caribe, con la participación de los 16 foros nacionales miembros de la CLADE, y personas invitadas, que presentarán también otras informaciones sobre la coyuntura, de manera que se pueda hacer un balance colectivo de cómo va la educación en la región.

En el último encuentro virtual de la serie, a realizarse el 21 de mayo, la CLADE lanzará un documento que es muy importante para la red, intitulado “Educar para la Libertad: Por una educación emancipadora y garante de derechos”. Es una apuesta de la CLADE el poner en la pauta pública, en el debate público, una reflexión que se vuelva en acción, sobre la educación emancipadora, una educación que liberta y nos posibilite imaginar otros mundos posibles, que nos permita contrarrestar los escenarios regresivos en los cuales estamos viviendo, una educación antipatriarcal, que supere perspectivas coloniales. Es un documento que quiere profundizar lo político y pedagógico de la educación que queremos, de este derecho por el cual venimos luchando hace tantos años.

A nivel nacional, lideradas por miembros de la CLADE en 16 países de la región, se impulsan luchas relacionadas a distintos aspectos del derecho humano a la educación, por ejemplo la educación con igualdad de género, y también con algunas celebraciones, como es el caso de Perú, donde la Corte Suprema del país emitió un fallo favorable a la inclusión de la perspectiva de género en el nuevo currículo nacional de la educación básica.

En todo el continente, se impulsan luchas para frenar retrocesos en la igualdad de género y en el financiamiento educativo, así como para demandar más recursos para la educación pública y gratuita, como es el caso de Brasil, donde la SAME se enfoca en exigir la implementación del Plan Nacional de Educación. A su vez, en El Salvador, se lucha para presentar en el parlamento un anteproyecto de ley que amplía gradativamente el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) del país que se invierte en la educación pública, hasta llegar al 6% del PIB. En Chile, hay un gran debate en este momento contra una ley que prevé la implantación de “escuelas seguras”, desde una perspectiva de controlar estudiantes y expulsarlos por hechos de violencia, en contra de una mirada emancipadora y democrática de la educación, así como de la adopción de medidas pedagógicas para resolver los conflictos de manera pacífica (sepa más sobre el tema).

Esta perspectiva es tremenda porque se relaciona a la securitización de la educación, o sea, cuando hablan de escuelas seguras, hablan de “estudiantes peligrosos”, de contener las y los estudiantes como si fuesen naturalmente peligrosas/os, siendo una manera grave de criminalización. De hecho, con nuestro miembro en Chile, estamos trabajando un documento que pone luz a esta problemática.

Tenemos también casos como el de Colombia, donde se realizan paros y manifestaciones intensas contra los recortes presupuestarios para la educación y el debilitamiento profundo que se observa en la universidad pública en el país.