En abril de 2010, la plataforma de denuncias de Wikileaks de Assange lanzó cientos de miles de documentos clasificados de los Estados Unidos. Esto ha descubierto graves violaciones de las leyes internacionales y penales de EE. UU., incluido el video «Asesinato colateral», en el cual se documenta un crimen de guerra cometido por un miembro de la tripulación de 2017 en una guerra en Irak y que mató a 12 civiles desarmados, entre ellos 2 corresponsales de Reuters, con una ametralladora. Los soldados responsables no habían sido castigados. El video dio la vuelta al mundo, causando gran indignación.

El Ejército de los EE. UU. identificó a la soldado Manning como una presunta informante y la arrestó poco después. IALANA y VDW otorgaron el Premio Whistleblower 2001 como «Anonymus» a los informantes que aún no habían sido nombrados en ese momento. Manning fue condenada por un tribunal militar en virtud de la «Ley de espionaje» de 1917 en un juicio escandaloso; su terrible sentencia es de 35 años de prisión (ver A. Falter en «Whistleblower in Security Policy Awards” 2011/13, pp. 183). Hasta entonces, solo 3 denunciantes habían sido condenados por esta ley, que amenazaba con una redacción muy vaga de sentencias altas, incluida la pena capital. Después de las protestas internacionales, en 2017, Obama perdonó a Chelsea Manning después de 7 años en la cárcel.

Para sorpresa de muchos, la soldado fue arrestada nuevamente hace cuatro semanas, ahora en prisión por negarse a decirle a un gran jurado sobre su colaboración con Julian Assange. Se refirió a sus declaraciones en su propio proceso – no hay nada más que decir. Luego fue llevada a régimen de aislamiento indefinido hasta que se declaró dispuesta a declarar. En la actualidad, ella sufre ataques de pánico y depresión, consecuencias de la prolongada detención militar.

Incluso la salud de Assange es cuestionable debido al estado de emergencia en la embajada ecuatoriana. Ambos detenidos: la informante y el hombre que ganó premios por divulgar su información explosiva hace 9 años, ambos arrestados nuevamente después de 7 años de prisión. La coincidencia sugiere que a Assange le van a pasar cosas malas en caso de que deba ser deportado a los Estados Unidos: un proceso bajo la Ley de Espionaje con al menos 35 años de prisión.

Por otro lado, se debe recordar que las revelaciones en ese momento sacaron a la luz numerosas violaciones criminales de la ley que habían sido declaradas secretos. IALANA es de la opinión de que cualquier infracción de la ley no debe reclamar la protección del secreto y la divulgación de dichos procedimientos debe estar exenta de un proceso penal.

Es cierto que los Estados Unidos justificaron su solicitud de extradición, lo que llevó a la detención de Assange, con un cargo menos grave que solo podía castigarse con un máximo de 5 años de prisión. Pero incluso si el gobierno británico autorizara la extradición solo por esta acusación, ¿quién meterá las manos al fuego para garantizar que los Estados Unidos respeten esas garantías en virtud del derecho internacional?

Recordemos que en 1999, en el caso de los hermanos alemanes LaGrand, un tribunal de Arizona los condenó a muerte por robo a un banco sin otorgarles asistencia consular de conformidad con el derecho internacional. Acto seguido, la República Federal de Alemania presentó una demanda por violación del derecho a ser oído. El tribunal estadounidense desestimó la demanda. La demanda presentada ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no tuvo éxito. Una acción presentada ante la Corte Internacional de Justicia (IGH) inicialmente condujo a una interdicción interina de la Corte Internacional de Justicia el 3 de marzo de 1999 para posponer la ejecución, que, sin embargo, fue desestimada por las autoridades de los Estados Unidos. Finalmente, los hermanos fueron ejecutados. En 2001, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que los Estados Unidos habían violado la ejecución del derecho internacional.

Bajo la administración de Trump, el incumplimiento de los acuerdos internacionales se ha convertido en parte del programa, siempre que limiten la expansión del poder de los Estados Unidos. En 2010, Trump ya exigió pena capital para Assange (“death penalty, or something“/»pena de muerte, o algo por el estilo»).

Dadas las circunstancias, debe evitarse la entrega de Assange a los Estados Unidos a toda costa. En cambio, exigimos su liberación inmediata.

La violación del requisito de información en 2012 no justifica el encarcelamiento, especialmente porque el poder judicial sueco ha levantado sus órdenes.

Al comentar sobre la acusación de Estados Unidos, el 12 de abril de 2019 Glenn Greenwald aclaró en The Intercept, que la fiscalía busca criminalizar lo que no solo está permitido para los periodistas, sino que también es un deber ético: ayudar a los denunciantes a anonimizar sus fuentes («la acusación busca criminalizar lo que los periodistas no están permitidos, pero éticamente tienen que hacer: tomar medidas para ayudar a sus fuentes a mantener su anonimato»). Por lo tanto, la fiscalía califica como un ataque grave a la libertad de prensa.

También protestamos contra las acciones del gobierno de Moreno para poner fin al asilo.

Assange recibió asilo en la Embajada de Londres en 2012 por el entonces presidente Correa. Además, el edificio de la embajada estaba protegido contra una intrusión ilegal temida por las autoridades británicas. Después de la elección del nuevo presidente Lenin Moreno en 2017, el proceso cambió: ahora el gobierno quiere que Assange salga de la embajada. Inicialmente, se hicieron intentos para lograr la inmunidad otorgando la ciudadanía y el servicio diplomático de inmigración. Esto falló debido a la negativa de Londres en acreditar a Assange. Luego, las condiciones para la estancia de Assange se fueron deterioraron tanto que tuvo que abandonar voluntariamente la embajada o ser hospitalizado por su condición para luego ser arrestado allí. Nada de esto tuvo éxito.

El domingo la condición de refugiado de Assange fue retirada sin previo aviso, en violación de la Convención de Ginebra sobre Refugiados que establece condiciones estrictas para ella. Además, se violó la obligación de dar una audiencia previa con la oportunidad de apelar. Luego, el embajador envió a la policía británica al edificio de la embajada para sorprender a Assange y exigir que se lo extraiga. Finalmente, Ecuador anuló la nacionalidad de Assange luego de habérselo entregado previamente. Dicho acto está explícitamente prohibido o, al menos, es impensable en Alemania por el Artículo 16, sección 2 de la Ley Básica y también en muchos países de América del Sur.

Exigimos que se sancione a los perpetradores de los crímenes secretos, no a quienes los descubren y publican.

Traducción del alemán por Sofía Yunga