Nos han informado que el buque de rescate de Sea-Eye, el «Alan Kurdi», finalmente ha sido autorizado para desembarcar a las personas que fueron rescatadas el 3 de abril cuando se encontraban en peligro en el Mar Mediterráneo. Estas 64 personas (de las cuales dos ya fueron evacuadas debido a emergencias médicas) han podido llegar a tierra en La Valetta/Malta después de soportar diez días de incertidumbre en el mar. Es un alivio que por fin estas personas hayan llegado a tierra firme en un puerto seguro de la UE, pero de ninguna manera consideramos esto como una victoria. Por el contrario, fue una vez más un hecho vergonzoso en el que los Estados miembros de la UE prolongaron innecesariamente una emergencia marítima, y son justamente los mismos países e instituciones que ahora declaran que esta fue una solución exitosa. Una vez más, el derecho marítimo, el derecho internacional y los derechos humanos fueron violados brutalmente, ya que la gente no fue desembarcada inmediatamente en el lugar de mayor seguridad. Fuimos testigos una vez más de cómo se llevaban a cabo las negociaciones intergubernamentales mientras los rescatados se veían obligados a permanecer en condiciones inciertas en el mar durante diez días. Estas negociaciones son prácticas ilegítimas e insostenibles que violan el derecho internacional, los principios fundamentales de los derechos humanos y hacen caso omiso de la dignidad de los rescatados.

Para nosotros, una sociedad civil comprometida con el rescate y la acogida de los afectados en alta mar, son la dignidad y los derechos de estas personas los que inspiran todas nuestras prácticas. Sabemos que éste es un momento difícil para continuar nuestra lucha, sobre todo porque los gobiernos y las instituciones de la UE nos consideran sistemáticamente como enemigos políticos, simplemente por defender el derecho a la vida y a la supervivencia de las personas y por trabajar para restaurar el sistema de rendición de cuentas y un Estado de Derecho en la región del Mediterráneo Central. Ahora bien, la flota civil de la SAR se ve obligada a intervenir donde los Estados miembros europeos han incumplido con sus obligaciones legales. Es aquí, ahora más que nunca, donde está en juego el futuro de nuestras sociedades.


Traducción del inglés por Nicole Salas

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