Por Alicia Muñoz
En estos últimos días se ha creado una gran polémica en el país tras los fuertes comentarios del mandatario estadounidense Donald Trump que dijo «el negocio de las drogas ha crecido un 50% desde que Iván Duque es Presidente». Muchos colombianos han expresado su desacuerdo ante tal acusación, y aunque es cierto que Colombia es el principal exportador de cocaína en el mundo el problema esconde más matices de los que el señor Trump alude.
Estas problemáticas se presentan por los constantes grupos armados que se han asentado en los territorios, también por la falta de control y olvido del gobierno en esas zonas del país. Este fenómeno no es nuevo, viene de tiempo atrás desde la aparición de la pasta de coca en los años 80 donde se comenzaron a crear grupos narcotraficantes que encontraron un lucrativo negocio en el alcaloide.
En el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC se creó el PNIS (programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito), que tiene como objetivo integrar las zonas más afectadas por el narcotráfico, buscando generar progreso y crecimiento económico. El programa tiene como propósito que voluntariamente los campesinos sustituyan los cultivos y así no fumigar ni erradicar forzosamente. El gobierno, con incentivos monetarios, motivaría a las familias a llevar a cabo el cambio de manera idónea, con el compromiso de que no volvieran a realizar ningún negocio de esta índole. En febrero de 2018 Eduardo Diaz Uribe, director del programa, indicó que se habían incorporado 50.500 familias que han optado por cultivos de cacao, plátano, café, caña de azúcar entre otros productos teniendo como resultado la erradicación de 37.767 hectáreas en veintiún meses.
Sin embargo hay municipios donde no llega el gobierno y los deja en el olvido, permitiendo que grupos armados sigan delinquiendo; el programa fue suspendido por el Presidente Duque en noviembre de 2018, lo que deja sin elección a miles de comunidades, pues los cultivos legales generan grandes costos, se demoran más en dar fruto, el cuidado demanda más tiempo y son veredas en las que generalmente no hay carreteras para transportar la producción, lo que tiene como efecto más costos y menos progreso para las familias campesinas, dejando como único sustento económico la siembra de la planta de coca.
Los cultivos ilícitos en el país han aumentado de 47.790 hectáreas en 2013 a 171.000 en 2017 según el SIMCI (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos). Cauca, el Catatumbo Norte de Santander y Tumaco Nariño son las regiones donde más se encuentra dicho inconveniente, quedando en primer lugar Tumaco con 19.000 hectáreas.
El gobierno de Iván Duque tras el crecimiento de cultivos de coca, propuso volver a la fumigación con glifosato. Este químico había sido suspendido por Juan Manuel Santos en 2015 gracias a la Corte Constitucional que atendió a las alarmas de la Organización Mundial de la Salud; la Corte define tres requisitos en 2017 en la sentencia T-236 que deben ser certificados para el uso de glifosato: no atentar contra la salud humana ni el medio ambiente, crear una regulación que involucre al consejo Nacional de Estupefacientes junto con un representante étnico y fortalecer las consultas previas monitoreando las alarmas. Por otro lado los cultivos de coca son usados por grupos indígenas como tradiciones ancestrales.
A pesar de que los científicos han realizado estudios que determinan que es una sustancia probablemente cancerígena, como hizo mención la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, ademas de dañar cultivos lícitos, el gobierno de turno defiende que no hay estudios que con certeza determinen el daño. El pasado 7 de marzo de 2019 se llevó a cabo una audiencia de la Corte Constitucional en el Palacio de Justicia de Bogotá donde hizo presencia el ex mandatario presidencial Juan Manuel Santos, quien declaró que la mejor manera era volver a la sustitución voluntaria dando nuevos incentivos a las comunidades, ya que el aumento de estos no está relacionada con la falta de aspersiones sino con la resiembra.
El Presidente Duque quiere que la Corte modere los requisitos exigidos y hace alusión de que con la erradicación manual solo logra 2 y 3 hectáreas al día en comparación con la fumigación que son 150 diarias, también argumentó que 4.1 millones de litros de ácido sulfúrico son llevados a la selva con el fin de producir la pasta de coca.
Ante el debate, el gobierno de Iván Duque no dio respuestas contundentes a muchas preguntas hechas por los magistrados de la Corte, como por ejemplo de dónde saldrían los recursos, pues la aspersión cuesta alrededor de 100 millones de pesos colombianos por cada hectárea, sin contar que este químico lo proveerán industrias estadounidenses lo que resulta muy lucrativo para los Estados Unidos. Lo cierto es que el gobierno no tiene estudios que certifiquen que el glifosato no es dañino para el medio ambiente ni para los seres humanos, tampoco es certera su eficacia en la disminución de cultivos ilícitos.
Para algunos colombianos la solución no está en volver al glifosato, está en la presencia del gobierno que ayude a estas comunidades a generar ingresos de manera sostenible y lícita, promoviendo la legalidad y control de esta droga, dando educación y además dar a conocer al mundo que el problema no es solo de Colombia sino que es un fenómeno que le compete al mundo entero pues la demanda está principalmente en Europa y EE.UU, son aproximadamente 18 millones de personas que la consumen y mientras existan compradores habrán grupos narcotraficantes en Colombia o cualquier parte del mundo que busquen lucrar con este negocio.
