«Ustedes, los ciudadanos de Europa, tienen un gran poder: cuando entran a una tienda, preguntan de dónde proviene la ropa que decidieron comprar, quién la produjo y se aseguran de que parte del dinero que gastan se destine a los trabajadores. Si ese objeto no fue producido de manera sostenible, protestan.”

A iniciar la apelación es Kalpona Akter, fundadora y presidenta del Bangladesh Centre for Worker Solidarity (BCWS), una organización que lucha por los derechos de los cuatro millones de trabajadores en las fábricas textiles del país asiático que venden hilos o productos terminados a las grandes marcas internacionales.

Kalpona comenzó a trabajar en la fábrica a los 12 años, durante 16 horas al día. A veces también fue golpeada, le cuenta hoy a la agencia ‘Dire’. «Mi madre siempre me decía: si ocurren injusticias, siempre existe la posibilidad de que alguien se levante y las denuncie. Así que me dije a mí misma: ‘¿Por qué no ser yo ese alguien?’»

Así que decidió fundar un sindicato interno en su fábrica y por ello fue despedida de inmediato. «No deberían haberlo hecho», dijo unos años más tarde, explicando que el despido la llevó a crear el BCWS que, en colaboración con entidades hermanas, reclama los derechos de los trabajadores a nivel mundial. Akter explicó a ‘Dire’ cuales son las condiciones en Bangladesh hoy en día: «el salario mínimo sigue siendo de $84, la mitad de lo que se reclamaba. Esto dificulta la supervivencia, especialmente para las mujeres con

hijos. Los lugares de trabajo a menudo no están regulados normativamente, los trabajadores entonces no son libres de establecer sindicatos o de registrarse y participar activamente. Quienes lo intentan, arriesgan presiones, abusos e incluso ir a prisión.” Akter misma pasó un período en prisión debido a su trabajo.

Según un exportador del sector textil, Bangladesh ha desarrollado recientemente leyes que deberían mejorar la condición de los trabajadores. Akter denuncia, sin embargo, que estas reglas «no se respetan debido a la corrupción y los estrechos vínculos entre los propietarios de las fábricas y el gobierno. En el Parlamento, un tercio de los diputados provienen del mundo empresarial.»

Entre los objetivos alcanzados se incluye la adhesión de Bangladesh al Acuerdo de Seguridad contra Incendios y Construcción firmado después del colapso de Rana Plaza, una fábrica de varios pisos donde murieron alrededor de 1,100 personas. Fue gracias a la fuerte presión internacional que este acuerdo vio la luz, permitiendo cumplir con inspecciones y monitoreo de acuerdo con estándares altos e independientes.

Sin embargo, la Corte Suprema de Dhaka en 2018 emitió una orden de restricción, paralizando la implementación del acuerdo. Hoy mismo se esperaba la decisión sobre el futuro de este instrumento, pero se pospuso nuevamente, hasta el 19 de mayo. «La incertidumbre sobre el futuro del acuerdo, combinada con la feroz represión de las recientes protestas salariales, anula todos los esfuerzos realizados en los últimos cinco años y medio», así denunció a ‘Dire’, Deborah Lucchetti, coordinadora de la Campaña Ropa Limpia, quien durante el fin de semana fue invitada con Akter al Festival de Comercio Justo y Economía Solidaria promovido por Terra Equa en Bolonia.

«Para evitar desastres como el de Rana Plaza – agrega Lucchetti – se necesitan fábricas debidamente inspeccionadas. El gobierno de Bangladesh tiene el deber de proteger a sus ciudadanos, al igual que las marcas internacionales tienen la responsabilidad de garantizar a los consumidores que sus productos son de fábricas seguras, al firmar y garantizar el mantenimiento del acuerdo.»

Traducción del italiano por Michelle Oviedo