Por Alicia Muñoz

El acuerdo se encuentra en cuidados intensivos.

Tras la objeción por inconveniencia de seis artículos de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) presentados el pasado 10 de marzo por el presidente Iván Duque, los colombianos quedamos con muchas incógnitas, pues esto significa una fractura a la columna vertebral del Acuerdo de Paz firmado en la Habana, Cuba en el 2016.

Queda abierta la pregunta más importante ¿volverán las FARC a armase?

Hay que tener en cuenta que por años Colombia ha estado en conflicto ya sea por guerrillas, corrupción, narcotráfico o violencia informal. Es una historia que se repite año tras año, sin embargo, con el Acuerdo muchos teníamos la esperanza que parte de la guerra se acabara, pues las FARC significaron muchas muertes, desplazamiento forzado de campesinos, narcotráfico, secuestro, entre otros escenarios que quedaran marcados en la memoria del país.

Es coherente pensar que merecen ser tratados con dureza jurídica, pero en el mundo no ha habido un Acuerdo de Paz que haya sido firmado sin algo a cambio; además se tiene que tener en cuenta aquellos tratados internacionales como el Estatuto de Roma firmado y ratificado por Colombia, que funciona como herramienta constitutiva de la Corte Penal Internacional. En este caso en particular se creó una ley transicional que permite la participación en política y ser tratados judicialmente diferentes de los civiles a los cuales nos compete una jurisdicción ordinaria.

La ley especial fue nombrada JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).

Tiene tres componentes: la Comisión de la Verdad, Unidad de búsqueda y Jurisdicción. Su principal propósito es ofrecer la verdad, reconocer y defender los derechos de las víctimas, para así poder construir una paz duradera. Esta a su vez tiene una vigencia de 20 años, periodo en el que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tienen por obligación que presentarse ante los tribunales especiales y declarar los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 y si llegasen a incumplir el Acuerdo luego de esta fecha, serán encarcelados y judicializados como cualquier civil, tal como ocurrió con el conocido caso de Santrich.

Jesús Santrich fue uno de los líderes guerrilleros que estuvo en la negociación de paz, no obstante en noviembre de 2017 la DEA presentó audios y fotos que lo implicaban en la venta de diez toneladas de cocaína al cartel de Sinaloa de México, durante un seguimiento que estaba haciendo el CTI a Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez, uno de los principales líderes de las FARC). Este suceso causó gran polémica pues la Jurisdicción Especial para la Paz estaba perdiendo credibilidad.

Santrich fue llevado a la cárcel La Picota de Bogotá y allí esperaba la extradición a Estados Unidos. El ex líder guerrillero empezó una huelga de hambre que duró 41 días, con el fin de expresar su rechazó a los cargos impuestos y la extradición, la cual fue suspendida días después que la JEP detuviera el proceso. Fue examinado por los médicos en el hospital el Tunal de la capital y luego llevado a una instalación religiosa donde era vigilado por el Inpec (instituto nacional penitenciario y carcelario), pero por el desacuerdo de muchos colombianos y entes de justicia fue regresado posteriormente al centro penitenciario inicial, donde se encuentra actualmente.

Este episodio ha causado muchos puntos de vista en el país, pues hace pocos días se dio a conocer unos videos en los que un fiscal de apoyo segundo de la unidad de investigación y jurisdicción de la JEP, estaba siendo sobornado supuestamente para evitar el envió a Estados Unidos del líder guerrillero.

Según la fiscalía, Carlos Bermeo quiso participar a cambio de quinientos mil dólares. Pero justo en este punto es donde se presentan muchas incógnitas e inconsistencias; se presume frente a esta eventualidad que fue un montaje para entorpecer el proceso ya que el Presidente estaba por firmar u objetar la ley.

Al ser un fiscal de apoyo, no tenía la competencia para interferir en el proceso, y resulta sospechoso pensar que la entrega del dinero se hizo por medio del ex senador Luis Alberto Gil Castillo condenado en el 2012 por la Corte Suprema de Justicia, que lo vinculaba con grupos paramilitares. Cabe resaltar que las FARC y los paramilitares son grupos con ideales totalmente diferentes pues Gil era participe de una agrupación con inclinación extrema hacia la derecha y el principal objetivo de esta es combatir las guerrillas de izquierda.

Hasta ahora la fiscalía no ha entregado pruebas contundentes de que esa haya sido la razón del soborno, además no debería estar infiriendo y vulnerando la autonomía de una jurisdicción de rango constitucional como lo expresa la Corte en la sentencia C-080. Hay que tener en cuenta que algunos colombianos hemos perdido la confianza en la Fiscalía de la Nación pues el fiscal general Néstor Humberto Martínez está siendo investigado por las contrataciones de Odebrecht y hasta el momento el tema ha quedado tras bambalinas, sin contar que fue uno de los principales promotores a la objeción de la ley.

El tema es incierto pero el riesgo para la paz es muy grande, tal como lo menciona Juanita Goebertus representante en la Cámara del Partido Verde en una entrevista hecha por Caracol televisión. Menciona que por primera vez un Presidente no respeta la decisión de la Corte Constitucional sino que la objeta, dejando a trece mil guerrilleros desmovilizados sin saber qué pasará. Con esta decisión se cambiaron las reglas, provocando el peligro de que los ex combatientes decidan salirse del Acuerdo, porque el gobierno de turno no está respetándolo y a su vez está pasando por encima de la Constitución de Colombia, que es la carta suprema.

El Acuerdo se va a retrasar al menos ocho meses a un año. La ley será evaluada por el Congreso y allí se decidirá por medio de votos si éste es competente o no, de lo contrario se debe trasferir a la Corte Constitucional que ya había fallado a favor. En este escenario el Presidente por obligación deberá firmarla. Por otro lado si el Congreso determina que es un órgano competente para tal decisión, se nombrarán unos representantes del Senado y Cámara para que cada instancia haga un informe de insistencia y decida si se debe objetar o sancionar.

El país se encuentra polarizado así como sucedió en el Plebiscito por la Paz que se realizó en el año 2016 en el que ganó el no al Acuerdo de Paz, sin embargo se llegó a una renegociación para poder ser firmado. Uno de los cambios fue la participación voluntaria de militares y civiles, se estipularon penas de 5 a 8 años de prisión para aquellos que se acojan al Acuerdo, digan la verdad y hagan entrega de bienes y recursos para la reparación de las víctimas. Esta jurisdicción busca juzgar principalmente a los cabecillas para que confiesen y paguen por sus delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Pero ¿qué pasaría si el gobierno consigue finalmente cambiar los artículos? Esta incógnita se presenta porque los que están de acuerdo con la objeción son principalmente del partido del Centro Democrático fundado por el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez y actualmente senador del mismo, quien por su popularidad llevo a Iván Duque a la presidencia, y fue el principal opositor del Plebiscito. Su liderazgo, a pesar de que para muchos compatriotas resulta negativo, tiene muchos seguidores, no obstante de que esté siendo investigado por falsos positivos, paramilitarismo y otros delitos graves.

La Presidenta de la jurisdicción, Patricia Linares, dijo a los medios de comunicación que la JEP seguirá funcionando como viene hasta el momento.

Muchos colombianos queremos que haya una lucha contra la impunidad y a favor de las víctimas. Es por eso que confiamos en la JEP que da como garante justica, verdad, reparación y no repetición, para acabar con una guerra de más de 50 años y ser ejemplo para muchos países en conflicto.

Quedamos a la espera de lo que suceda y anhelamos que de fruto el Acuerdo, para que por fin se le dé cumplimiento a cabalidad y se pueda llegar también a un dialogo con el ELN (Ejército de Liberación Nacional).