La encuesta nos dice que la población chilena prefiere, en más de un 80%, la propiedad estatal de los servicios de utilidad pública, como el agua, el gas y la luz, al contrario de la preferencia de los parlamentarios, a quienes sólo en un 46% los convence la propiedad estatal. Respecto del sistema de pensiones, sólo un 39% de los parlamentarios cree que debería ser totalmente estatal, cifra que se eleva al 81% en la encuesta a la población. Diferencia similar se presenta también respecto de la salud.

Una reciente encuesta de la Universidad Diego Portales (UDP) demuestra, con cifras contundentes, que los parlamentarios se encuentran más cercanos ideológicamente al empresariado que a la ciudadanía (“Congresistas y opinión pública; Liberalismo económico y social”, Criteria – labcon UDP, marzo 2019). Un nuevo antecedente de la escasa representación política del Parlamento en nuestro país.

La encuesta nos dice que la población prefiere, en más de un 80%, la propiedad estatal de los servicios de utilidad pública, como el agua, el gas y la luz, al contrario de la preferencia de los parlamentarios, a quienes sólo en un 46% los convence la propiedad estatal. Respecto del sistema de pensiones, sólo un 39% de los parlamentarios cree que debería ser totalmente estatal, cifra que se eleva al 81% en la encuesta a la población. Diferencia similar se presenta también respecto de la salud.

La encuesta es oportuna ya que en los primeros días de enero se elevó la tarifa del Tag, en un porcentaje muy superior a la inflación. Esto viene sucediendo año tras año, como consecuencia de un Estado que apoya a las empresas por sobre la ciudadanía. Primero, hace veinte años suscribió pésimos contratos y, ahora, frente a los reclamos de los usuarios, opta por la indolencia y es incapaz de modificarlos.  En suma, jugosas ganancias para las empresas concesionadas.

En el mes de marzo hemos sido víctimas de la imposición de “medidores inteligentes” de electricidad por parte de ENEL. Aunque esta nueva tecnología es propiedad de la empresa, se obliga a los usuarios a pagarlos con el aumento de las tarifas. Frente al reclamo ciudadano, la empresa dice que sólo aplican una ley, aprobada el año pasado. Curiosamente, muchos parlamentarios dicen no haber leído la ley que ellos mismos aprobaron, mientras el gobierno anterior se hace el leso y el actual justifica la expoliación a los clientes. La empresa se embolsará, mil millones de dólares adicionales por este nuevo abuso contra la familia chilena.

Lo sucedido recientemente con el Tag y los “medidores inteligentes”, junto a la encuesta de la UDP, ponen de manifiesto el vacío existente entre lo que desea la ciudadanía y lo que piensan los parlamentarios chilenos.

Los ciudadanos quieren que terminen los abusos, los que se repiten cotidianamente. Las AFP ofrecen el cielo a los pensionados y los condenan al infierno. Las ISAPRES desprecian a los ancianos y mujeres embarazadas y sus contratos son mentirosos: siempre existe alguna trampa a la hora de pagar en las clínicas.

Las empresas telefónicas, de agua, gas y electricidad, en poder del sector privado, no cumplen con los contratos, violan la privacidad de nuestros datos, nos acosan mañana, tarde y noche. Sus operadores “externalizados” nos llaman de distintos países para molestarnos y esquilmarnos. Y, el Estado no nos defiende, colocándose del lado de las empresas.

Por ello la ciudadanía está cansada de las ISAPRES, de las AFP y de las empresas privadas que manejan los servicios de utilidad pública. Arbitrariedades, nula transparencia y elevadas tarifas que acumulan ganancias en favor de empresas privadas, a costa de usuarios indefensos.

La ciudanía, según la encuesta de la UDP, busca en el Estado algún grado de protección frente al capitalismo de los abusos que sufrimos. Pero, la mayoría parlamentaria, en vez de acercarse a esas demandas de la población, se separa de ellas. Prefiere al sector privado para el manejo de los servicios de utilidad pública, así como para la administración de la salud y las pensiones. Resulta explicable, entonces, el controvertido pago de campañas parlamentarias, así como la instalación de algunos connotados políticos en los directorios de grandes empresas.

Es curioso constatar que, en la denominada “economía de mercado”, valorada por la inmensa mayoría de economistas y políticos chilenos, no existe la prescindencia estatal. El Estado, con sus principales instituciones, se ha colocado del lado de los grupos empresariales. Por ello la mayoría ciudadana no se siente representada por el Parlamento