Al cumplirse justo un mes del reinicio del diálogo nacional gobierno-oposición, la necesidad de la paz resquebrajada por la crisis sociopolítica iniciada a mediados de abril de 2018, se acrecienta en Nicaragua.
La premisa fundamental del diálogo, cuya segunda etapa comenzó el 27 de febrero, fue no reeditar los vicios que lastraron la primera oportunidad de las pláticas, en el período mayo-julio del año anterior.
Por eso la actual convocatoria se realiza a puertas cerradas, con delegaciones más reducidas y sin cámaras de televisión.
Otro factor que condicionó el fracaso de la primera mesa de negociaciones fue sin lugar a dudas, el hecho de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) confundió a todas luces su papel de mediadora, y pareció ser una extensión de la parte opositora.
Ya en sus primeras jornadas el Encuentro consensuó una hoja de ruta, contentiva de las reglas o normativas rectoras de la negociación en 16 puntos.
El Protocolo Final de la agenda estipuló que al finalizar las negociaciones todos los compromisos que hayan sido consensuados y comunicados serán recopilados en un acuerdo final general, el cual deberá ser revisado y firmado por ambas partes.
Más adelante le llegó el turno a la agenda de negociación propiamente dicha, que recogió los cinco aspectos principales sobre los que versarían las conversaciones en lo adelante.
Fortalecimiento de las instituciones electorales, más reformas en ese mismo campo de la vida política del país, justicia y reparación, revisión de expedientes para la posterior liberación de los detenidos relacionados con el intento de golpe de estado de abril de 2018, sin que ello conllevare a la impunidad, fueron de los acápites pactados.
También consideraron la realización de gestiones en el exterior a fin de lograr apoyo para la implementación de los acuerdos finales de las negociaciones y un pedido a la comunidad internacional a suspender toda sanción que afecte al pueblo nicaragüense.
El último punto negociado se refirió a la implementación y cumplimiento de los acuerdos.
Los otros actores del diálogo
A la jornada de instalación de la mesa actual acudieron, además de las partes en conflicto, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la CEN, y el nuncio apostólico de Su Santidad, monseñor Stanislaw Waldemar Sommertag.
El cardenal, acabado de llegar de Roma, llamó a los protagonistas de la mesa a no escatimar esfuerzo alguno para encontrar solución al conflicto, mientras el nuncio les expresó su confianza en que la generosidad patriótica de los negociadores condujera a gestos de paz y reconciliación.
El 8 de marzo los obispos nicaragüenses rechazaron la invitación de la mesa de negociaciones, tras alegar que eran los laicos quienes debían asumir directamente la responsabilidad de gestionar en este momento las cosas temporales de la nación.
Aquí sería bueno abrir un paréntesis para replicar un reciente enunciado del diario Faro de Roma que desde la capital italiana, realizó una severa crítica a la jerarquía católica nicaragüense.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua puso en riesgo el proceso de paz al declarar que no aceptaba la invitación a asumir el papel de testigo y acompañante en el diálogo entre el gobierno y el cartel de la oposición, comentó la publicación.
Recordó el cotidiano que a continuación del anuncio de los prelados hubo un estancamiento en las negociaciones (el primer impasse) como resultado del cual la parte opositora pidió un fin de semana de reflexión, para reconsiderar también su propia participación en la mesa.
El riesgo de que la mesa fallara por segunda ocasión no fue tenido en cuenta por el Episcopado nicaragüense, asegura el Faro de Roma, que comparó tal actuación con la de su par venezolano, el cual, dice, ‘sigue siendo la expresión de la oligarquía local, en defensa de los privilegios de unos pocos’.
En contraposición a sus colegas en la fe católica el nuncio ha continuado su participación en el diálogo, revestido por su designación oficial como testigo y acompañante internacional.
Incluso el obispo de nacionalidad polaca debió salirle al paso a ciertos medios de comunicación nicaragüenses, al condenar públicamente lo que consideró una manipulación de su papel en la mesa de negociación, por parte de quienes parcializaron su posición y negaron los resultados de su mediación.
Otro complemento entre las partes lo desempeña la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a partir de la solicitud del Ejecutivo encabezado por Daniel Ortega de que su enviado especial para Nicaragua, Luis Ángel Rosadilla, analizara desde el 11 de marzo con los actores protagonistas del Encuentro por el Entendimiento y la Negociación por la Paz la eventual participación de ese órgano en la mesa del diálogo.
Una negociación torpedeada
Analistas comentan que el pretexto para las protestas que originaron la crisis en abril pasado, las reformas al Seguro Social, de inmediato quedó en el olvido, porque la intención declarada de sus protagonistas era el derrocamiento del gobierno.
Entonces no es de extrañar que cuando a mediados de marzo el Ejecutivo dio un primer paso y decretó la liberación de medio centenar de presos por los sucesos de abril-julio del año anterior, la oposición respondiera con la convocatoria a una marcha en reclamo de más excarcelaciones, el sábado 16 de marzo.
En lo que finalmente, a pesar de no contar con la autorizaciónde las autoridades competentes, resultó un show mediático de pésima factura, llegaron a participar hasta miembros del equipo negociador de la Alianza Cívica.
Lo anterior provocó un segundo impasse en las negociaciones a comienzos de la semana siguiente, cuando la parte opositora se ausentó de manera unilateral de la mesa de negociaciones.
Tras la vuelta al diálogo los días 21 y 22 pasados las partes lograron destrabar las negociaciones con un acuerdo consensuado que prevé la liberación en un plazo de 90 días de las personas presas y detenidas ‘en el contexto los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, de conformidad al ordenamiento jurídico del país’.
Proceso para el cual las partes solicitaron el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Pero la derecha opositora pide más, siempre pide más, y por encima de lo pactado por sus propios representantes en la mesa, el pasado fin de semana volvióa la carga con las exigencias.
Ahora demanda acortar al mínimo el plazo de los tres meses pautado por los equipos negociadores y en consecuencia montaron otro show, la llamada protesta express del sábado 23 de marzo, pequeños piquetes en puntos claves de la capital con su respectiva amplificación mediática.
En medio de tales avatares este jueves 28 se cumple el plazo fijado por la Hoja de Ruta del diálogo, aprobada por las partes al comienzo de las pláticas como fecha límite de las negociaciones.
Mientras tanto, el camino de la paz sigue siendo el único viable para que Nicaragua supere una crisis sociopolítica que transita ya por su duodécimo mes.
*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Nicaragua.
