En la tarde de ayer el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla presentó un informe en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la República Argentina. Su investigación tiene relación con un extorsionador que asegura ser agente de la DEA estadounidense, de tener contacto con las agencias de inteligencia de Estados Unidos y responder a la Embajada de este país en la Argentina.
El falso abogado fue detenido y al analizar sus teléfonos y computadores se desprenden comunicaciones con fiscales, jueces y diputados. Su trabajo para doblegar testigos que declarasen contra funcionarios del anterior gobierno argentino ha quedado explicitado.
Las causas judiciales que más impacto han tenido en la opinión pública argentina en los últimos años están relacionadas con el armado de cámaras ocultas, extorsiones y declaraciones fraguadas por este agente inorgánico de los servicios de inteligencia estadounidenses, contra funcionarios del más alto rango en el país.
A través de denuncias en los principales medios de comunicación por periodistas cómplices de las extorsiones se construyeron estas denuncias judiciales con la connivencia de diputados que otorgaron inmunidad al acusado Marcelo D’Alessio.
En poder del extorsionador se encontraron archivos sensibles de empresarios y periodistas, los cuales eran víctimas de sus actos delictivos, pero lo que es más relevante es que cuenta con la complicidad de jueces y fiscales, con los que hacía negocios millonarios con el dinero que le sacaba a los denunciados para que no fueran enviados a prisión.
La Argentina está consternada por este nivel de bandolerismo judicial, por la desnudez en la que han quedado los medios de comunicación masivos como armas de los Estados Unidos para destruir a gobiernos populares y a empresarios argentinos, para favorecer la llegada de las empresas transnacionales y que se adueñen de los recursos naturales.
