España: las derechas neoliberales, la autodeterminación y los presupuestos del gobierno del PSOE

Para explicar la situación actual, Navarro se remonta a los orígenes del régimen vigente y al complejo proceso de cambio político que se produjo tras la crisis del franquismo. Hay que celebrar que el autor destaque el papel de las movilizaciones populares, especialmente del movimiento obrero, en dicha crisis y en la precipitación de la relativa democratización política. Se trata de una tesis consolidada en la historiografía, pero a la que son completamente ajenos, no solamente los amanuenses del régimen —por motivos obvios—, sino también muchos comentaristas pretendidamente de izquierda, pero tan inmunes como aquéllos a todo los hechos que no encajan en sus esquemas preconcebidos. No obstante, Navarro constata que “las instituciones del Estado que canalizaron el cambio estaban dominadas por los sucesores del régimen, y estos tuvieron el poder para poder configurar el contexto dentro del cual se ejercía la vida política”, lo que tuvo como resultado, entre otras características, “la permanencia de la visión uninacional del Estado central con una dimensión represiva muy acentuada y un compromiso social muy limitado”. Por su naturaleza contrafáctica y especulativa, es objeto de controversia historiográfica y política si las decisiones adoptadas por las fuerzas mayoritarias antifranquistas de izquierda durante los años finales del franquismo fueron las mejores para la implantación de una democracia que superara las prácticas heredadas de la dictadura o, por el contrario, contribuyeron a legitimar un sistema político de baja calidad democrática con enormes elementos de continuidad con el franquismo, empezando por la jefatura del estado. En cualquier caso, son hechos constatados que, al menos desde 1974, el PCE impuso en las CCOO una política tendente a la contención de las movilizaciones obreras, que debían servir como fuerza de presión, mediante movilizaciones puntuales, en la negociación con los gobiernos de la monarquía reinstaurada, pero no de agente autónomo para provocar la caída del régimen.

Como apuntó el historiador Josep Fontana (La construcció de la identitat: reflexions sobre el passat i sobre el present, Barcelona: Base, 2005), los partidos de izquierda, a cambio de su legalización o de quedar en mejor posición para las primeras elecciones pluripartidistas tras la dictadura (de 15 de junio de 1977), realizaron concesiones a la elite política franquista que prolongaron elementos esenciales del régimen, como la monarquía, el mantenimiento del aparato militar, policial y judicial heredado de la dictadura, la renuncia al reconocimiento del derecho de autodeterminación de las colectividades nacionales sin estado o la rebaja del salario real como condición económica para la democracia política. Si bien una de las principales armas negociadoras de la derecha —y de los argumentos más manidos por la izquierda mayoritaria, para justificar sus claudicaciones— fue el espantajo de un golpe de estado de carácter involucionista, lo cierto es que las posibilidades de consolidación a largo plazo de un sistema político dictatorial eran escasas.

Fuera como fuese, lo cierto es que la Ley 46/1977, de 15 de octubre, “de amnistía”, obtuvo los votos favorables de los diputados del PSOE, Socialistes de Catalunya y el PCE-PSUC. Se trata de la primera de las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de junio y que, en la práctica, ha revestido un carácter factualmente más constituyente que muchos preceptos de la Constitución de 1978 y que afectaba a los “delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas” (art. 2.e). Por mucho que se alegue que dicha ley sirvió para la excarcelación de los presos antifranquistas, lo cierto es que la mayoría de éstos ya estaban en la calle cuando la ley se aprobó y que no serviría para que algunos de los que aún lo estaban (independentistas canarios, militantes de grupos maoístas varios, etc.) salieran. De modo que la aprobación de una ley específica no era condición necesaria ni suficiente para la liberación de los presos antifranquistas. Por lo demás, la sanción legal de la impunidad de los agentes de la represión franquista es contraria a los tratados internacionales y, como apuntara hace más de cincuenta años el prestigioso penalista español Luis Jiménez de Asúa, la moderna doctrina niega el carácter de delitos políticos a los “crímenes de estado” (Tratado de derecho penal, Buenos Aires: Losada, 1958, III, p. 213). La reiterada negativa de los dos principales partidos españoles a reformar la Ley para corregir este aspecto permite que torturadores franquistas (Antonio González Pacheco Billy el Niño es un caso conocido) o secuestradores de recién nacidos en el franquismo se paseen aún por la calle impunemente. Igualmente, es un hecho que la izquierda institucional española asumió una Constitución que, entre muchas otras aberraciones reaccionarias, establece como fundamento de y condición para la democracia la unidad territorial del Estado (art. 2) y en cuya redacción intervino directamente la cúpula militar. Con ello, dicha izquierda asumió también las premisas fundamentales del nacionalismo político español.

En cualquier caso, y al margen de cómo se analicen y valoren las decisiones tomadas por los partidos de izquierda durante el proceso de cambio de régimen político, entre 1982 y la actualidad el PSOE ha gobernado en España nada menos que seis legislaturas y media (por tres y media del PP) y es sabido que todo marco constitucional admite interpretaciones muy variadas, de modo que si el PSOE ha optado durante todos estos años por las más vinculadas al unitarismo nacional y al neoliberalismo, ello tiene más que ver con sus preferencias políticas que con el diseño del sistema político prefigurado en 1978. En realidad, el propio PSOE —que, incomprensiblemente, Navarro califica de “motor del cambio”— consideró que la propia Constitución era un freno a su proyecto neoliberal deudocrático e impulsó, en 2011, una reforma exprés de la ley fundamental para dar “prioridad absoluta” al pago de la deuda de las administraciones públicas.

“El procés” y la derecha

Navarro niega que la opción independentista represente a “la mayoría del electorado o de la población catalana”. Se trata de una afirmación gratuita, porque no sabemos cuáles son las preferencias de la ciudadanía catalana al respecto, por la simple razón de que toda vez no se ha podido pronunciar en un referéndum de autodeterminación sin prohibiciones por parte de órganos estatales y con carácter verdaderamente vinculante, de modo que incentive la participación de los ciudadanos contrarios a la independencia. De ahí, por cierto, la ininterrumpida movilización de una gran parte de la población catalana desde hace poco menos de una década, con las manifestaciones más masivas de toda Europa, para ejercer el derecho a la autodeterminación para que, ¡por fin!, pueda saberse cual es la opinión de esta población. Si a lo que Navarro se refiere es a que, en las últimas elecciones al Parlament —convocadas después de que el gobierno de Mariano Rajoy usurpara el gobierno de la Generalitat—, el porcentaje obtenido por las tres candidaturas independentistas (JxCat, ERC y CUP) fue inferior al 50 %, lo máximo que puede concluir es que la mayoría independentista es relativa, porque el 47,5 % de los votos obtenidos por dichas candidaturas es superior al porcentaje de la suma de las tres candidaturas abiertamente unionistas: Ciutadans, PSC y PP (43,47 %). La clave está en el 7,46 % de votos obtenidos por Catalunya en Comú-Podem, que eludió cuidadosamente tomar posición al respecto y se encuentra en una situación de franca división en este asunto, porque, como dice el propio Navarro, es un espacio que se define como soberanista, pero que carece de posición unitaria sobre si dicha soberanía debe ejercerse en la constitución de un estado independiente o en otras formas. La cuestión nacional es, pues, un tema espinoso para este espacio político y la principal causa de las frecuentes crisis de algunas de las organizaciones que lo componen, especialmente de Podem, que ha tenido cuatro secretarios generales en cuatro años. Probablemente sean las dificultades que supone esta cuestión a su espacio político lo que llevan a Navarro a afirmaciones poco reflexivas como que el independentismo “ha sido el mayor aliado de las derechas españolas”. El supuesto implícito en esta afirmación es que el ejercicio del derecho de autodeterminación —que se deriva del “soberanismo”, que dice defender, y no sólo del independentismo— alimenta a la derecha. Si existe un nacionalismo español sociológico en el resto del Estado y en la propia Cataluña, algo tendrá que ver la posición de las izquierdas mayoritarias, que lo han asumido y naturalizado, lo que nos remite a la complicidad de éstas con el marco constitucional español, al que el propio Navarro alude como origen del conflicto. Precisamente la propia formulación de esta crítica demuestra la asunción de los esquemas del nacionalismo español, ya que a nadie dentro de la izquierda se le ocurriría espetar que la adopción de medidas encaminadas a la igualdad de género fomentan las reacciones machistas. En realidad, como apuntan los estudiosos de los movimientos sociales, una de las consecuencias habituales del activismo de éstos es la emergencia de movilizaciones reactivas de signo contrario por parte de los grupos privilegiados (Sidney Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid: Alianza, 1997, p. 267). Y una de las bondades del proceso actual es haber visibilizado una realidad latente pero que se expresaba muy limitadamente, porque las relaciones de dominación vigentes no se cuestionaban de manera tan masiva como actualmente en Cataluña. Y es que el carácter represivo y la tolerancia respecto a la extrema derecha ha sido una constante en la historia del régimen de la monarquía reinstaurada, pero ahora le ha caído la careta. Y uno de los objetivos de todo movimiento rupturista es visibilizar el carácter represivo del régimen vigente.

En realidad, la derecha económica catalana se ha pronunciado muy claramente en contra de la independencia, como demuestra el traslado a fuera de Cataluña de las sedes sociales de 2.471 empresas entre el 5 de octubre y el 14 de noviembre de 2017 (entre ellas, seis de les siete empresas catalanas que cotizan en el Ibex-35). Y el 4 de octubre, el Círculo de Economía emitió un comunicado en que instaba al president de la Generalitat a convocar elecciones al Parlament y advertía de “consecuencias graves” en caso de que hubiera una declaración de independencia. Y lo mismo hizo Artur Mas (igual que Ada Colau, lo cual, aplicando la lógica binaria de Navarro a que ahora nos referiremos, tendría que llevar a afirmar la existencia de una “alianza” entre ambos).

La “actitud obsesiva” con los presupuestos

Ante las dificultades que supone la cuestión nacional para el espacio de los “comunes”, Navarro pretende escurrir el bulto apelando a la cuestión social, pero todo lo que tiene en este ámbito es el fallido proyecto de presupuestos del PSOE pactado con Unidos Podemos. No obstante, la épica descripción del Proyecto (“significaba un cambio muy sustancial en la política económica y social del Estado”, “por primera vez, se revertía la orientación neoliberal del presupuesto del Estado”) no se compadece con la realidad de éste. Y es que se trataba de un proyecto de presupuestos con un aumento muy migrado del gasto social (el aumento de las partidas sociales sobre el total del presupuesto tan sólo subía del 55,5 % de 2018 al 57,3 y, en términos de porcentaje sobre el PIB, eran menores que las de las cuentas de 2012, 2013, 2014 y 2015) y que no iba acompañado de medidas sociales básicas como la derogación (al menos) de la contrarreforma laboral de 2012, una reforma fiscal que supere el tratamiento privilegiado (de un 22 % menos) de las rentas especulativas (y que supere el raquítico aumento del 2 % de IRPF para las rentas de trabajo superiores a los 130.000 euros). Este muy mediático pero poco más que simbólico aumento del 2 % de IRPF supondría un tipo del 47 %. Para poner las cosas en proporción: con gobiernos derechistas del PP, entre 2011 y 2013, el tipo marginal máximo ascendió hasta el 56 %, según la comunidad autónoma y para rentas por encima de 175.000 y 300.000 euros, esto es, 7 puntos más de lo que propone aumentar el gobierno del PSOE. Con Fernández Ordóñez, con un gobierno de la UCD, llegó a ser del 65,5 %. Todo ello suponía un chantaje escasamente disimulado a las fuerzas de izquierda consistente en condicionar la escuálida reforma fiscal a la aprobación de las cuentas.

Los presupuestos del PSOE eran un cambio con respecto a los del PP, pero ello no es ningún mérito especial, cualquier presupuesto se hubiera podido presentar como “mejor”. Nadie puede exigir al PSOE, monárquico convencido, que sea partidario de la libertad republicana, pero para los que sí somos partidarios de esta milenaria concepción de la libertad, estos presupuestos, además de lo dicho, son de una insuficiencia insultante para alguien que quiera hacerlos pasar como “giro social” o palabras parecidas. Que el PSOE no sea partidario de una renta básica incondicional que garantice la existencia material de toda la población forma parte de su concepción de las cosas, pero que en los presupuestos se propusiera incrementar el importe de la ayuda a menores de familias de bajos ingresos en 321 millones de euros, que el propio gobierno calculaba que sacaría de la pobreza severa (que no de la pobreza) a 82.000 menores ya es algo mucho más directamente criticable por ridículo. Que el PSOE no sea partidario de una renta máxima que imposibilite que los grandes poderes privados impongan su voluntad a la inmensa mayoría de la población no rica forma parte de su concepción de las cosas, pero que propusiera en los presupuestos el mencionado aumento del 2 % a las rentas superiores a 130.000 euros anuales es claramente criticable por ridículo. Y que estos presupuestos merezcan a nuestro autor la caracterización de “un cambio muy sustancial en la política económica y social del Estado” no reflejan más que una consideración extremadamente raquítica de lo que significa “cambio sustancial” referido al caso.

Pero la política económica del PSOE, completamente obediente a los dictados de las exigencias de la gran banca privada europea y de sus gobernantes, empezó mostrando sus nada ambiguas preferencias en mayo de 2010, cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero decretó, entre otras nada ambiguas medidas, las siguientes: reducción en un 5 % de los salarios de los funcionarios públicos; congelación de las pensiones (con la excepción de las no contributivas y mínimas); eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial; restricción de las dosis de los medicamentos en la sanidad pública; eliminación de la retroactividad en el cobro de las prestaciones de la Ley de dependencia; recorte en 600 millones de euros de la ayuda a los países en desarrollo; reducción en 6.000 millones de la inversión pública en infraestructuras, y, por acabar en algún sitio, recorte de 1.500 millones en el gasto público de las administraciones autonómicas y municipales. Eso sí fue un programa claro, que el PP radicalizó poco después.

Navarro presenta la aprobación de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de ley de presupuestos como el producto de una “alianza de las derechas uninacionalistas neoliberales y reaccionarias” con “los partidos secesionistas”. No sabemos si Navarro también incluye en esa alianza a la diputada de En Comú-Podem Marta Sibina, que también votó a favor de las enmiendas a la totalidad, en protesta por el bloqueo impuesto por el gobierno español al barco Open Arms, o si considera que Podemos y sus confluencias formaron otra “alianza” con el PP cuando votaron en contra de la investidura de Pedro Sánchez acordada con Ciudadanos. Asimismo, Navarro omite que la posición de los partidos independentistas es indisociable de la negativa del gobierno español a instar a la Fiscalía y la Abogacía del Estado a que retiraran los cargos de “rebelión” y “sedición”, respectivamente. Por lo demás, Navarro se inventa una “alianza que echó a Rajoy del gobierno”, cuando lo único que hubo fue una política del mal menor de los partidos independentistas consistente en votar a favor de la moción de censura a cambio de nada. Y es que si a menudo se ha argumentado que la autodeterminación catalana vendría de la mano de la constitución de un gobierno de izquierda a escala española, la experiencia de los últimos meses no sólo desmiente eso (“Ni podemos ni queremos debatir la autodeterrminación”, en palabras recientes y poco ambiguas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero), sino incluso que el clima político imperante en España imposibilita que un gobierno supuestamente progresista aclare a su fiscalía y su abogacía que las manifestaciones pacíficas y los referenda no son constitutivos de sedición ni de rebelión alguna. Y en el ámbito de las libertades públicas, el gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera ha sido capaz, no ya de derogar, sino ni siquiera de reformar la Ley de seguridad ciudadana.

Probablemente, la mejor síntesis del brete en que se han encontrado los “comunes” durante las últimas semanas proviene de sus propias filas. En efecto, la ex portavoz del grupo parlamentario de Catalunya en Comú-Podem Elisenda Alamany, al marcharse del grupo por las contradicciones de éste entre el soberanismo que dice profesar y su práctica concreta, puso el dedo en la llaga al señalar que “mientras juzgan al gobierno de nuestro país, mientras líderes políticos y sociales son acusados en el Tribunal Supremo por poner urnas, el principal mensaje y obsesión de Cataluña en Comú ha sido defender la aprobación del presupuesto del PSOE”, una “actitud obsesiva que contrastaba con un PSOE pasivo con la aprobación del presupuesto del Estado” y que ha llevado a que los comunes actuaran “de muleta de un partido socialista que ha sido incapaz de hacer gesto alguno para una solución democrática entre Cataluña y España, para rebajar la presión de la represión o por el diálogo”.

Recortes “con sensibilidad social”

En su afán por defender las posiciones de Catalunya en Comú-Podem, Navarro afirma que los gobiernos formados en Cataluña por PSC, ERC y ICV-EUiA han sido los que han mostrado “mayor sensibilidad social durante el período democrático”. Al parecer, se le olvida que el gobierno presidido por José Montilla (PSC) impulsó la rebaja del Impuesto de sucesiones a los patrimonios de hasta 500.000 euros y avaló disciplinadamente la rebaja salarial del 5 % a los trabajadores públicos impuesta por el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, sin que los predecesores de CeCP (ICV-EUiA) provocaran crisis de gobierno alguna. Asimismo, en esa misma legislatura (2006-2010), con Joan Saura como consejero de Interior, la Consejería pagó la defensa de los abogados de cinco agentes de los Mossos d’Esquadra procesados por malos tratos a detenidos y llevó a cabo operaciones de persecución política, posteriormente rechazadas por el Tribunal Supremo, contra activistas anarquistas.

Se trata de una balance pobre, si es todo lo que tiene que oponer Navarro a las fuerzas independentistas, y parece indicar que la bandera social es un simple pretexto para defender otras posiciones que poco tienen que ver con cuestiones sociales.

El autor termina con un “así de claro”. No obstante, si algo no es su escrito es precisamente claro, más bien es gris. Y si con claro quiere su autor decir ‘concluyente’, el artículo comentado puede tener diversas calificaciones, pero en ningún caso la de concluyente.