En un foro-debate desarrollado en la Pontificia Universidad Católica de la ciudad de Quito, estudiantes, se conoció de primera mano el proceso de defensa de los trabajadores de la empresa japonesa Furukawa, cuyas instalaciones se encuentran en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el centro norte de Ecuador.

Dicho foro contó con la participación de Walter Sanchez, dirigente de los afectados por la empresa Furukawa; David Suárez, Centro de Derechos Económicos y Sociales; Francisco Hurtado, asesor adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo y Eduardo León, fotógrafo independiente especialista en Derechos Humanos.

Cuando el caso fue derivado a la Defensoría del Pueblo, se pensó que era una disputa común entre empresa y empleados, pero al corroborar la situación de las personas que laboraban en Furukawa se encontró con un huasipungo, como en los peores tiempos de la colonia.

Para entender la gravedad de las acciones de la empresa Furukawa, Francisco Hurtado hace un resumen histórico que empieza con la aprobación de la Convención para la Erradicación de la Esclavitud, por parte de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).En 1953 se reconoce a la gleba (vivir y trabajar en propiedad de los jefes) como esclavitud moderna y Ecuador, en 1955, ratifica estos tratados contra cualquier tipo de esclavitud.

Furukawa se constituye en 1963 en dos mil hectáreas de tierras, llamando a las personas a través de anuncios, a trabajar en su hacienda; ahí empiezan 56 años de esclavitud en los que la empresa acumula 80 demandas archivadas porque miembros del Ministerio de Trabajo eran ex empleados y abogados de la misma.

Las personas empleadas en esta empresa vivían en instalaciones construidas en la década de 1960, en condiciones indignas e injustas, distribuidos en barracones donde convivían hasta seis personas, sin acceso a energía eléctrica o agua potable (la extraían de un pozo lleno de musgo).

Sumado al hacinamiento y falta de saneamiento, los empleados no tenían acceso a educación, por lo que no conocían la existencia de derechos y garantías laborales. En estas condiciones vivieron hasta tres generaciones, en una empresa que nunca recibió la inspección de un organismo gubernamental.

Furukawa declaró que estas personas no eran sus empleados, sino sus “proveedores” o “arrendatarios”, a los que les prohibían, entre otras cosas,  vender a otras empresas la materia prima que ahí se producía (fibra de abacá), trabajar fuera de los límites de la propiedad o sembrar su alimento en ella.

Aunque en un principio los trabajadores se mostraban temerosos de tomar acciones legales contra Furukawa, ahora han formado una nueva asociación llamada “Esperanza de un Nuevo Amanecer” y han entrado en un proceso de empoderamiento para demandar  a la empresa que ha sido clausurada por un periodo de seis meses.

Ahora, con las irregularidades que se han dado durante décadas con Furukawa, se demuestra que el Estado ha permitido estructuralmente la implementación de la esclavitud y más ahora con las sanciones leves que ha dictado que no velan por el bienestar de los empleados.

Eduardo León, considera al caso Furukawa una caja de Pandora ya que al salir a la luz, aparecieron nuevas denuncias contra otras empresas; por esto destaca la importancia del periodismo que “no debe ser considerado un producto sino un derecho y una herramienta para el bienestar social porque el activismo no se hace desde un escritorio”.

Hurtado llama a la solidaridad activa con los empleados de Furukawa, quienes necesitan recursos para empezar una nueva vida y continuar en su lucha- «Es importante hacer presencia, indignarse, conmoverse y exigir respuestas al Estado porque los derechos no son dádivas y en este país nada pasa sin la lucha y la organización social”, afirmó.