Por La Tizza
A propósito del referendo constitucional cubano
Mirar el reciente referendo constitucional en Cuba con –y más allá– de la tradicional batalla de cifras está atravesado por varias tensiones. La Tizza presenta, a manera editorial, algunas de ellas.
«Normalidad», cambio y consumación
Hay un hecho consumado: se votó en Cuba por una nueva constitución y fue aprobada. Las lecturas políticas del resultado pueden ser diversas. Adentrarse en algunas de estas «lecturas» debe tomar, como punto de partida, que Cuba –y esto es una perogrullada– no es la misma de 1959, de 1980, de 1993 y así sucesivamente.
Desde La Tizza hemos señalado en varias ocasiones que los intentos por «atemperar», «normalizar» e «insertar» al país en el escenario mundial –un escenario cada vez más desigual y depredador del ser humano desde una perspectiva general– en ocasiones ha cargado la mano a propuestas y prácticas que no promueven un verdadero empoderamiento popular y se subordinan demasiado a organismos internacionales que, cuando menos, funcionan como estabilizadores del sistema capitalista.
Desde esta perspectiva –que lógicamente puede o no ser compartida– hay dos comparaciones que no se sostienen: contrastar los resultados de este 2019 con los de 1976; y comparar el último referendo con las elecciones generales o locales de los últimos años. En este caso, la contrastación nos desvía del núcleo central de esta votación popular: la nueva constitución, que genera dinámicas diferentes a los procesos electorales que se realizan cada dos años y medio.
Por otra parte, es necesario poner en contexto la consideración de «ilegitimidad» con que calificó la secretaría de la OEA el referendo en Cuba. Aunque fue una declaración previa a las votaciones –sin entrar en el mercenario activismo del Secretario General, Luis Almagro– ello desconoce no sólo la opción del «Sí», niega de entrada también la práctica ciudadana de buena parte de quienes votaron por el «No» o anularon la boleta. En consonancia, el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través del Secretario de Estado, Michael Pompeo, cuestionó el referendo.
Las «cifras»: sí, pero no
Reconocer que deben ponerse letras a los números es una cosa diferente a desconocer los datos. Estos últimos debían servir también para lecturas políticas y definición de estrategias después del resultado consumado: la aprobación de la constitución.
La importancia del manejo estadístico es fundamental para el análisis. No obstante, ofrecer datos impone un ejercicio de rigor y en el caso de nuestro país –particularmente viciado por ello– ir tomando distancias de utilitarismos políticos. En este sentido, hemos señalado en varias ocasiones en La Tizza la crítica a la politización simple de las cifras.
Sobre este particular, queremos referirnos a un caso específico. El 23 de febrero el Nuevo Herald publicó un texto de Carlos Alberto Montaner con el título Sí y no y la nueva Constitución Cubana. En este, se cita un sondeo realizado por CubaData según el cual –a partir de una muestra de mil sujetos– el 42.4% votaría por el «Sí», el 41.6% por el «No» y el 16% no acudiría. Llama la atención la aclaración hecha por Montaner de que «les preguntaron a 1000 cubanos a lo largo de todo el país», es decir, en esta encuesta no tuvo peso la imposibilidad de votar de una buena parte de cubanos en el exterior, a lo que nos referiremos más adelante.
Es natural que las encuestas tengan un margen de error. Pero en este caso fue el siguiente: «Sí» (- 45.25), «No» (+ 32.6). De aquí se desprende, solo metodológicamente, la necesidad de revisar la «confiabilidad» de determinadas encuestadoras, especialmente en materia de la objetividad de la selección muestral. Eso, para no decir que en este caso parece a las claras una operación de propaganda política.
Un tema sensible ha sido el de los cubanos residentes en el exterior –o los que se encontraban fuera del país en el momento del referendo–. En el primer caso, hablamos de una cifra superior a los 2 millones 400 mil presentes en más de 120 países, «la mayoría en los Estados Unidos». Tras este asunto existen cuestiones «técnicas» que pasan por el cruzamiento de la Ley Electoral de 1992 y el Decreto-Ley №302 de 2012, también de voluntad política y quizás de carencias de índole práctico –en el caso de los Estados Unidos, después de las medidas implementadas por el gobierno de ese país dirigidas a hacer retroceder los vínculos bilaterales– en el sentido de responder a los vacíos existentes por parte de las autoridades cubanas.
Desgraciadamente, ya queda en un ámbito especulativo el peso probable de la votación en el referendo de los cubanos residentes en el exterior o los que se encontraban fuera de Cuba por motivos diversos. Concentrarse en cuántos hubieran votado «Sí», cuántos «No» o no hubieran votado (durante el proceso de consulta se recibieron 2 mil 125 propuestas realizadas por los cubanos residentes en el exterior) es, ahora mismo, alquimia.
Lo cierto es que en esta votación se perdió la oportunidad de continuar ampliando un proceso de acercamiento que ha tenido hitos como la reforma migratoria de 2012/2013, el crecimiento de las asociaciones de cubanos residentes en el exterior (164 en 79 países para octubre de 2018) y la propia participación en la consulta del proyecto constitucional. Eso es lo más importante, pareciera un quiebre en la política hacia la migración al que el gobierno cubano deberá enfrentarse de alguna manera.
Los «Sís» y los «Nos»
Quien conoce la Cuba actual, o una parte de ella, sabe que está marcada por la diversidad y ello –cayendo en la trampa de la politización simple del referendo– también abarca a la política. Que más de un millón de cubanos votaran distanciándose de la propaganda por el «Sí» confirma esa diversidad y, sinceramente, no sorprende. Al mismo tiempo, demuestra las complejidades que enfrenta –en materia de “hacer política”– el gobierno del país y la sociedad cubana actual.
Las cosas no son tan simples y no obedecen a divisiones dicotómicas del tipo: «el gobierno la tiene difícil», porque este resultado también plantea retos a las militancias políticas, las pertenencias asociativas y los intereses grupales.
En un texto publicado en On Cuba, el politólogo y ensayista Rafael Hernández considera acertadamente que «No es justo ni tampoco razonable, en términos de la política que anima la nueva Constitución, juzgar a los que votan NO como traidores o vendepatrias. Simplemente no están de acuerdo en algún grado con ideas o normas que la constitución adopta». Pero tampoco sería justo homogenizar el voto por alguna de esas opciones.
Y aquí vamos a algunos retos que se presentan a la sociedad. Como el voto se supone secreto, a pesar de las declaraciones públicas que inundan nuestras redes en un sentido u otro –y que nos facilitan este ejercicio– tendremos que especular un poco.
Por ejemplo, por el «No» pudieron votar aquellos que quedaron insatisfechos con la modificación del famoso artículo 68, en el sentido que la versión final corta y sesga su alcance revolucionario inicial; y también quienes activamente –por ejemplo, los militantes evangélicos– mantuvieron un rechazo directo a la propuesta primera. Ello sitúa una tensión que trasciende la Constitución y tendrá posteriores desenlaces en términos de pulsos futuros en la construcción de significados, vida cotidiana y, de forma concreta, en un próximo Código de Familia.
Por el «Sí» pudieron votar aquellos que reclamaron la inclusión de la perspectiva comunista en el texto constitucional; y también quienes celebran la incorporación del reconocimiento a la propiedad privada. Y aunque no sean asuntos necesariamente contrapuestos, sabemos que el lugar de la propiedad privada en una sociedad en transición no ha sido suficientemente aquilatado y sus alcances, límites, desarrollo y prácticas puede generar debates importantes en el futuro.
Nos interesa comentar otros dos retos
Es cierto que hubo –como ha venido ocurriendo desde hace mucho– una campaña dominante por el «Sí» desde el gobierno y los medios denominados «oficiales». Pero esa campaña debe ponerse en relación con todo el proceso de discusión y educación jurídica que le acompañó.
Es equivocado –en nuestro criterio– igualar automáticamente el «Sí» a la Constitución al «Sí» por la Revolución, y viceversa.
Pero también nos parece un sin-sentido, en el escenario institucional, organizacional, político y social realmente existente, pretender que el gobierno se mantuviera al margen de esta campaña. Eso, en última instancia, sería pasarle un acta de defunción al propio gobierno recién conformado en abril de 2018 para que la firmara.
Por otro lado, en esta ocasión, especialmente a través de las llamadas «redes sociales», la campaña por el «No» tuvo un crecimiento inédito en comparación con otros procesos en Cuba. Por otra parte, presentar el resultado del «Sí» ligado solamente a la campaña «oficial» denigra el ejercicio consciente y meditado de buena parte de los que optaron por él. De hecho, y hablando en términos de efectividad de la propaganda política, hubo personas que votaron a favor de la constitución «a pesar» de la campaña.
Finalmente quisiéramos, a manera de interrogantes, situar dos condicionantes del contexto al referendo:
- ¿Cuál fue la influencia, en el voto, de la política de regresión en las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos que ha impulsado Donald Trump?
- ¿Cuánto pesó la situación de Venezuela y las amenazas de intervención militar en ese país?
Como decíamos al principio, ahora mismo estamos llamados a poner letras a los números ante un hecho consumado: tenemos una nueva Constitución en Cuba. Con sus falencias, es superior a la de 1976 y la principal tarea es lo que viene después de ella. En La Tizza celebramos, más allá de los porcientos, una nueva Carta Magna.
