Desde partidos políticos, la Defensoría de Los Habitantes, universidades, la presidencia del Instituto Nacional de La Mujer, hasta grupos organizados de Buenos Aires de Puntarenas reclaman el pronto esclarecimiento del asesinato del líder Bribri.
El caso ha tenido tal repercusión que el presidente de La República, Carlos Alvarado, interrumpió temporalmente su participación en el Consejo de Gobierno realizado en Casa Presidencial. Alvarado manifestó su dolor e indignación por la muerte de Rojas y ordenó al Ministerio de Seguridad Pública dar todo el apoyo necesario al Organismo de Investigación Judicial y al Poder Judicial para dar con los responsables.
La Defensoría de Los Habitantes sostuvo que el asesinato del dirigente bribri, Sergio Rojas, “es un duro golpe en la lucha por la defensa de los derechos humanos, porque se trata de una persona defensora de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica”. También en la Asamblea Legislativa, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, pidió que el crimen sea investigado en el Congreso y para ello presentó una moción en la Comisión de Derechos Humanos.
La Fiscalía General integró un equipo especial que atenderá la investigación del homicidio del líder comunal, Sergio Rojas Ortíz. El grupo está integrado por fiscales especializados en el abordaje de homicidios, de asuntos indígenas y los fiscales de la fiscalía territorial de Buenos Aires. El organismo fue enfático en garantizar que se dispondrá de los recursos necesarios para establecer el móvil de los hechos, así como identificar y procesar a las personas responsables de cometer el ilícito.
Por su parte, ONU Derechos Humanos, lamentó profundamente la muerte violenta del dirigente indígena Sergio Rojas Ortíz, líder del pueblo Bribrí y defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, afirmando que «Sergio se distinguió por su lucha por la autonomía indígena y la defensa del territorio indígena de Salitre. Denunció la usurpación de tierras y las constantes amenazas y agresiones contra quienes aún continúan luchando por sus derechos».
El organismo urgió a las autoridades a tomar acciones inmediatas para investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de su muerte, así como a garantizar la protección del pueblo de Salitre – tal como lo establecen las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – y la protección de todos los defensores y defensoras indígenas de Costa Rica.
