Ayer, martes 26 de febrero, se reunió, a solicitud de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el fin de discutir la situación en Venezuela. En su informe, Rosemary Di Carlo, la Secretaria General Adjunta de la Organización para asuntos políticos y la construcción de la paz, informó que la situación de crisis en Venezuela ha llevado a una «escalada alarmante de la tensión»; indicando en particular, que el apoyo a la población venezolana sea de acuerdo con los principios de «neutralidad, imparcialidad e independencia», un apoyo que debe estar libre de «objetivos políticos y basado en las condiciones de necesidad reales».

Sin embargo, un informe criticado por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que, a través de las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, informó sobre la diversa información en la cual se basó esta relación unilateral y parcial, enfatizando en particular imprecisiones y lagunas en la información. Por otra parte, el informe está a años luz de distancia de la posición expresada por los Estados Unidos que, a través del representante especial del gobierno de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha ido tan lejos como para exigir  a » obligar al régimen ilegítimo a dimitir». Apenas unas semanas antes, el lunes 18 de febrero, nuevamente desde la sede de la ONU en Nueva York, se anunció la formación de un Grupo de Estados en defensa de la Carta de las Naciones Unidas: el intento de derrocar al gobierno y las autoridades legítimas de la República Bolivariana de Venezuela, y la solicitud de imponer por la fuerza una intervención internacional o, específicamente, la entrada de acordada de bienes al país, constituyen, de hecho, una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente en relación con el respeto del principio de igualdad de derechos y autodeterminación de las personas (Artículo 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas), respeto a la igualdad soberana de los Estados (Artículo 2.1 de la Carta), la obligación de cada Estado de abstenerse de la amenaza del uso de la fuerza o desde el uso de la fuerza contra un Estado (Artículo 2.4 de la Carta) hasta el respeto por la integridad territorial y la independencia política de todos los Estados (Artículo 2.4 de la Carta) y, obviamente, a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados individuales (art. 2.7 de la Carta). El respeto de la igualdad soberana de los Estados (Artículo 2.1 de la Carta), la obligación de cada Estado de abstenerse de la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza contra un Estado (Artículo 2.4 de la Carta), de respeto por la integridad territorial e independencia política de todos los Estados (Artículo 2.4 de la Carta) y, obviamente, por la no injerencia en los asuntos internos de los Estados individuales (Artículo 2.7 de la Carta).

Además, las Naciones Unidas solo pueden reconocer en el Presidente Maduro y las autoridades bolivarianas las únicas autoridades constitucionales y legítimas de Venezuela y la misma entrega de bienes y productos en el país solo puede lograrse a través de canales reconocidos y legítimos. De hecho, todavía en la reunión del Consejo, la misma Di Carlo no podía dejar de observar cómo «los productos entregados por Rusia y China han ingresado al país regularmente, en coordinación con el gobierno venezolano». En cuanto a la cuestión de la legitimidad de las autoridades bolivarianas, casi no vale la pena señalar que las elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas el 20 de mayo de 2018, se llevaron a cabo de forma anticipada a petición de la oposición e involucraron de dieciséis partidos políticos que forman parte de todo el espectro parlamentario. Participaron  cuatro candidatos distintos para el cargo de presidente (Nicolás Maduro, Henri Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo Quijada) y, al final, Maduro fue el ganador, con un amplio margen, pero no con un «plebiscito» como a veces le gustaría hacer creer, obteniendo un poco más de 5,8 millones de votos, equivalente a casi el 68%. Las elecciones se realizaron, al igual que las 19 elecciones celebradas en Venezuela a partir de 2004; con un sistema de votación que el Centro Carter ha definido como transparente y confiable, en gran parte automatizado, basado en un procedimiento de tres niveles, el sufragio electrónico, sufragio directo y la posibilidad de verificar los procedimientos electorales antes y después de la votación.

El mismo sistema electoral, por otra parte, con el cual la oposición ganó las elecciones parlamentarias en 2015: como escribió Attilio Folliero, «una dictadura extraña, donde a menudo vota (al menos 22 elecciones en los últimos 18 años) y la oposición también gana: Ganó las últimas elecciones parlamentarias de 2015, ganó un referéndum constitucional, gobernadores electos, alcaldes, concejales». Como si fuera poco, unas 150 personas asistieron a las elecciones presidenciales, incluidas 14 comisiones electorales de ocho países; dos misiones técnico-electorales; periodistas de todo el mundo; un parlamentario europeo. La acusación, dirigida a Maduro, de haber «privado al parlamento» no tiene fundamento, ya que se olvida que, después de las elecciones parlamentarias de 2015, el Tribunal Supremo declaró nula la elección de cuatro diputados, entre los cuales están incluidos tres de la oposición. Por lo tanto, la mayoría parlamentaria en manos de la oposición, decidió no someterse a la deliberación, estableciendo igualmente a los tres diputados y, en consecuencia, de acuerdo con una resolución posterior, en desacato de la Corte,  haciendo al Parlamento «ilegítimamente constituido».

En línea con la Constitución Bolivariana, las elecciones posteriores de 2017 también eligieron una Asamblea Nacional Constituyente para actualizar la Constitución Bolivariana, que a su vez fue aprobada con un referéndum popular constitucional el 15 de diciembre de 1999, a la que asistieron casi cinco millones de venezolanos con casi el 72% de los votos a favor. La Venezuela bolivariana ha comenzado, con su Revolución, por un camino «bolivariano y socialista», en contra de los intereses de Estados Unidos y las potencias occidentales en el subcontinente; y se encuentra en la reserva de petróleo más grande del mundo, además de contar con enormes recursos, minerales, agua y biodiversidad. ¿Que quizás haya otros intereses, detrás de este aluvión de amenazas, interferencias y noticias falsas?

Traducción del italiano: Ana Gabriela Velásquez Proaño