Solo el 39% de los niños y niñas que llegaron en 2017 fueron acogidos por el sistema de protección andaluz. La organización critica el racismo institucional y  la falta de previsión, planificación y coordinación entre instituciones en un modelo que considera “fallido”

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado hoy sistemáticas vulneraciones de los derechos de la infancia migrante que evidencian el racismo institucional en un Estado, que les trata como migrantes antes que como menores, lo que le lleva a incumplir la legislación internacional, nacional y autonómica que obliga a la protección de los niños y niñas sin discriminar por nacionalidad.

Estas son algunas de la conclusiones que se muestran en el informe sobre Infancia Migrante que la organización ha presentado en rueda de prensa esta mañana y que amplía con una investigación específica sobre menores, el Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019, que publicó en febrero.

La organización explica que la llegada de infancia migrante es una realidad presente en Andalucía desde hace más de 20 años, pero es en los últimos años, en los que se viene produciendo un aumento de los niños, niñas y adolescentes que migran sin la compañía de una persona adulta, cuando ha cobrado especial importancia ante la falta de previsión, planificación y coordinación entre las distintas instituciones.

Según las estadísticas que elabora la APDHA, durante 2018 llegaron al Estado español 7.053 menores, casi el doble que el año anterior, de los que 6.063 eran niños y niñas que migraron sin compañía de una persona adulta, a juzgar por los datos de Unicef. Los últimos publicados por el Observatorio de la Infancia de Andalucía, de 2017, arrojan que de los 3.306 niños y niñas que llegaron a Andalucía, solo un 39% (1.309) fueron acogidos por el sistema de protección andaluz, lo que indica que la Junta de Andalucía deja de proteger a muchos menores cuando causan “abandono voluntario” y que la comunidad autónoma es un lugar de paso, no de destino de los menores.

En este sentido, critica la APDHA, “debe derogarse el cese de la tutela cuando transcurren seis meses dese que el menor o la menor dejó el centro de protección, ya que la Administración tiene la obligación de la localización para conocer las circunstancias en las que se encuentra y garantizar su protección”.

Asimismo, la organización evidencia que no se vela por ‘el interés superior del menor’ ni se respeta la Convención de Derechos del Niño, cuando “todas las actuaciones del Estado español van encaminadas más a la exclusión que a la acogida”. Ejemplos de ello son las “condiciones absolutamente intolerables” en las que se encontraban los niños y niñas en Jerez, Córdoba y Sevilla, durmiendo en el suelo y sin las mínimas medidas higiénico-sanitarias, las trabas en la declaración de desamparo y la tramitación de la residencia, la imposibilidad del acceso a la educación a los mayores de 16 o la falta de recursos en mediación intercultural y en el apoyo psicológico.

La vulneración de los derechos de estos niños y niñas se producen desde su llegada al territorio del Estado español, en pateras o como polizones, donde hemos observado que en ocasiones se les ata con bridas, en las pruebas de determinación de la edad, en el tratamiento informativo en los medios de comunicación, en las políticas y funcionamiento de los recursos de protección y de sus derechos en los centros de protección.

Además, la organización lamenta los discursos de representantes políticos dirigidos a criminalizar al colectivo y a visibilizarlo como una carga desde el punto de vista económico, lo que provoca un aumento del racismo y la xenofobia, evidenciados en recientes ataques a centros de protección. “La única solución que han puesto encima de la mesa es la repatriación”, apuntan, algo que está destinado al fracaso y que se ha comprobado en programas anteriores.

El informe, que incluye una investigación tanto del contexto en Marruecos, como una comparativa entre Ceuta y Andalucía, aporta una batería de propuestas o recomendaciones con el fin de avanzar hacia un modelo integral de protección de la infancia que“ponga en el centro del interés del menor como ordena la legislación”.

Entre las propuestas planteadas se encuentran revisar de manera urgente el “modelo fallido” de protección actual, y en especial el de acogida de emergencia, con el fin de cumplir con los estándares internacionales y garantizar soluciones duraderas. Es de vital importancia, señalan, respetar el derecho de la infancia a ser escuchada, regular la figura de un tutor o tutora independiente, arbitrar medidas para acelerar los trámites burocráticos, crear un protocolo coordinado entre las distintas Administraciones y una red transnacional autonómica en la que todos los organismos estén presentes y que cuenten con representación de menores bajo tutela o extutelados.