Por Carlos Margotta*

En estos días, la opinión pública tomó conocimiento de la sentencia recaída en el proceso que estableció el magnicidio de Eduardo Frei Montalva, ocurrido hace 35 años. Su hija, la ex senadora Carmen Frei, refiriéndose al esclarecimiento del caso de su padre, solidarizó con los familiares de los miles de víctimas que aún no han podido obtener Verdad y Justicia. Citó reiteradamente en sus entrevistas, a Ana González y Sola Sierra, quienes fallecieron, como tantas otras, sin saber lo ocurrido con sus parientes detenidos desaparecidos. Y tiene razón.

Hoy debemos sumar el fallecimiento de Violeta Zuñiga, de 86 años, cónyuge de Pedro Silva Bustos, detenido por la DINA el 9 de agosto de 1976, quien permanece hasta el día de hoy en calidad de detenido desaparecido.

La emblemática y querida Violeta, integró durante muchos años el grupo folclórico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, bailando e interpretando la Cueca Sola, como expresión de denuncia de la detención y desaparición de miles de chilenos por parte de los organismos represivos.

El genuino sentimiento de solidaridad de la ex senadora, Carmen Frei, contrasta con la actitud del actual Gobierno para enfrentar el flagelo de la desaparición forzada en nuestro país, constitutivo de crimen contra la Humanidad según la normativa internacional.

A pesar que el Estado de Chile ratificó el año 2009, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, que obliga a los Estados suscriptores a establecer la verdad de lo ocurrido por las víctimas de la desaparición forzada y luchar contra la Impunidad, lamentablemente debemos consignar que en los diversos Informes obligatorios que ha tenido que elaborar el Estado de Chile al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, se sigue constatando y reconociendo este grave incumplimiento.

En efecto, frente a la existencia de 1124 personas detenidas desaparecidas, el actual Gobierno, como representante del Estado chileno, aún no ha elaborado un Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, tal como fue propuesto en las Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas el año 2013. Cómo es posible que se haya naturalizado y normalizado en nuestro país la existencia de más de mil compatriotas víctimas de la desaparición forzada? Esta actitud de indolencia nos parece no sólo inmoral sino que además, expresa un grave incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado de Chile que debe terminar, a la vez que constituye un nefasto ejemplo para las generaciones futuras.

Lamentablemente, en este primer año de Gobierno, hemos podido constatar que esta actitud de desconocimiento e incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile, ha sido una constante en el actuar de las actuales autoridades.

No sólo no han cumplido con la obligación de implementar iniciativas tendientes a establecer la Verdad, promover la Justicia, otorgar la debida Reparación a la víctimas sobrevivientes y adoptar políticas y medidas concretas constitutivas de garantías de no repetición de la trágica experiencia vivida durante la Dictadura, que son las cuatro exigencias que la comunidad internacional y su normativa supervisa en su debido cumplimiento a los Estados post dictatoriales, sino que las iniciativas desplegadas por el actual Gobierno han ido en directo beneficio de los victimarios y en claro desmedro de las víctimas.

En efecto, no debemos olvidar que la primera iniciativa gubernamental en materia de Derechos Humanos fue retirar del Parlamento, el Proyecto de Ley ingresado por la Presidenta Bachelet en las postrimerías de su mandato, que pretendía compensar en parte, la exigua reparación que les había sido otorgada a las víctimas de la prisión política y tortura. Se arguyó por parte del actual Gobierno que existían otras prioridades de gastos, omitiendo con ello gravemente la obligación de reparación, según lo estable la normativa internacional suscrita y ratificada por el Estado de Chile.

A su vez, la titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, encargada de implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos, ha señalado que sólo se ejecutarán aquellas medidas que sólo sean compatibles con el Programa de Gobierno, ignorando que dicho Plan es una tarea de Estado sujeta a la supervisión de organismos internacionales, que debe ser cumplido por el gobierno de turno, independiente de su ideología política.

A mayor abundamiento, cabe agregar que la mencionada Subsecretaría de Derechos Humanos ha retardado injustificadamente un sumario administrativo incoado contra la Encargada del Programa de Derechos Humanos, dependiente de esa repartición, manteniéndolo sin una encargada titular por más de un año, expresando con ello un desinterés y desapego con la importante labor para lo cual fue creado, según el Artículo 1° del Decreto Supremo 1005, de 25 de Abril de 1997, cual es, asistir judicialmente a los familiares de las víctimas en la búsqueda de la Verdad y la Justicia, patrocinando querellas en casos de crímenes contra la Humanidad, como las desapariciones forzadas, las ejecuciones políticas y las torturas con resultado de muerte.

Es más, recientemente se supo de una llamada telefónica hecha por la propia Subsecretaria de Derechos Humanos, al abogado del Programa que patrocina la causa seguida en contra del ex Director General de Carabineros, Bruno Villalobos, por tortura con resultado de muerte en la persona del estudiante, Patricio Manzano, llamada que tuvo por objeto ordenarle que no alegar la causa, en un claro intento de evitar el procesamiento del ex General, procurando su Impunidad, conducta que atenta gravemente en contra de los fines establecidos en el Decreto ya mencionado y con las expresas obligaciones internacionales del Estado de Chile.

A su vez, el Ministerio de Justicia envió recientemente un Proyecto de Ley, denominado “Ley Humanitaria”, que constituye un nuevo esfuerzo del Gobierno de permitir libertades encubiertas a criminales de lesa Humanidad.

En cuanto a la seria amenaza del neofascismo y sus ya declaradas expresiones de Negacionismo, el Relator Especial de Naciones Unidas, Pablo Greiffen, ha señalado que Chile está en medio de “el afloramiento de un pinochetismo cultural y social con claros tintes fascistas”, y lo atribuye a los incumplimientos del Estado Chileno en materia de verdad y justicia junto con las injustificadas ausencias de políticas de prevención.

A pesar de estos llamados de atención al Estado de Chile, el actual Gobierno no sólo nombró a un Ministro que calificó al Museo de la Memoria como un montaje, el que fue obligado a renunciar por la presión social, sino que además ha anunciado recientemente que enviará una indicación para eliminar toda posibilidad de sanción penal a quienes defiendan o nieguen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.

Al mismo tiempo, ha tenido una actitud de indolencia frente a aquellos grupos neofascistas emergentes, como el Movimiento Social Patriota, que ha realizado y reivindicado diversos actos de agresión y amedrentamiento a varios Sitios de Memoria, causando grave dolor y ofensa a las víctimas y a la sociedad chilena en su conjunto. El último ataque, realizado en el Estadio Nacional, se suma a los efectuados en Villa Grimaldi y José Domingo Cañas, entre otros.

La indolencia y permisividad del neofascimo quedó de manifiesto por la propia vocera de Gobierno, quien ha señalado públicamente que los parlamentarios y políticos que apoyan al actual Presidente y que han reivindicado el pinochetismo, no deben ser objeto de reproche de ninguna naturaleza porque expresan la rica diversidad de la coalición gobernante y sus opiniones deben ser respetadas en virtud de la libertad de expresión existente.

A todo lo anterior, debiéramos agregar la decisión gubernamental de clausurar toda posibilidad de cambio constitucional, a pesar que la actual Constitución constituye un serio obstáculo para garantizar efectivamente los Derechos Humanos, al contener instituciones antidemocráticas vulneratorias de la soberanía popular, como el Tribunal Constitucional, el que ha sido utilizado permanentemente por los parlamentarios de Gobierno para impedir todo avance democratizador y defender el statu quo imperante.

El desconocimiento permanente del actual Gobierno de la normativa internacional de Derechos Humanos, obligatoria para Chile, en virtud de la suscripción y ratificación de los Pactos y Convenciones sobre la materia, se ve agravada con la decisión de no suscribir el Pacto Migratorio de Naciones Unidas, con la afirmación que la migración no es un derecho humano y por el reciente anuncio de expulsión de 12 mil migrantes de nuestro territorio nacional.

Por último, el cuestionado rol del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el frustrado intento de Carabineros de ocultar su participación en el crimen de Camilo Catrillanca, no hace sino confirmar la política de criminalización de la justa causa mapuche y el desconocimiento e incumplimiento por parte del Estado de Chile, del Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos internacionales sobre la materia.

Es hora que el actual Gobierno, como representante del Estado de Chile ante la comunidad internacional, cumpla con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, única forma de recuperar la autoridad moral en el concierto internacional y requisito indispensable que debe cumplirse primeramente si se pretende jugar el rol de promotor de la Democracia y los Derechos Humanos en otras latitudes. Y es hora también, que la sociedad civil organizada siga exigiendo unitariamente, una sociedad democrática fundada en el respeto y garantía de los Derechos Humanos. Será éste y no otro, el debido homenaje, a quienes como Violeta Zuñiga, partieron de este mundo esperando una Justicia que no llegó y sin conocer la suerte corrida por sus seres queridos detenidos desaparecidos.

* Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos