Nos encontramos ante «la primera experiencia inédita de asignar recursos financieros sustanciales a una medida estructural de lucha contra la pobreza». El Sindicato USB (Unión Sindical de Base, por sus siglas en italiano, N.d.T.), por medio de Viviana Ruggeri, dedica unas palabras de elogio para el Rédito de la Ciudadanía en referencia al fuerte compromiso financiero del gobierno para sostenerlo.

El USB, sin embargo, expresa dudas sobre algunas de las fuertes críticas presentes en la medida.

En particular, el sindicato autónomo señala que se trata de «una medida familiar que asume al núcleo familiar y no a la persona como beneficiara del alcance del rédito». Para el USB «este trato familiar tiene un impacto particularmente perjudicial sobre el componente femenino, ya que lo vincula doblemente a la pareja que –en la mayoría de los casos de violencia doméstica- coincide con el abusador».

No faltan acusaciones claras respecto al beneficio de acceso establecido en 10 años de residencia: «¡a través de estos prerrequisitos de entrada existe una verdadera discriminación hacia las familias inmigrantes!».

También, que en el sistema discursivo se enfatiza la presencia de la «norma antidiscriminatoria» en la medida, para el USB es lamentable y se olvida de «cuántos son pobres mientras trabajan y cuántos lo son porque no hay trabajo».

La Unión Sindical de Base discutió sobre el fondo del término «oferta razonable» utilizado en la Ley de Réditos de la Ciudadanía con respecto de las ofertas de trabajo que los trabajadores no podrán negarse a aceptar bajo pena de negación del beneficio.

A este respecto, cabe señalar que el Decreto del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales del 10 de abril de 2018, en aplicación del Decreto Legislativo 150/2015 (Ley de Empleo), indicaba una distancia máxima para la consideración de una propuesta de trabajo «razonable» relativamente mesurada. Con el Decreto en discusión en el Parlamento, sin embargo, esta distancia se extiende a todo el territorio nacional proponiendo, de hecho, «una nueva consecuencia migratoria del Sur hacia el Norte de nuestro país, empobreciendo así al Sur ya afectado debido a la fuerte migración de los jóvenes hacia Europa».

El artículo 6 de este Decreto (DO nº 162 de 14.7.2018) en particular sostenía «para las personas que hayan estado desempleadas durante un período de hasta doce meses, la oferta de empleo es adecuada si el lugar de trabajo no se encuentra a más de 50 km del domicilio de la persona o, en cualquier caso, se pueda llegar a él en un promedio de 80 minutos en transporte público».

El sindicato de trabajadores es, por lo tanto, crítico del beneficio para las empresas que emplean a los usuarios del Rédito de la Ciudadanía. Este enfoque, de hecho, «no garantiza el empleo a largo plazo en el momento del cierre de la bonificación (24 meses)».

La USB concluye sus memorias presentadas durante la audiencia del Senado pidiendo que se tomen medidas sobre el «dumping salarial que ahora afecta al mercado laboral» y que «se reabra el debate sobre el salario mínimo legal» con el fin de detener la «caída libre de los salarios«.

Traducido del italiano por Estefany Zaldumbide