Por Osvaldo Bocero (Integrante del Colectivo Vecinxs contra el Tarifazo Mar del Plata-Batán)
El tarifazo aplicado como política sistemática de transferencia de recursos desde los sectores populares a las grandes empresas energéticas, refleja cual es el eje de la política económica implementada por la Alianza Cambiemos desde Diciembre de 2015.
Para este año hay previsto un aumento del 55 % en electricidad (26 por ciento a partir de febrero; 14 por ciento en marzo; 4 por ciento en mayo y otro 4 por ciento en agosto) y un 35 % en gas en abril, justo antes de empezar las bajas temperaturas.
Bajo la argucia de que se estaban pagando tarifas muy bajas de luz y gas y que de esta manera las empresas no podían realizar inversiones para mejorar la calidad del servicio, el gobierno de Mauricio Macri instaló en el Ministerio de Energía a Juan José Aranguren, CEO de la empresa Shell, quien durante los dos primeros años fue el encargado de realizar el trabajo sucio. La política energética tuvo un solo destino: engrosar las arcas de las distribuidoras y las prestatarias a costa del sacrificio de los usuarios, instalando como sentido común que la energía es una mercancía y no un servicio público esencial.
Tal es así que como consecuencia de la devaluación del peso las distribuidoras generaron una deuda de 19.000 millones de pesos sobre las prestatarias que el gobierno unilateralmente decidió condonarles y trasladársela a los usuarios en doce cuotas. Otra de las grandes contradicciones es que mientras dicen promover el ahorro de energía eliminaron los beneficios por menor consumo a los usuarios: el que consume menos ahora paga más por kilowatt.
A tres años del cambio de gestión, un informe de la Universidad de Avellaneda, revela que los argentinos destinamos dos sueldos al año en el pago de las tarifas de servicios públicos. Si lo vemos en porcentajes en diciembre del 2015, una familia destinaba el 6 % de sus ingresos en pago de estas tarifas. Hoy ese porcentaje llega al 28 %. Durante el macrismo, la tarifa de la luz subió 3624%, el gas natural aumentó 2400% y el agua corriente 1025%. Los ingresos de los trabajadores de cualquier sector cerraron con una paritaria promedio del 25 % anual. Es decir que mientras los ingresos de las familias crecieron en un 80 % en tres años, la boleta de luz se multiplicó en 30 veces, la de gas en 24 y el agua en 10. Además se redujo drásticamente la tarifa social para hogares de bajos recursos y se eliminaron subsidios por 37 mil millones de pesos.
Como decíamos mas arriba se trata de Servicios Públicos esenciales y por lo tanto el Estado debe velar para que sus incrementos no estén por encima de los aumentos de los ingresos de los ciudadanos para asegurar el cumplimiento de este derecho. Claramente nada de esto ocurrió e importó a los gobiernos nacionales y provinciales a la hora de implementar por decreto los tarifazos. Por otra parte los aumentos de tarifas no fueron destinados por las empresas a la realización de obras e inversiones sino a aumentar sus ganancias como lo reflejan el crecimiento de sus acciones en los mercados. Una vez mas el estado ausente a través de los organismos de control. Ejemplo de esto son los cientos de miles de hogares que en estos días han sufrido cortes de suministro en Capital Federal y Gran Buenos Aires, superando ampliamente a los ocurridos en el verano de 2013 cuando las tarifas supuestamente eran baratas. Tampoco se puede esgrimir un mayor consumo ya que desde entonces la demanda de suministro en Edenor y Edesur cayó en un 20 %.
Las consecuencias del tarifazo son pavorosas. No sólo se ve afectado el usuario residencial, sino también los sectores productivos. Se calcula que como efecto directo cierran en el país 10 Pymes por dia y hay un fenómeno directo de desindustrialización de la economía.
Ante este panorama desde Vecinxs contra el Tarifazo Mar del Plata-Batán convocamos a ejercer nuestro derecho a la protesta pacífica. Reclamamos que se cumpla con al Constitución Nacional, es decir que el acceso a la energía y al agua se contemplen como Derechos Humanos y no como una bien de consumo solo para el que pueda pagarla.
Nos estamos convocando todos los viernes (este próximo será el sexto) en el Monumento a San Martín de Luro y Mitre en nuestra ciudad en el contexto del Ruidazo Nacional. Allí invitamos a todas las vecinas y vecinos que se sienten desprotegidos por el Estado a reclamar por que más allá de la situación particular de cada uno de nosotros el tarifazo es un tema que nos afecta a todos, independientemente de a quien haya votado cada uno y de las posibilidades concretas de poder o no poder pagar las tarifas.
Además estamos impulsando junto a varias organizaciones una gran Audiencia Pública Nacional con el objetivo de organizarnos y luchar por esos derechos que son nuestros pero nos están haciendo creer que no los merecemos. Del mismo modo apuntamos a construir un número crítico de vecinos que practiquen la desobediencia civil, es decir pagar solo el cargo fijo de la factura de luz, hecho que obliga a las prestatarias a mantener el servicio y no cobrar su estafa confiscatoria sobre los kilowats consumidos.
Necesitamos unir todas las fuerzas junto a las multisectoriales, los movimientos sociales, los partidos políticos de la oposiciòn, y los vecinos indignados que comprenden que el Tarifazo es la mayor estafa del gobierno y las empresas sobre la población y que solo con el reclamo sostenido y la organización en red podremos pararlo.
