El juicio por el proceso catalán acaba de empezar. Un juicio en el que se acusa a los detenidos, (12 líderes políticos y sociales) por un delito de rebelión porque tenían la intención de conseguir la independencia de Catalunya y por un delito de sedición.

Durante los tres últimos días, se ha podido escuchar las declaraciones de Oriol Junqueras (exvicepresidente del gobierno catalán) y Joaquim Forn (Conseller de Interior). El delito de rebelión por el que se acusa a los presos, (en el caso de Oriol Junqueras, por el que la fiscalía pide la mayor pena, 25 años de prisión y 25 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos) se define como alzamiento público y violento. El modo en que la acusación sustenta la violencia es mediante las manifestaciones y el valor coercitivo de los Mossos d’Esquadra (policía de la Generalitat) como cuerpo armado.

Las declaraciones del exvicepresidente catalán, en español, que no ha querido responder a las preguntas de la acusación y que sólo responderá a las de su defensa, han sido emotivas, claras y firmes. Han tratado de manifestar la injusticia ante una persona que ha tratado por encima de todo actuar sin violencia y defendiendo un ideal de independencia. Se considera un peso político, porque cree que se le juzga por sus ideas y no por sus actos:

“Desde mi punto de vista, nada de lo que hemos hecho es delito. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito…Siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. Lo hemos hecho siempre, lo hacemos y lo seguiremos haciendo…Hemos escogido un modo de actuar pacífico, pacifista, cívico.”

El modo de expresarse, no puede más que verse como un alegato a defender un ideario político, una ideología que no va a cambiar porque se debe a ella y a sus votantes:

“Votar no es un delito. Impedirlo por la fuerza, si”. “Trabajar para la independencia de Catalunya de forma pacífica no es un delito, no está escrito en ninguna parte”.

Junqueras Insiste en que se necesita una solución política en el ámbito democrático, que sea avalada por la representación en las urnas, y que él está ahí por ese motivo, no por un motivo penal.
El juicio se presenta como una lucha de titanes entre independentistas y unionistas. Los independentistas en el banquillo de acusados. La fiscalía, por su parte, que debería defender los derechos de los ciudadanos, está cumpliendo más un papel de defender al Estado.
Las defensas de los acusados presentan la causa como una vulneración de derechos fundamentales y han recurrido a la figura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El TEDH no entrará a juzgar si los hechos del 1-O catalán son un delito de rebelión, como sí hará el Supremo, sino que valorará si en la instrucción de la causa o en el juicio se han vulnerado derechos fundamentales.
En la acusación popular, se encuentra VOX, el partido de extrema derecha que en las últimas elecciones andaluzas consiguió una representación parlamentaria. Se ha prohibido que haya observadores internacionales.
La prensa independentista, que está cubriendo el proceso minuto a minuto y con un despliegue de extenso de medios, habla de venganza por parte de la acusación, de ser una fiscalía que refleja los valores de la extrema derecha y de ser falsos en sus acusaciones.