Por Ricardo García
El Gobierno de México revisará más de cinco mil concesiones mineras, de los 25 mil 221 títulos vigentes, las cuales, tienen trámites de cancelación, solicitadas por activistas y ambientalistas.
Durante el México Mining Forum 2019, el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga, dijo que todas las concesiones con solicitud de cancelación y liberación de terrenos, serán revisadas en busca de posibles anomalías, esto con el propósito de que no se vean afectados los derechos de ninguna de las partes involucradas.
De acuerdo con las declaraciones de Quiroga, existe un rezago grande y creciente en este tema, que también corresponde a supervisión y revisión de obligaciones. Por lo que el nuevo gobierno tendrá un enfoque más colaborativo y de transparencia entre las autoridades, las empresas, las comunidades, los políticos, los gremios y los sindicatos.
Cabe señalar que, para operar una unidad minera se requiere el respaldo de las comunidades establecidas en la zona, por lo que es primordial llevar a cabo una consulta.
En ese sentido, en noviembre, el grupo parlamentario de Morena, en la Cámara de Senadores, propuso un paquete de reformas a la Ley Minera que incluye, entre otros aspectos, la cancelación de concesiones.
De aprobarse la iniciativa correspondiente, el Servicio Geológico Mexicano podrá realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y asignación mineras, y la Secretaría de Economía declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, en cuyo caso procedería la cancelación de concesiones y asignaciones.
Estos cambios buscan garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.
Adicionalmente, obligaría a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación.
Sobre el tema, distintos legisladores de la bancada, han señalado que impulsaran una regulación más estricta para las nuevas concesiones en la industria, así como menos restricciones para cancelar permisos de exploración y explotación.
La industria minera de México es un importante generador de ingresos, que aporta 8.3% al Producto Interno Bruto (PIB) industrial y 2.5% al PIB nacional. Hasta ahora las concesiones amparan 20 millones 970,000 mil hectáreas de territorio nacional.
La lista de grandes empresas mineras de propiedad mexicana incluye a Peñoles, Minera Frisco, Grupo México, Peña Colorada y Mexicana de Cobre. Otras importantes empresas contratistas y proveedores de servicios de propiedad mexicana incluyen a Signum, Cominvi, Alfil y GDI.
De acuerdo con la Cámara Minera de México, 70% del territorio de México tiene un potencial geológico sobresaliente para la minería, y este potencial hace de México el cuarto destino de Inversión Extranjera Directa (IED) más grande del mundo en el sector y el primer destino en América Latina.
La mayor parte de la IED fue realizada por empresas de España, Alemania, Israel, Estados Unidos y Canadá, este último con el mayor stock general de inversiones mineras en el país.
Si bien la industria minera de México está dominada por compañías canadienses, hay un importante capital mexicano involucrado en algunas de las minas más importantes que producen plata, oro y otros metales importantes, además de minerales no metálicos.
En entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO, Sebastián Padilla, maestro en Sociología y especialista en conflictos medio ambientales y por el territorio, comentó:
“Corrupción, violencia, explotación y esclavitud laboral es lo que ha dejado la ineficiente política en cuestiones mineras en México, la fiebre por el oro sigue vigente en pleno siglo XXI.
“En México está riqueza es terriblemente paradójica, pues lejos de garantizar una forma de vida holgada y tranquila para la población, sólo ha traído violencia, despojo y muerte para los que menos tienen”
Explicó que, tristemente, a donde sea que se voltee a ver, se observa que la riqueza natural del suelo y del subsuelo, incluyendo el agua, en manos de unos cuantos privilegiados, que se adueñaron de ella gracias a la corrupción imperante de los gobiernos de las últimas décadas en México.
“Los gobiernos del PRI y del PAN son los orquestadores del mayor acto de despojo a la riqueza nacional, hoy entregada a particulares, principalmente empresas trasnacionales.
“Lo más lamentable es que todos esos fenómenos no sólo han sido ignorados, sino que pareciera que son tolerados y aun alentados, son un ejemplo de extrema corrupción e impunidad. No cabe otra explicación. En todo el país no existe un solo pedazo de suelo que no sufra eventos donde la peor parte la llevan las comunidades propietarias originales de la riqueza”, denunció.
Expuso que la reforma energética, comenzó a bosquejarse desde la administración de Carlos Salinas de Gortari como parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que, con el fin de dar certeza para la inversión, acabo por entregar el territorio nacional.
No resulta extraño, sostuvo, que la industria minera, hoy tenga como principales beneficiarias a empresas de Estados Unidos y Canadá, legítimas propietarias de casi 87% de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en los últimos dos años. “Casi la tercera parte del territorio nacional hoy es propiedad de extranjeros”, dijo.
“El caso más evidente es el de Felipe Calderón, firme impulsor de la entrega de concesiones mineras para las trasnacionales, principalmente de origen estadunidense y canadiense. Calderón benefició a estas empresas con más de 17 mil 670 concesiones para la explotación del subsuelo en todo el territorio nacional.
“En la administración de Peña, el número de permisos entregados a las mineras alcanzó los 8 mil 410 títulos a favor de empresas de capital canadiense, que no sólo se dedican a la explotación del subsuelo, sino que también generan conflictos sociales entre las comunidades que se oponen a su operación”, enfatizó.
Celebró que, por fin se esté tomando en cuenta las problemáticas emanadas en este tema, y que se de revisión de las concesiones entregadas durante sexenios anteriores, pero, puntualizó, “la situación se ha agraviado tanto que deben de tomarse medidas más radicales al respecto”.
