El fiscal general de Colombia, Néstor Martínez está dinamitando los acuerdos de paz que firmaran el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC-EP, al contrariar la Justicia Especial de Paz (JEP).
Su carta presentada al presidente del país, Iván Duque, para que no proclame la ley estatutaria de la JEP, vuelve a sembrar dudas sobre la consolidación del proceso de paz en el país.
El listado que elaboró Martínez confunde a la población sobre el rol de la Justicia Especial de Paz y fortalece las mentiras instaladas por los sectores guerreristas ligados a los negocios del paramilitarismo.
Tanto la presidencia de la JEP como la Corte Constitucional de Colombia mostraron su malestar por la carta pública del fiscal general y pidieron a Duque que se expida a la brevedad en la reglamentación, paso fundamental para avanzar con las reparaciones y el conocimiento de la verdad histórica de la guerra que enfrentó a colombianos durante 60 años.
Desde el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), manifestó su desagrado el abogado Enrique Santiago, “la actitud recalcitrante del fiscal es una injerencia al acuerdo de paz y un irrespeto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional”, dijo.
“Están anulando el corazón de lo que se pactó”, agregó Santiago y expresó que sería una forma de incumplir de manera unilateral un acuerdo que costó años construir.
Congresistas, juristas y miembros de organizaciones sociales llamaron al presidente a hacer oídos sordos a las reclamaciones de Martínez y continuar la senda de la paz, que es la primera urgencia del pueblo colombiano.