En este artículo, el autor analiza -a partir de la falta de apoyo para la aprobación de los presupuestos generales del estado presentados por el presidente Pedro Sánchez y la inevitable convocatoria de elecciones generales, como consecuencia- la compleja realidad política española del momento actual.

Por José María Sánchez Ródenas (Anonimous Rebellis)

Del resultado del Debate de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Partido Socialista con el apoyo de Unidos Podemos, que ha supuesto su rechazo por parte de una, aparente, paradójica alianza de los nacionalismos catalán y español, y de la consiguiente convocatoria de elecciones generales, pueden extraerse una serie de consecuencias esclarecedoras de la actual situación política española, metida en un callejón sin salida, donde la demagogia y la crispación que están dominando la vida parlamentaria, como consecuencia del conflicto de Cataluña, se ha trasladado a la calle, amenazando con provocar en el país una crisis socio-territorial de consecuencia impredecibles.

Estas consecuencias que llamamos esclarecedoras se refieren tanto a las posiciones políticas adoptadas por los bloques, como a las respectivas estrategias de los partidos que inciden tanto en la conformación de la correlación de fuerzas de esos bloques, como en la imposibilidad de encontrar una salida a la situación política actual.

1ª.  Los Nacionalismos, catalán y español, y su rechazo común a los presupuestos

La primera evidencia del resultado del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado ratifica la máxima de que «la política hace extraños compañeros de cama», percibiéndose el nada casual posicionamiento común de los partidos de los bloques nacionalistas, catalán y español, presentando y votando a favor de las respectivas enmiendas a la totalidad presentadas por ellos mismos. Esta coincidencia en el rechazo a los presupuestos producida por motivaciones distintas, y con independencia de las diferentes posiciones económicas frente a los mismos, pone de manifiesto la prevalencia de los intereses puramente electorales de los nacionalismos, tanto del nacionalismo catalán como del nacionalismo español;  a los que el bienestar y los avances sociales del pueblo catalán, por una parte, o la modernización y el progreso del estado español, por otra, no les preocupa más allá de lo que es la zafia apelación instintiva a los sentimientos nacionales más primarios, escenificada con una simbólica «guerra de banderas» que extendida por todo el país persigue exacerbar un enfrentamiento «quasi-tribal» que les facilite a ambos el avance de sus ambiciones electorales, utilizando una estrategia frentista, en la que la radicalización de su discurso persigue liderar sus respectivos bloques, ocupando el espacio político-electoral de sus competidores.

Respecto a los dos partidos del bloque nacionalista de la derecha española, Partido Popular y Ciudadanos, hay que señalar que se venía constatando nítidamente la disputa entre  ambos por los espacios de la derecha y el centro-derecha, mediante una serie de sucesivos posicionamientos, que se han visto alterados por una notable radicalización de sus discursos, como consecuencia de la irrupción de VOX en las últimas elecciones autonómicas de Andalucía, con un discurso neo-franquista, machista, xenófobo y ultranacionalista. En este contexto, las virulentas intervenciones de Pablo Casado –PP– y de Albert Rivera –C’s– en el debate de los presupuestos, renunciando a entrar en los temas económicos para centrarse exclusivamente en el conflicto de Cataluña y en el juicio del «Procés», reflejan:

  • Por un lado la crisis del Partido Popular que, profundamente debilitado por sus casos de corrupción, intentaba recuperar con su nuevo secretario general Pablo Casado a la cabeza, una identidad desdibujada después de la Moción de Censura que lo envió a la oposición y que, acosado inicialmente por Ciudadanos desde su izquierda, se ve acosado ahora por VOX desde la extrema derecha, lo que radicaliza hacia la derecha su discurso, cada vez más anticatalán y ultranacionalista, para competir electoralmente en clave ultra-españolista.
  • La compulsiva ansiedad de Ciudadanos y de su líder Albert Rivera por alcanzar el poder, que después de venir jugando alternativamente a ser de centro derecha o de centro izquierda para aprovechar lo que consideraba la manifiesta debilidad del bipartidismo de populares y socialistas, reorienta definitivamente su discurso, hacia la derecha, al intuir que puede desplazar a los populares como la primera fuerza política de la derecha, adoptando una posición de enfrentamiento visceral con el nacionalismo catalán desde una demagógica defensa de la unidad de España, radicalización que se agudiza con la aparición de VOX, y la nueva estrategia del Partido Popular identificándose con su discurso.
  • El protagonismo de VOX que, sin ser de momento una fuerza política parlamentaria, ha adquirido una relevancia electoral que ha contribuido al sesgo radical del debate de los presupuestos y a su crispación, consiguiendo reorientarlo hacia un enfrentamiento frontal con el gobierno socialista y el nacionalismo catalán.

Respecto a los partidos del bloque nacionalista catalán, con representación parlamentaria, Partido Demócrata Catalán y Esquerra Republicana de Cataluña, cabe señalar que, estando obligados a mantener una alianza política por imperativo de sus respectivos electorados y porque juntos se venían garantizando en las últimas elecciones autonómicas una mayoría en el Parlament de la Generalitat, mantienen, sin embargo, una feroz confrontación por el espacio político del independentismo en aras a conseguir su liderazgo, mediante un soterrado enfrentamiento entre sus líderes respectivos, Carles Puigdemont Expresidente de la Generalitat, exiliado en Bélgica, y Oriol Junqueras Exvicepresidente de la Generalitat, encarcelado por su responsabilidad en la Declaración Unilateral de Independencia –DUI–.

Este enfrentamiento evidenciado por las tensiones entre ambas formaciones por sus diferencias de estrategia y objetivos en el desarrollo de la última fase del Procés», se agudizó cuando Carles Puigdemont, el viernes 27 de octubre de 2017, con la mediación del lehendakari vasco Íñigo Urkullu, se planteó la Convocatoria de Elecciones a la Generalitat y paralizar la Declaración Unilateral de Independencia –DUI–. Esta decisión provocó el rechazo frontal de Esquerra Republicana y sus líderes Oriol Junqueras y Marta Rovira iniciaron contra Puigdemont una rápida y feroz campaña pública de acoso y desprestigio, –el diputado Gabriel Rufián escribiría el tuit «155 monedas de plata» acusándolo de traidor– convocando manifestaciones en su contra, lo que termino por obligarle a renunciar a la convocatoria de elecciones y a convocar para la tarde de ese mismo día el pleno del Parlament en el que se aprobaría la DUI.

Consciente Puigdemont de que detrás de las presiones de Esquerra Republicana para que no convocará elecciones, se escondía la pretensión de lograr la hegemonía del independentismo, mediante acciones dirigidas a desgastarle a él y al Partido Demócrata Catalán, y conocedor de las consecuencias políticas y judiciales que conllevaba la DUI, a cuya aprobación se había visto obligado, optó por exiliarse a Bélgica con un triple objetivo. Primero, escapar de las causas judiciales; segundo, internacionalizar el conflicto catalán; y, tercero, patrimonializar de forma personalista el Partido Demócrata de Cataluña, desmarcándose definitivamente de la antigua Convergencia i Unió y radicalizando su discurso para contrarrestar las pretensiones hegemónicas de Esquerra Republicana.

En definitiva, los acontecimientos han derivado en la actualidad en una disputa pública por demostrar a su electorado quien mantiene un discurso más firme y radical frente al Gobierno de la Nación. Y en esta línea, la presentación de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, ha permitido escenificar una forzada unidad de acción, en la que sin duda se ha impuesto la voluntad política de Puigdemont, que ya en su momento fue muy reticente a aprobar la Moción de Censura de Pedro Sánchez, si éste no se comprometía a poner en libertad a los encarcelados por el «Procés» y a negociar el «derecho a decidir». Esta posición personalista de Puigdemont solo puede entenderse en clave electoral, y supone el desarrollo de una estrategia de tensión que permita a su partido superar su pasado como heredero de la corrupción de Convergencia i Unió, y neutralizar el ascenso de Esquerra Republicana para impedir que se convierta en la primera fuerza política catalana.

2ª. El fracaso político del pacto del Partido Socialista y Unidos Podemos en la Moción de Censura

La segunda evidencia del resultado del debate de los presupuestos, ha sido el fracaso del «pacto de circunstancias», escenificado en la moción de censura entre el Partido Socialista y Unidos Podemos. Y hablo de fracaso, porque quizás si después de las elecciones del 15D de 2015, la debilidad política de Pedro Sánchez instrumentalizada por la prepotencia de Pablo lglesias, haciendo referencia a la «cal viva» o al «guiño de la historia que podía hacer presidente a Pedro Sánchez«, no se hubiera impuesto a tesis más reflexivas como las de Iñigo Errejón o Joan Baldovi   -Compromís-, quizás se hubiera impedido que Pedro Sánchez eligiera como compañero de viaje a un partido de la derecha como C’s, diseñado para neutralizar a Podemos, jugando en el mismo espacio alternativo de la lucha contra el bipartidismo. Así habría sido posible un pacto de la izquierda con los nacionalistas, semejante al que dos años más tarde propicio la moción de censura, pero con una mayoría parlamentaria mucho más holgada.

Está claro que el pacto entre el Partido Socialista y Unidos Podemos para la moción de censura de junio de este año, llegó tarde, porque la resurrección política de Pedro Sánchez se produce en un momento en el que comienza a hacerse patente el proceso de descomposición de Unidos Podemos y la caída en picado de la popularidad de Pablo Iglesias, lo que obliga a éste a asumir, desde su propia debilidad, las tesis planteadas en 2016 por Íñigo Errejón, aceptando ahora la  investidura de Sánchez como Presidente de Gobierno sin condiciones iniciales previas. El problema del momento en el que se produce el pacto Sánchez – Iglesias, se deriva de que las expectativas de la recuperación electoral de los socialistas no son suficientes para absorber las fugas del electorado de Podemos, lo que sitúa al pacto de ambas fuerzas en una posición de extrema debilidad y dependencia frente a los apoyos de los grupos nacionalistas catalanes.

La mayor contradicción de Pablo Iglesias consiste en asumir en 2018 la estrategia de Íñigo Errejón de 2016, respecto al pacto con los socialistas, renunciando a los objetivos que le llevaron en ese momento a no permitir la investidura de Pedro Sánchez si no se le garantizaba su entrada en el gobierno con una representación proporcional a los resultados electorales. La estrategia de Pablo Iglesias perseguía conseguir el «sorpasso« al Partido Socialista, para convertir a Podemos en el partido hegemónico de la izquierda y aspirar a llegar a la Presidencia del Gobierno, objetivos a los que en junio de 2018 ya había renunciado.

Por otro lado, la propia personalidad de Pedro Sánchez, como un superviviente a cualquier precio, y por ende su estrategia política, llevaban implícito el fracaso de los planteamientos de la Moción de Censura, y como consecuencia el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado presentados. Sánchez, acostumbrado a jugar políticamente en inferioridad de condiciones, ha hecho «del farol y del órdago» unas jugadas recurrentes que, aunque a nivel interno, frente a su propia militancia le ha permitido sobrevivir, sorteando las dificultades que se le han presentado para liderar el Partido Socialista, no le han servido, sin embargo, para que la Moción de Censura que lo hizo Presidente del Gobierno, se tradujera en una estabilidad parlamentaria suficiente para permitirle aprobar unos presupuestos y poder así acabar la legislatura. Entre todas las razones que están detrás del rechazo a los presupuestos resulta determinante, por ser su detonante final, la falta de crédito político de Pedro Sánchez frente a los nacionalistas catalanes. Una falta de credibilidad que es la consecuencia directa de mantener una estrategia caracterizada por un discurso con una ambigüedad calculada, en función de la coyuntura o el momento político y siempre con la vista puesta en sus expectativas electorales; jugando unas veces a mantener en Cataluña la imagen de una izquierda receptiva a un diálogo comprometido, y otras a mantener en Madrid una imagen más centrista dirigida a neutralizar las críticas de la derecha.

Consciente del «tancredismo» que respecto a Cataluña mantuvo Mariano Rajoy, responsable de la agudización del problema y de la ruptura de cualquier canal de comunicación del Estado con la Generalitat, Pedro Sánchez hizo bandera de la negociación con Cataluña en el debate de la Moción de Censura, pero la tozuda realidad ha demostrado que una vez más iba de «farol», porque se ha podido constatar que no tenía nada que ofrecer. Ciertamente las conversaciones de Pedro Sánchez con los independentistas han sido estos últimos meses un «diálogo de besugos», que no ha servido para otra cosa que para radicalizar la «guerra de las banderas» y el discurso ultra-español de la derecha. Y hablábamos de que Pedro Sánchez no tenía nada que ofrecer, porque no estaba en su mano ni plantear un estado plurinacional que permitiera un nuevo encaje de Cataluña en el Estado Español, ni contemplar la aceptación del llamado «derecho a decidir» de los catalanes, medidas ambas que requieren una reforma constitucional que no es posible llevar a cabo sin una mayoría parlamentaria que, actualmente y previsiblemente en un futuro a medio plazo, es absolutamente inviable por la negativa frontal del bloque de la derecha a hacer cualquier tipo de concesión para resolver un problema territorial, que como en su momento el terrorismo, le produce réditos electorales en el resto del Estado. Finalmente hay que poner de manifiesto que ante la falta de alternativas y el fracaso de un diálogo sin contenido con los partidos independentistas, Sánchez pasa del «farol al órdago», y les amenaza con la convocatoria de elecciones, argumentando que debían elegir entre un gobierno socialista o un gobierno de la    derecha apoyado por VOX, partidario de suspender la Autonomía de Cataluña reimplantando el artículo 155 de la Constitución.

El resultado ya es conocido, los partidos nacionalistas presentaron su enmienda a la totalidad de los presupuestos, para rechazar su aprobación. Valoraron en términos electorales entre apoyar la continuidad del gobierno socialista, sin obtener ninguna contraprestación respecto a una solución política al conflicto que pudieran venderle a su electorado como un éxito propio, o apostar por un proceso electoral que si bien podría abrir las puertas a un gobierno de derechas radicalizado y partidario de la aplicación del artículo 155, también podría traducirse en un victimismo del nacionalismo independentista que podría movilizar a su electorado para ampliar su mayoría en el Parlament de Cataluña, con una estrategia de «cuanto peor mejor».

En definitiva, el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el gobierno socialista con el apoyo de Unidos Podemos, obliga a Pedro Sánchez a convocar elecciones a finales de abril, abriéndose un nuevo escenario en el que, gane quien gane las elecciones, el conflicto catalán seguirá sin tener una solución a la vista.

3ª.  La falta de sentido de Estado y el fracaso de la política

La última evidencia del resultado del debate de los presupuestos es la constatación de la incapacidad de los partidos del arco parlamentario español para llegar a acuerdos de Estado, algo especialmente grave en lo que se refiere a la imposibilidad de resolución del Conflicto de Cataluña. En este sentido, hay que señalar que la realidad constitucional española no contribuye a la resolución del conflicto y que, por el contrario, en ella está probablemente una de las raíces del problema.

La Constitución que, como la Ley Electoral se concibieron desde el bipartidismo, y se erigieron como pilares del mantenimiento del «statu quo» del régimen de 1978, sólo admiten su reforma por consenso o en su defecto por una mayoría de los dos tercios de los diputados del Parlamento, lo que en la práctica impedía la reforma sin un acuerdo previo entre los partidos mayoritarios, Partido Socialista y Partido Popular. Esta imposibilidad de abordar una reforma constitucional se agudiza con la irrupción en 2015 de Podemos y Ciudadanos, algo paradójico porque lo lógico es que la crisis del bipartidismo facilitara la posible reforma; pero bien al contrario, con el nuevo mapa parlamentario la Constitución se convierte en una arma arrojadiza con fines estrictamente electorales. La Constitución ha dejado de concebirse como un marco para desarrollar derechos y libertades, y se ha convertido en un corsé que, con el recurrente pretexto de «la Unidad de España», impide la modernización de la estructura del Estado y su adecuación a la realidad española del siglo XXI.

Y es en este contexto en el que el Conflicto Catalán adquiere una dimensión irresoluble.

Con independencia de las aspiraciones independentistas de sectores de las sociedades vasca y catalana, está absolutamente contrastado sociológicamente que los partidos independentistas no sólo reciben apoyo de votantes estrictamente independentistas, sino que reciben apoyos muy importantes de sectores del electorado que tienen otras aspiraciones –mayores cotas de autogobierno, una estructura federal del estado, una forma de estado alternativa a la monarquía o  simplemente el derecho a decidir–;  sin embargo los partidos nacionalistas catalanes, con un marcado provincianismo «prefieren ser cabeza de ratón a cola de león», obvian la importancia numérica de su electorado proclive a negociar un nuevo encaje de Cataluña en el Estado Español, y se centran exclusivamente en las reivindicaciones independentistas, radicalizando un discurso frentista con el doble objetivo electoral de lograr, por un lado, una mayoría de votos y de escaños en un futuro Parlamente de Cataluña, y por otro, competir por erigirse en la primera fuerza política catalana. Todo ello olvidándose de hacer una política que tuviera como objetivo prioritario mejorar las condiciones de vida de la ciudanía catalana y elevar su nivel de vida.

Por otro lado, los partidos nacionalistas de la derecha española, asumen sus posibles malos resultados electorales en Cataluña si con ello se garantizan unos buenos resultados en el resto del Estado Español, que les permitan obtener una mayoría de derechas en el Parlamento Nacional. Realmente la solución del Conflicto Catalán, no le preocupa lo más mínimo a la derecha española porque lo que realmente le preocupa es llegar al poder, superando electoralmente a la izquierda, y para ello la exacerbación del Conflicto Catalán es un arma cada vez más recurrente. La derecha nacionalista española no sólo no se plantea la modernización administrativa y territorial del Estado Español, es que ni siquiera prioriza la solución de los problemas reales que tiene la ciudadanía española –el paro, la vivienda, la educación, la sanidad o el medioambiente– y utiliza el Conflicto Catalán para crear un discurso frentista que pretende rentabilizar el «patrioterismo español» que, movilizado por la Unidad de España, se olvida de sus problemas reales.

Finalmente, la izquierda española, tanto la clásica como la recién llegada, enzarzada en luchas cainitas por la hegemonía, y sin querer asumir la pérdida de su identidad por el fracaso de la socialdemocracia europea, debería plantearse seriamente reelaborar su discurso teórico y su estrategia, porque el neoliberalismo económico, la globalización y la perdida de la soberanía nacional a favor de la Unión Europea la han dejado sin su tradicional espacio político, y en una situación de debilidad que anula su capacidad para resolver los problemas territoriales que subyacen en el Conflicto Catalán, y que sólo podrían tener solución con una reforma constitucional que permitiera el encaje de Cataluña y el País Vasco; reforma que no son capaces de que cale en la ciudadanía y para la que tienen a la derecha en contra .

En definitiva, la falta de sentido de Estado de los partidos de la derecha que representan el ultranacionalismo español, el provincianismo reaccionario de los partidos nacionalistas catalanes que defienden el independentismo, y la debilidad de los partidos de izquierda, faltos de un discurso coherente y, por ende, de credibilidad, ponen de manifiesto el más absoluto fracaso de la política, imposibilitan a corto plazo la solución del Conflicto de Cataluña, y amenazan con que a medio plazo la ruptura sea inevitable.

José María Sánchez Ródenas (Anonimous Rebellis) es arquitecto e inscrito en Podemos.