En estos días, el presidente nacional de una distribuidora de combustible disfrutaba de vacaciones en su propiedad localizada en el sur de Chile, cuando con gran sorpresa observa que tres mujeres retozaban con toda soltura a orillas del lago Ranco, en lo que considera su propiedad. Sin mayor diplomacia, las conmina a salir afirmando que “estoy con mi familia y con mis hijos, ¿ya? Y este jardín lo cuido yo, es mi jardín, que deslinda con el lago Ranco. Si ustedes se quieren instalar allá donde revientan las olas, perfecto, se ponen ahí, pero es mi jardín”. Agregando “Esto es mi jardín, yo deslindo con el lago Ranco”.
La viralización de un vídeo que muestra lo ocurrido ha permitido destapar una realidad muy propia de Chile en pleno siglo XXI: la prepotencia de no pocos de los que conforman las élites, que nos hace rememorar la conducta de quienes eran patrones de fundo, así como de aquellos ahora creen ser jefes o dueños del país.
En conocimiento de los hechos, el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, militante y ex-diputado de derecha, se apresuró a afirmar que “en Chile no existen las playas privadas”, una frase para el bronce que ilustra la disonancia entre la realidad que se vive a diario y la legalidad imperante.
Según la información recabada, la legalidad señala que los espacios públicos que rodean a los lagos, estos es, las playas, son aquellos limitados por los niveles de marea mínima (baja) y máxima (alta). Por tanto, toda propiedad privada limita con el nivel de marea alta, lo que significaría que cuando la marea está alta, no hay playa pública. Sí la habría cuando está baja. Una definición bien sui generis que dudo exista en algún otro país del mundo. Pero como bien sabemos, en Chile todo es posible, mal que mal, somos únicos.
En consecuencia, las investigaciones en curso apuntan a determinar si las tres mujeres se encontraban dentro de los límites señalados. Lo más probable es que finalmente la sacrosanta justicia termine por darle la razón a quien tiene poder económico suficiente para imponerse. El criterio dominante está basado en la tendencia hacia la privatización de los recursos públicos. Fenómeno similar se está observando en torno a los derechos de agua.
Mientras el sur se incendia y el norte se inunda, la prepotencia y la discriminación campean por nuestras playas.
