Autonomía, cuando los ricos la quieren, se escribe soberanía y se pronuncia egoísmo. Eso es lo que está sucediendo en Italia, ya no en la forma descarada de la Liga de la primera hora cuando ganaba las elecciones al grito de «Roma Ladrona», pero en una forma en base a la norma. Pero al final el resultado será el reclamado por las regiones más ricas durante mucho tiempo: retener para sí mismas toda la riqueza producida sin tener que compartirla con las más pobres.

En el pasado, el reclamo había tomado incluso tonos atrevidos hasta el punto de simular, el 8 de mayo de 1997, una marcha separatista en la Piazza San Marco que durante unas pocas horas había logrado ondear la bandera de los Serenissimi en el campanario de la catedral de Venecia. Luego, dejando los épicos gestos a los impulsivos, los refinados políticos se concentraron en los espacios ofrecidos por la ley y al final encontraron la manera de obtener de una forma progresiva aquello que no habían logrado conquistar con la colisión frontal.

La ocasión se produjo en el 2001 con la modificación de algunos artículos de la Constitución que, entre otras novedades, presenta la posibilidad de que las regiones que lo requieren puedan disfrutar de una mayor autonomía en una serie de cuestiones, algunas reservadas al estado y otras de competencia compartida. Entre ellos está la educación pública, salud, pensiones complementarias, pero también la distribución de los ingresos tributarios. Inmediatamente hubo varias iniciativas regionales para obtener una mayor autonomía: Toscana en el 2003 para el patrimonio cultural, luego en 2006 hasta el 2008 Véneto, Lombardía y Piamonte sobre diversos temas. Pero ninguno de ellos llegó al puerto, ni siquiera por la actitud hostil del cuarto gobierno de Berlusconi (2008-2011). En el período más reciente, sin embargo, el problema ha recuperado impulso. En 2017, tres regiones, Véneto, Lombardía y Emilia Romaña solicitaron formalmente al gobierno poder gozar de una mayor autonomía y el 28 de febrero de 2018, unos días antes de las elecciones generales del 4 de marzo, el Gobierno de Gentiloni concluyó con cada una de ellas un acuerdo previo. Los textos, muy similares entre sí, se centran en tres cuestiones clave: la duración de una mayor autonomía, las cuestiones objeto de una mayor autonomía, los recursos de pago. La duración es de 10 años, durante los cuales las revocaciones son posibles solo si ambas partes están de acuerdo. Los temas son los de políticas laborales, educación, salud, protección ambiental, relaciones internacionales y con la Unión Europea. En cuanto a los recursos, el acuerdo previo establece que serán determinados por una Comisión Conjunta Estado-Región especial, inicialmente basada en las necesidades estándar, y luego también sobre la base de «los ingresos fiscales acumulados en el territorio regional«. Y para demostrar que el demonio acecha en los detalles, lo que podría parecer un discurso legal en realidad es un tema político de gran importancia social, tal vez el objetivo real al que apuntan las tres regiones solicitantes, entre las más ricas de Italia.

El requisito estándar indica el nivel de servicio que debe garantizarse y, dado que debe ser el mismo en toda Italia, está establecido por el gobierno central. La medida fue dada por la Constitución para poner a todos los italianos en el mismo nivel de igualdad. Una vez que se ha establecido el requisito estándar, que es el mismo en toda Italia, también se establece su costo per cápita. Por lo tanto, a cada región se le asigna una cantidad igual al costo per cápita multiplicado por el número de ciudadanos residentes. En otras palabras, determinar qué región recibe más y cuál recibe menos es solo por la diferente cantidad de población. Pero si decimos que los recursos también se determinan de acuerdo con la cantidad de ingresos generados en la región, entonces se inserta un elemento de apartheid entre los ciudadanos italianos porque aquellos que viven en las regiones más ricas tendrán una cantidad per cápita más alta que aquellos que viven en las regiones más pobres. En concreto, los enfermos de Emilia Romaña gozarán de una mejor atención que la de Basilicata, la estudiante de Lombardía tendrá una mejor educación que la de Sicilia, el camionero del Veneto viajará en mejores carreteras que el de Calabria. Lo que solo empeorará la ya muy fuerte división entre el Norte y el Sur. Según el informe Svimez en el 2018 «el monto total del gasto público consolidado, entendido como gasto por las administraciones centrales y locales, es significativamente menor en el Sur: 6.886 euros por habitante en 2016 en comparación con los 7.629 euros en el Centro-Norte». Además, los efectos se ven en todos los niveles: asistencia social, educación, salud. Los datos sobre la movilidad hospitalaria interregional son quizás la imagen más clara de las deficiencias del sistema hospitalario meridional. El Svimez certifica que el saldo neto de hospitalizaciones extra-regionales de las regiones meridionales alcanzó 114 mil unidades en 2016. Una movilidad asociada con el uso de la salud privada para evitar largas listas de espera, obliga a las familias del sur a realizar un gran esfuerzo financiero. No es casual que en el sur la llamada «pobreza sanitaria», el empobrecimiento debido a la aparición de patologías graves, afecte más que en otros lugares. A nivel nacional, en el año 2015, el porcentaje de familias empobrecidas para apoyar los gastos de salud no cubiertos por el Servicio Nacional de Salud, fue igual al 1.4%. Pero en las regiones del sur alcanzó el 3,8% en Campania, el 2,8% en Calabria, y el 2,7% en Sicilia.

El contrato del gobierno entre Lega y Movimento 5 Stelle afirma que es «un tema prioritario en la agenda del gobierno para la asignación de una mayor autonomía en la implementación del art. 116, tercer párrafo de la Constitución, que también concluye rápidamente las negociaciones entre el Gobierno y las regiones que están abiertas». Recomendación aceptada por Erika Stefani, Ministra de Asuntos Regionales que en otoño del 2018 llegó a acuerdos definitivos con las tres regiones del Valle del Po. Y ahora que también han obtenido la aprobación del gobierno, están a punto de ser sometidos a la aprobación del Parlamento, pero no tienen la posibilidad de enmendarlos o entrar en los méritos de su contenido. Solo puede aprobarlas o rechazarlas. Y si se aprueban, todo el poder para definir el contenido regulatorio y financiero específico se delegará a las Comisiones Conjuntas de los Estados y las Regionales, que se restarán de cualquier control parlamentario. Esto es lo que el profesor Viesti llamó la secesión de los ricos: que se sabe dónde comienza, pero no dónde termina.

Traducción del italiano: Ana Gabriela Velásquez Proaño