La Federación de Colegios Profesionales, organización que agrupa a la mayoría de los profesionales del país, manifiesta su más profunda preocupación y rechazo, ante el acto discriminatorio del gobierno del presidente Sebastián Piñera, al enviar al Senado una propuesta de nuevos integrantes para la Comisión Nacional de Acreditación, sin incluir en ella a ninguna representante del género femenino.
Las universidades que forman profesionales han padecido por siglos de un sesgo patriarcal, poniendo en jaque la libertad de las mujeres en la educación superior. Sin embargo, gracias a notables feministas en la historia, se ha abierto un camino hacia la igualdad en el trato y la no discriminación, el cual fue retomado con fuerza por el movimiento feminista en el último tiempo, en todas las universidades del país, lo cual contribuyó a su vez, a hacer visible el problema ante la opinión pública.
En este contexto, resulta incomprensible la actitud del gobierno que viene a desconocer lo anterior y violar un derecho fundamental, al dejar a las mujeres fuera de una instancia que tiene la importante misión de velar por la calidad de la educación superior, como es la Comisión Nacional de Acreditación. El derecho vulnerado es aquel que señala que toda persona tiene el derecho a “ser libre de toda forma de discriminación”, con esta propuesta se deja fuera al 50% de la población del país y eso nos parece impresentable.
Sabemos que hay muchas mujeres en Chile lo suficientemente calificadas para asumir una representación en la CNA. Argumentar la inexistencia de ellas, no sería sino otra afrenta a la ciudadanía femenina.
Recordamos a la autoridad que tanto la ley Antidiscriminación como la ley de identidad de género, reconocen principios fundamentales de derecho, que impiden una discriminación arbitraria. Con su propuesta de nominación para la CNA, la autoridad de Gobierno trasgrede hoy esos principios, y sin justificación alguna, cierra oportunidades de participación a académicas. Es más, esta misma Ley indica que los órganos del Estado deberán respetar la dignidad de las personas y velar por el respeto al principio de la dignidad en el trato.
Dado lo anterior, solicitamos al Gobierno que retire la propuesta presentada al Senado, e incorpore académicas a la misma, y de no ser así, instamos al Congreso a rechazar la propuesta del ejecutivo, por cuanto sería un retroceso a los avances logrados en los últimos años en el tema de equidad y paridad de género.
Finalmente, queremos señalar que esta declaración no implica descalificar a ningún académico presentado en la propuesta, sino, hacer un llamado al gobierno, al parlamento y a la opinión pública en general, a estar atentos y denunciar cualquier forma de discriminación y a avanzar hacia una sociedad más justa, para la cual sea obvia la obligatoriedad de tener representados a hombres y mujeres en los órganos de decisión, en forma pluralista y paritaria en cuanto a género.
