“Vivimos una situación muy difícil. Hay una militarización a nivel regional, violencia de género. Estamos en riesgo, eso no lo podemos silenciar”, denunció la guatemalteca Aura Lolita Chávez en un encuentro en la capital mexicana de defensores de derechos humanos de América Latina.
La activista del pueblo indígena quiché y lideresa del Consejo de Pueblos K’iche’s por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio, señaló a IPS que el gobierno de Guatemala “ha dicho que somos bochincheros, que ejercemos la violencia, pero defendemos nuestro territorio y decimos no a las mineras”.
Chávez fue finalista del Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, en 2017, y ganadora ese mismo año del Premio Ignacio Ellacuría de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, y participa en el rechazo de las comunidades originarias del oeste guatemalteco contra la presencia en la zona de empresas mineras, hidroeléctricas y de productoras de palma africana.
Por esa campaña, la indígena ha recibido amenazas de muerte y agresiones que la obligaron a refugiarse en España en 2017.
Pero su caso está lejos de ser una excepción, tanto en Guatemala como en el resto de América Latina, la región más letal para los defensores de derechos humanos según diferentes informes, en especial los vinculados con la tierra y el ambiente.
Con ese contexto cada vez más alarmante, Chávez y medio centenar de activistas de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Uruguay participaron en Ciudad de México, entre el 15 y el 18 de febrero, en el Encuentro Internacional de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo el lema “Defender es no olvidar”.
A la reunión asistieron como invitados la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz; la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, la también filipina Cecilia Jiménez-Damary, y el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el uruguayo Edison Lanza.
Los defensores humanitarios identificaron amenazas comunes como la intromisión de empresas mineras y petroleras en territorios indígenas, campañas gubernamentales en su contra, persecución judicial, violencia de género y sociedades polarizadas que no suelen reconocer la defensa de los derechos humanos.
Evelia Bahena, defensora del sureño estado mexicano de Guerrero, deploró ante IPS “el sufrimiento y la destrucción” padecidas a manos de “empresas que hacen ganancias a costa de la vida de otros”.
En su territorio en el municipio de Cocula, Bahena ha enfrentado proyectos mineros, lo que ocasionó amenazas y demandas en su contra, lo que forzó su huida de su comunidad, una suerte que se repite para activistas que luchan contra megaproyectos que perjudican el tejido social de las localidades donde se construyen, sus derechos y sus recursos naturales.
Varios informes dan cuenta de la situación en que se desempeñan los defensores en la región. En el informe “¿A qué precio?”, publicado en julio de 2018, la organización internacional Global Witness determinó que del total de los 201 asesinatos de defensores ocurridos en el mundo el año precedente, 60 por ciento fue en América Latina.
Brasil registró la mayor cantidad de homicidios de activistas que cualquier otro país, 57. En México, la cifra fue de 15, cinco veces más que el año anterior, mientras Nicaragua registró la mayor tasa de asesinatos de activistas en relación a su población, con cuatro, según la organización basada en Gran Bretaña.
El “Análisis global 2018”, elaborado por la también organización internacional Frontline Defenders, ofrece igualmente un panorama crítico, al contar 321 asesinados en 27 países, nueve activistas más que en 2017. Del total de homicidios, 77 por ciento involucró a defensores de la tierra, del ambiente e indígenas.
En el continente americano la violaciones más comunes consistieron en amenazas y campañas de difamación, según la organización con sede en Irlanda. En Colombia, 126 defensores fueron asesinados, en México, 48; en Guatemala, 26; en Brasil, 23, y en Honduras, 8.
Para Ana María Rodríguez, representante de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, las condiciones difíciles persisten en su país donde en lo que va de 2019 ya fueron asesinados 20 activistas humanitarios.
“Seguimos sin una respuesta efectiva del Estado” para garantizar la seguridad de los defensores, resumió Rodríguez a IPS.
Las víctimas más numerosas son líderes y lideresas sociales de zonas otrora controladas por la extinta guerrilla de ñas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), trastocadas en un partido político con representación en parlamento, que suscribió con el gobierno los acuerdos definitivos de paz en 2016, que pusieron fin a medio siglo de conflicto interno.
“Hay retrasos e incumplimiento de los acuerdos”, lo cual contribuye a la indefensión de los protectores de derechos humanos, a criterio de la abogada.
En México, este año ya ha reclamado su cuota mortal, con al menos seis defensores y tres periodistas asesinados.
A ese récord se suman las crisis persistentes en Nicaragua y Venezuela, la llegada a la presidencia en enero del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil, con abiertas amenazas en contra de la sociedad civil, y los pronunciamientos del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, mandatario de México desde diciembre, en contra de organizaciones de la sociedad civil y periodistas críticos.
Los relatores presentes, en visitas no oficiales a México, escucharon los testimonios de los activistas y recordaron que los gobiernos de la región tienen obligaciones internacionales que respetar, como garantizar los derechos de los indígenas, personas desplazadas y periodistas, así como proteger a los defensores.
“Uno de los derechos básicos es la consulta y la obtención del consentimiento previo, libre e informado”, especialmente en el desarrollo de megaproyectos, enfatizó para IPS la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Tauli-Corpuz, perteneciente al pueblo originario filipino de los kankanaey igorot.
En el informe sobre México que presentó en octubre, la relatora especial cuestionó el incumplimiento de los derechos ancestrales, especialmente el de consulta sobre proyectos energéticos, inmobiliarios o turísticos en sus territorios.
El gobierno de López Obrador proyecta construir un tren sobre cinco estados del sur y sureste del país y la interconexión terrestre de las costas pacífica y atlántica y que cruzan tierras originarias, proyectos que ya le enfrentan a comunidades afectadas.
Por su parte, Lanza, el relator especial de la CIDH, señaló que las recomendaciones del informe conjunto divulgado en junio de 2018 con David Kaye, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, deben ser el punto de partida para las medidas a adoptar por el gobierno mexicano.
“Lo importante es que el Estado cumpla con las recomendaciones. Estamos en ese seguimiento”, dijo a IPS. En marzo, su relatoría presentará el anual informe regional sobre la libertad de expresión.
Jiménez-Damary, por su parte, resaltó que Colombia es el caso más crítico de desplazamiento interno forzado, con unos 6,5 millones de víctimas acumuladas hasta 2017, mientras en México unas 345.000 personas han tenido que abandonar sus residencias y 296.000 habitantes en El Salvador.
“Una persona desplazada ya es demasiado. El Estado tiene la principal responsabilidad” en ese tipo de casos, denunció a IPS la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los desplazados internos.
