“Histórica victoria. Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre Derechos Campesinos”, celebró la organización internacional Vía Campesina (que reúne a movimientos rurales de todo el mundo). La ONU, el máximo organismo de diplomacia internacional, tomó una medida sin precedentes y reconoció una serie de derechos para los sectores populares del campo, revindicó el rol fundamental de la agricultura familiar para combatir el hambre, defendió el derecho a proteger las semillas (frente a los intentos de privatización), remarcó la necesidad de la soberanía alimentaria e incluso señaló la necesidad de realizar reformas agrarias. Los campesinos producen en 70 por ciento de los alimentos del mundo.

Semillas en manos de campesinos e indígenas (y no como propiedad de las grandes empresas), control sobre los territorios, derecho a volver a las tierras usurpadas por privados o estados, soberanía alimentaria (derecho a los que pueblos decidan qué producir y cómo alimentarse), participación campesina en todos los asuntos que afecten sus territorios, cuestionamiento a los agroquímicos y promoción de la agroecología son algunos de los aspectos de la Declaración de Derechos Campesinos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Con 28 artículos, la Resolución final aborda todos los beneficios de la agricultura campesina, la necesidad de un modelo agropecuario sin agrotóxicos ni transgénicos, y reafirma la íntima vinculación entre la vida campesina y los derechos humanos.

“Los campesinos tienen derecho a acceder a los recursos naturales presentes en su comunidad que sean necesarios para gozar de condiciones de vida adecuadas, y a utilizarlos de manera sostenible. También tienen derecho a participar en la gestión de esos recursos”, establece el artículo 5. El artículo 17 aborda uno de los principales problemas rurales: “Los Estados protegerán la tenencia legítima y velarán por que los campesinos no sean desalojados”.

Foto CC0

La declaración de la ONU, que se aplica también a los pueblos indígenas, fue aprobada con 121 votos por la positiva, 54 abstenciones y ocho negativas (Estados Unidos, Australia, Guatemala, Hungría, Israel, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia).

Argentina se abstuvo. Al igual que Brasil, Canadá, Colombia, Honduras, Francia, Rumania, Rusia y España, entre otros.

La FAO (máximo organismo internacional del agro y la alimentación, también de la ONU) celebró: “La FAO aplaude una resolución histórica de la ONU que consagra los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales. La resolución también reconoce la contribución de las poblaciones rurales y los pueblos indígenas al desarrollo sostenible y la biodiversidad”, destacó el comunicado y recordó que los agricultores familiares “producen más del 70 por ciento de los alimentos del planeta”.

La declaración avanza a una de las causas principales de la injusticia rural: la concentración de tierras en pocas manos. Y hace propias palabras que el poder político no utiliza hace décadas pero sí los movimientos campesinos e indígenas: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para llevar a cabo reformas agrarias a fin de facilitar un acceso amplio y equitativo a la tierra, y para limitar la concentración y el control excesivos de la tierra, teniendo en cuenta su función social”.

Diego Montón, de la Coordinadora Latinoamericana del Campo (CLOC-Vía Campesina) y del Movimiento Nacional Campesino Indígena, afirmó que la Declaración “es un horizonte, un compendio de políticas públicas agrarias hacia donde debiera caminar cualquier Estado que se quiera identificar como respetuoso de los derechos humanos”. Explicó que no sólo reconoce derechos sino que también plantea obligaciones a los estados y que reafirma “el rol estratégico de la agricultura campesina en la lucha contra el hambre, la mitigación del cambio climático y destaca la importancia de la soberanía alimentaria como política y horizonte a seguir por los pueblos”.

Montón destacó el papel positivo jugado por Bolivia (uno de los impulsores de los derechos campesinos junto a la Vía Campesina) y lamentó el rol del gobierno de Argentina, que se abstuvo en la votación y que en sus políticas públicas muestra una clara inclinación hacia el agronegocio y se encuentra en las antípodas de la Declaración de Naciones Unidas. El dirigente rural recordó que desde 2014 está vigente la llamada “ley de reparación histórica para la agricultura familiar” (con muchos puntos en común con la flamante declaración) y aún no fue reglamentada por el Presidente.

Niña campesina, Bolivia. Foto Eneas de Troya

En el marco de una avanzada empresaria (encabezada por Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y BASF) para leyes de privatización de semillas, Naciones Unidas fijó posición en el artículo 17: “Los campesinos  tienen derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender las semillas o el material de multiplicación que hayan conservado después de la cosecha. Tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus propias semillas y conocimientos tradicionales. Los Estados adoptarán medidas para respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a las semillas de los campesinos”.

La ONU también cuestionó el uso de agrotóxicos (clave del modelo transgénico) y remarcó la necesidad de un cambio de modelo (artículo 16), basado en al soberanía alimentaria: “Los Estados favorecerán la producción sostenible, en particular la agroecológica y facilitarán la venta directa del agricultor al consumidor”.