Por Leonardo Fernandes /Brasil de Fato / Traducción de Pressenza
El presidente Jair Bolsonaro quiere flexibilizar mediante un decreto los requisitos para la posesión de armas en el país
«Sería inaccesible que alguien te matara si cada bala costara lo que cuesta un yate.» La frase no es de ningún experto en seguridad pública. Es una línea de la canción La Bala, compuesta por el grupo portorriqueño Calle 13, para denunciar la banalización de la violencia promovida en todo el mundo por la industria armamentista.
Pero el nuevo gobierno brasilero no piensa igual. El 29 de diciembre, a dos días de asumir la presidencia de la República, Jair Bolsonaro anunció en una red social que pretende, por decreto, flexibilizar los requisitos para la posesión de armas en Brasil, endurecidos desde 2003 por el Estatuto del Desarme.
La medida anunciada por Bolsonaro se refiere a la posesión de armas, es decir, al mantenimiento de las armas en el hogar. El porte de armas –poder circular armado en espacios públicos– seguiría estando restringido a policías, fuerzas armadas y agentes de seguridad privada debidamente registrados.
«Por decreto pretendemos garantizar la posesión de armas de fuego al ciudadano sin antecedentes penales, así como hacer definitivo su registro», escribió.
Según la columna Painel de la Folha de São Paulo, la medida cuenta con el apoyo de Sérgio Moro, ex juez de primera instancia y ahora ministro de justicia de Jair Bolsonaro.
De acuerdo con las normas vigentes, la tenencia de armas de fuego está permitida en Brasil para los mayores de 25 años, con trabajo regularizado, que no sean sujeto de investigaciones o procesos judiciales, ni tengan antecedentes penales. El Estatuto exige también prueba de capacidad técnica y psicológica, y que el ciudadano declare la necesidad efectiva de tener un arma. Por otra parte, el decreto que regula la ley exige la renovación periódica del registro, que actualmente es de cinco años.
Guilherme Paiva, abogado del Instituto Brasilero de Ciencias Penales (IBCCrim), explica que el presidente no tiene la facultad de modificar el contenido del Estatuto de Desarme por decreto, atribución del Congreso Nacional, sin embargo podría cambiar el tiempo de validez del registro.
«Muchas de las normas actuales están establecidas en la ley, que es el Estatuto del Desarme. Para cambiar las reglas él tendrá que presentar un proyecto de ley al Congreso y ese proyecto de ley tiene que ser aprobado. Otras normas se establecen en el decreto regulatorio. Una de ellas es precisamente el momento y las condiciones para retirar la autorización de posesión de armas. Los requisitos legales siguen siendo los mismos, ya que el decreto no puede ir más allá de lo que está definido en el Estatuto del Desarme.”
Inmediatamente después de las elecciones de octubre de este año, el Instituto Sou da Paz emitió una declaración pública sobre el tema. «Iniciamos nuestro trabajo en 1999, a partir de la campaña estudiantil por el desarme que llevó al país a destruir más de 600.000 armas y a tener la primera caída de homicidios en 20 años de creciente violencia, año tras año. Si es cierto que un arma de fuego no mata sola, es aún más cierto que, sin ella, es mucho más difícil quitarle la vida a alguien», dice la declaración.
Iván Marques, director ejecutivo del Instituto, dijo a Brasil de Fato que no ve pertinente la modificación de las actuales normas para la tenencia de armas de fuego, sino que destacó –por lo contrario– la importancia de hacer cumplir las normas del Estatuto del Desarme, que según él no tuvo su contenido puesto integralmente en práctica.
«Hoy, los requisitos me parecen bastante razonables. Pasar por una prueba psicológica, es decir, someterse a una evaluación por parte de un profesional de la Policía Federal para atestiguar capacidad psicológica, me parece absolutamente sensato frente a todos los ataques que vemos cada semana en los Estados Unidos o incluso aquí en Brasil. Suena como un filtro interesante para evitar que las armas caigan en manos de locos. Otra prueba es la aptitud física, del mismo modo que tenemos que hacer un examen práctico para obtener una licencia de conducir. Con el arma es lo mismo. Entonces me parecen medidas absolutamente razonables que no tiene ningún sentido flexibilizar».
En opinión de Marques, la propuesta del Presidente Jair Bolsonaro de establecer un registro definitivo de armas de fuego, le saca al Estado todo control sobre la circulación y facilita el comercio ilegal.
«Cuando el presidente anuncia que este registro será permanente, está renunciando a controlar ese arma y, en segundo lugar, a controlar quién la maneja. En otras palabras, una concesión que el Estado brasilero otorga a la gente para tener un arma en casa, se convierte en algo absolutamente incontrolable.”
Para Paiva, el texto corto de un tweet no es suficiente para explicar una medida con implicaciones tan graves.
«¿Será un único registro permanente y no habrá ningún control periódico del arma? ¿Cómo se registrará? ¿Será de posesión permanente y de responsabilidad de quien haya registrado el arma? ¿Esa posesión va a estar ligada a una persona física viva? Es decir: ¿si el dueño del arma muere, el registro caduca? Así que hay una serie de dudas que ese tweet no resuelve».
Juego de intereses
El Instituto Sou da Paz realizó una investigación de datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre los recursos de campaña en 2014, cuando todavía se permitía el financiamiento de empresas. Según la encuesta, las donaciones de la industria armamentista en las elecciones generales de 2014 ascendieron a R$ 1,91 millones, con cantidades distribuidas a 21 candidatos para el cargo de diputado federal, 12 para el cargo de diputado estatal, dos candidatos para gobernador y un candidato para el Senado.
En la lista de beneficiarios de los fondos de la industria armamentista se encuentra el nuevo Jefe de Gabinete del gobierno de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, quien recibió R$100.000 de empresas del sector. Lorenzoni fue elegido ese año como diputado federal por el partido Demócratas (DEM).
En la primera jornada de la bolsa de valores de 2019, un día después de la toma de posesión del nuevo gobierno, las acciones de la empresa Taurus, fabricante brasilera de armas de fuego, aumentaron considerablemente un 50%.
Brasil de Fato se puso en contacto con la asesoría del Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Onyx Lorenzoni, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.
En el referéndum se consultó a la población sobre la conveniencia de prohibir o no la venta de armas de fuego y municiones en el Brasil. La consulta no incluyó mecanismos de control. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil.
Política de control de armas
En el primer año del gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se celebró un referéndum sobre el desarme en Brasil. Marques llama la atención sobre el hecho de que, contrariamente a lo que se ha difundido, la consulta pública no se refería a las normas de control, sino a la prohibición del comercio de armas y municiones. La propuesta fue rechazada por el 63% de la población. Así, las demás normas establecidas por la Ley Nº 10826/2003 se mantuvieron inalteradas y se siguió autorizando el comercio de armas, según el resultado del referéndum.
Un estudio titulado «Control de Armas en Brasil – El camino a seguir», realizado por el Instituto Sou da Paz en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert, llama la atención sobre los resultados de la implementación de legislación que restringe el acceso a las armas de fuego en el país.
«El Estatuto del Desarme fue un factor importante para revertir el rápido crecimiento de muertes relacionadas con armas de fuego en Brasil. Entre 1993 y 2003 la tasa de homicidios por armas de fuego cada 100.000 habitantes, creció aproximadamente un 6,9% anual. A partir de 2004, con la entrada en vigor del Estatuto del Desarme, se produjo un claro cambio de tendencia, con un crecimiento que se redujo al 0,3% anual», dice el documento.
El estudio también revela el fuerte impacto económico de la violencia con armas de fuego, para el Estado. «Datos del Sistema de Informaciones Hospitalarias (SIH) del Ministerio de Salud, indican que la violencia armada impone un impacto financiero de casi R$ 44 millones al Sistema Único de Salud (SUS), relacionado sólo con los gastos de hospitalizaciones por heridas de bala.”
