El crimen de Maritza Quiroz, los líderes y lideresas sociales y reclamantes de tierras deben ser esclarecidos, los culpables, no solo los gatilleros, deben responder por sus delitos.
Por Piedad Córdoba
Maritza Quiroz era menuda, con el aire de dignidad que acompaña a quienes han sufrido los rigores de la injusticia. La violencia, que se ha hecho el peor de los vicios colombianos, la obligó a dejar su tierra, también le arrebató a su esposo. Pero ella se sobrepuso al miedo, a la desesperanza. Con serenidad y prudencia, ajena a protagonismos, asumió el liderazgo de las mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento en la zona rural de Santa Marta y fue suplente de la Mesa de Víctimas de la ciudad. Ese esfuerzo por el derecho a trabajar la tierra para ganarse el sustento, le costó la vida. Su ausencia, afecta a las comunidades del Magdalena, a las víctimas de desplazamiento y a los reclamantes de tierras, pero sobre todo a sus cuatro hijos, ahora huérfanos y con el futuro en vilo. No es justo que esto continúe sucediendo, que el gobierno siga sin intervenir, que continúe sin ejercer su mandato constitucional, el de proteger el bienestar y la vida de sus ciudadanos. De nada valen los pésames, de nada la efímera indignación en Twitter, plagada de lugares comunes. Son vacíos los discursos que prometen soluciones, así como las reuniones de las que no salen medidas efectivas para detener el de sangre. Así mismo, en nada contribuye la indiferencia cómplice de una sociedad que se rehúsa a entender que esto es asunto de todos. Esa apatía contribuye a que estos colombianos continúen siendo exterminados. La muerte de Maritza Quiroz, como la de todos y todas aquellas que la han antecedido es una absoluta vergüenza para nuestra sociedad y debemos intervenir.
Desde mayo de 2018, las autoridades habían declarado una alerta sobre los riesgos que se cernían para las personas como Maritza Quiroz en la zona rural de Santa Marta. En esta región, se encuentran Los Pachencas, entre otros. Se trata de unos delincuentes descendientes del Bloque Tayrona que sembró de terror paramilitar al Magdalena. De acuerdo con un documento del Ministerio Público, este grupo ejerce poder y control absoluto en la región cercana a Santa Marta, ¿cómo es esto posible? En otro aparte del informe, se indica que los miembros de este grupo tienen especial interés en temas de tierras, cita que por cada negocio de finca raíz cobran un gravamen del 10 %. Asimismo, los negocios que más les interesan son los que involucran a extranjeros. Los delincuentes les piden a los dueños que suban el valor de los inmuebles para así lucrarse de cada negocio, a quienes se rehúsan, los amenazan.
A estos factores se suma que entre 2011 y 2017 se instauraron 511 solicitudes de reclamación de tierra en esta región. En el informe se indica que micro focalizar los predios afectados es una tarea dispendiosa debido a la constante presencia de grupos armados ilegales, en particular, en el corregimiento de Guachaca.
A Maritza Quiroz, los violentos la encontraron en la parcela que el Incoder le había asignado a ella y a otras ocho mujeres para sembrar. A diferencia de las otras reclamantes, Maritza sí se decidió a cultivar. Lo hizo, pese al peligro, para poder sobrevivir, porque su situación económica era difícil y también porque era una mujer campesina, heredera de una tradición ancestral que seguro llevaba en la sangre. Por eso también, hacía parte de un programa de la Alcaldía de Santa Marta, La Sierra vuelve a sembrar. Los asesinos llegaron de madrugada y la ultimaron sin concesiones, sin temor, porque saben que los protege un manto de terror y de complicidad que los mantiene impunes.
De acuerdo a las autoridades, Maritza Quiroz no había reportado amenazas, pero sí lo habían hecho las demás mujeres del predio de San Isidro. Su asesinato es uno más de los 566 que según Indepaz se han perpetrado desde el primero de enero de 2016 hasta el 10 de enero de 2019. De ellos, 252 fueron cometidos en 2018. Crímenes contra personas honradas, trabajadoras del campo, que solo querían cultivar y cosechar la tierra, fuente de su sustento y el de sus familias. Ciudadanos que tenían derechos constitucionales, a quienes el Estado debía proteger y garantizar salud, educación, seguridad, pero a quienes abandonó, condenándolos a la pobreza y la violencia. Cómo podemos, los colombianos y colombianas mantenernos impasibles ante esta tragedia. Cómo podremos vernos al espejo de la historia y saber que no hicimos nada por detener esta agresión sistemática contra nuestros compatriotas.
Colombia debe recuperar su capacidad de asombro ante la violencia, de indignación ante la injusticia
Maritza Quiroz, como Alan Eder Mostacilla, Wilson Pérez Ascanio, José Rafael Solano González, Gilberto Valencia, Wilmer Antonio Miranda Cabrera, Miguel Antonio Gutiérrez son las primeras víctimas de 2019. Qué será de sus familias, cuántas otras familias colombianas quedarán huérfanas, cuántos destinos más serán truncados por la brutalidad de estos delincuentes, brazos armados de intereses nefastos. Hasta cuándo el gobierno seguirá sin actuar, pese a la multitud de informes y reportes de organizaciones independientes, internacionales y del propio Estado que señalan la magnitud y gravedad de la situación. Cómo es posible que estas muertes no susciten una reacción inmediata por parte del Estado y la sociedad civil.
Colombia debe recuperar su capacidad de asombro ante la violencia, de indignación ante la injusticia. Debe aprender a exigir equidad para todos sus ciudadanos, sin importar género o condición social, raza, o ideología. Como sociedad no podemos permitir que se perpetúe la violencia contra nuestros compatriotas más vulnerables por el solo hecho de querer vivir en condiciones dignas. De igual manera, la reivindicación de los derechos civiles y humanos no puede seguir siendo motivo para ser perseguido o asesinado impunemente en Colombia. Cómo es esto posible, cómo se puede justificar.
El crimen contra Maritza Quiroz, así como contra todos los y las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y reclamantes de tierras deben ser esclarecidos, deben detenerse. Los culpables, no solo los gatilleros, deben responder por sus delitos. El país debe exigirlo, de lo contrario estaremos perpetuando el ciclo de la violencia. Nuestro silencio e impasividad alienta y justifica la intimidación contra estos colombianos y colombianas. Entonces, debemos preguntarnos como sociedad si ese es el camino que queremos seguir recorriendo, si es que acaso no hemos aprendido nada y vamos a seguir sembrando tormentas y cultivando tumbas. ¿Es ese el legado que queremos dejar para el futuro?
