Por Desinformémonos
La comunidad indígena de Santa María Zapotitlán, en Oaxaca, interpuso un amparo contra el título de concesión minera para la empresa Minera Zalamera, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, y contra la Ley Minera, y con el cual acusan a 18 autoridades e instituciones federales y estatales por ofrecer el territorio a la corporación que busca extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo por 50 años.
De acuerdo con la comunidad, la concesión minera fue otorgada por la Secretaría de Economía bajo la Ley Minera sin haber consultado a las autoridades comunales, por lo que entre los acusados se encuentran el secretario de Economía, el coordinador general de Minas de la Secretaria de Economía y el Titular de la Secretaría de Economía delegación Oaxaca, así como la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, el presidente constitucional de México a través de la Secretaría de Economía, el secretario de gobernación, el director del diario oficial de la federación, entre otros.
El juicio de amparo fue interpuesto el 18 de diciembre de 2018, y el 20 del mismo mes el Juzgado Cuarto de Distrito dio entrada a la demanda y concedió la “suspensión de plano”, que funciona como medida preventiva y que protege los derechos agrarios del núcleo de población comunal quejoso.
Las autoridades del gobierno federal respondieron al amparo con un recurso de queja en el que apelaron a que la Suspensión de Plano “resulta improcedente, en virtud de que los actos reclamados, no tienen la naturaleza de suspendibles” y que ““es ilegal por la inobservancia y contravención a lo dispuesto por la fracción II del articulo 128, interpretado armónicamente con el articulo 129 fracción XIII de la Ley de amparo”.
De igual forma, el Congreso de la Unión señaló que con la Ley Minera no se violenta ningún derecho ni ninguna garantía de los pueblos indígenas.
En medio del proceso, los pueblos indígenas de Oaxaca presentarán una serie de materiales que reúnen las experiencias y luchas de las comunidades por la defensa del territorio el 1 de febrero, de modo que “de manera sintética” se compartan las herramientas, los recursos legales y la construcción de alternativas de los pueblos organizados que sirvan de ejemplo a los demás.
