Por Cristiane Sampaio / Brasil de Fato / Traducción de Pressenza
Ceará está en el punto álgido de la violencia, con 169 ataques en 42 ciudades. La sociedad civil pide políticas estructurales
Con una crisis crónica en el área de la seguridad pública, Ceará ha experimentado en los últimos días un clima de tensión para la población, especialmente para las comunidades de la periferia.
Comercios cerrados, toques de queda, reducción de la flota de autobuses, líneas de transporte que circulan con custodia policial, interrupción de la recolección de basura y otros servicios, conforman el escenario de terror que ya supera una semana y que afecta a la capital y a otros 41 pueblos del interior.
Bajo ataques desde el pasado miércoles 2, el Estado de Ceará ha registrado hasta el momento 169 acciones, incluyendo incendios de automóviles y colectivos; incendios en sucursales bancarias; explosiones en puentes y viaductos; ataques a edificios públicos, guarderías, semáforos, foto sensores, ambulancias y cámaras de concejales, entre otros.
Por un lado, el gobierno intenta articular –como medida de emergencia–, un refuerzo en las acciones de patrullaje, con la ayuda de hombres de la Fuerza Nacional y de la Policía Militar de Bahía. También se nombraron nuevos agentes penitenciarios y de la PM (Policía Militar) al mismo tiempo que se transfirieron 21 líderes de facciones criminales a prisiones federales.
Por otra parte, los actores de la sociedad civil organizada y los expertos, abogan por la adopción de otras medidas. Para el investigador César Barreira, coordinador del Laboratorio para el Estudio de la Violencia (LEV) de la Universidad Federal de Ceará (UFC), es necesario actuar en diferentes frentes.
Uno de ellos se refiere a las inversiones en el área de inteligencia, para que el Estado tenga la capacidad de frustrar las acciones de facciones y desarticular el crimen organizado. Además, señala que la acción del Estado debe ser diseñada con técnica y organización.
«El tema de la planificación tiene que hacerse de una manera muy rigurosa, para que tengamos acciones a corto, mediano y largo plazo. No podemos contener la violencia con violencia. Hay que contenerlo con inteligencia, con racionalidad», analiza.
Militarización
La naturaleza militarizada de las acciones implementadas por el gobierno del Estado es otra preocupación de los expertos. El investigador Luiz Fábio Paiva, del LEV/UFC, destaca que el uso de la Fuerza Nacional (autorizada por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro) por ejemplo, es una acción limitada y por lo tanto sin capacidad para promover cambios reales en el escenario de violencia.
El gobierno afirma que el uso de tropas sería una medida de emergencia para tratar de inhibir la acción de las facciones criminales sospechosas de cometer ataques.
El contexto de violencia en el estado está marcado actualmente por el fortalecimiento de grupos que emigraron de Río de Janeiro y São Paulo a Ceará, como el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), además de la Família do Norte, que surgió en Amazonas, y de facciones locales. Por su ubicación geográfica, la capital de Ceará es considerada estratégica para la ruta del narcotráfico internacional.
Un comercio de reventa de motocicletas fue atacado en la madrugada del lunes 7, en el barrio Couto Fernandes, en Fortaleza. Foto José Cruz/Agência Brasil
Contexto
Los ataques comenzaron el pasado miércoles 2, tras una declaración del nuevo secretario de Administración Penitenciaria, Mauro Albuquerque, de que el Estado promovería cambios en las prisiones, como la prohibición de la entrada de teléfonos móviles.
También anunció que pondría fin a la práctica de dividir a los prisioneros según la facción criminal, lo que tendería a socavar la articulación de la delincuencia organizada. En respuesta, las facciones han iniciado una serie de ataques que cuentan, hasta este miércoles (9), 215 personas capturadas, entre arrestadas y aprehendidas.
Entre otras medidas, el gobierno del Estado ha desplazado a oficiales de la policía civil del trabajo de investigación a las patrullas callejeras, que ahora también cuentan con unos 200 agentes de la Fuerza Nacional. El investigador Fábio Paiva señala, sin embargo, que la acción de la policía y especialmente de la Fuerza Nacional, tiene carácter puntual y superficial.
«Obviamente, la Fuerza Nacional garantiza el apaciguamiento porque hay una mayor presencia de personal policial. Sin embargo, no tiene poder para resolver los problemas que generan crimen y violencia en el Estado. Cuando esa Fuerza se vaya, todos esos problemas continuarán. Incluso durante el período en el que permanece, es muy probable que estos colectivos [facciones] continúen el proceso de incorporar jóvenes, esperando el momento para demostrar de nuevo su fuerza», dijo.
Iniciativas de política pública
En 2015, al asumir el primer mandato, el actual gobernador Camilo Santana (PT), lanzó el programa «Ceará Pacífico», centrado en la ejecución de diferentes proyectos intersectoriales que implicarían el fortalecimiento del personal del Estado, la acción policial de base comunitaria y la prestación de servicios públicos en las áreas social y de seguridad.
La atención se centró en los territorios altamente vulnerables. Entre otras cosas, las acciones involucrarían alianzas con el sector privado y la Intendencia de Fortaleza.
La idea de Ceará Pacífico sería, entre otras cosas, reducir la vulnerabilidad de las comunidades objetivo para evitar la captación de jóvenes por el crimen organizado, articulador del narcotráfico. La obra, sin embargo, no pudo alcanzar el horizonte esperado. Eso es lo que dice Adriano Almeida, del Foro Popular de Seguridad Pública de Ceará, que reúne a entidades, movimientos populares y otros actores.
Almeida, que opera en Grande Bom Jardim, una de las zonas más violentas de Fortaleza, señala que el estado no habría podido atender eficientemente las necesidades diagnosticadas para el lanzamiento del programa, por ejemplo una mayor coordinación entre las fuerzas estatales y los territorios más vulnerables.
«La perspectiva comunitaria de diálogo con la sociedad civil y los movimientos populares ha cambiado completamente. Durante el proceso, la perspectiva militarizada cambió el carácter y el alcance general del programa. La primera concepción y la actual son totalmente diferentes», dice.
Juventud
Caio Feitosa, de la coordinación de la ONG Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, que opera en barrios periféricos de la capital de Ceará, destaca que los jóvenes son considerados los más vulnerables al narcotráfico. Por eso terminan convirtiéndose en el blanco principal de la violencia.
En Fortaleza, por ejemplo, cerca del 50% de los homicidios se concentran en 17 barrios, todos ellos altamente vulnerables, según el diagnóstico del Comité Cearense para la Prevención de Homicidios en la Adolescencia. El año pasado, los asesinatos encabezaron el ranking de muertes de jóvenes de entre 10 y 19 años, con 2.053 casos.
Feitosa señala que, en general, las víctimas son personas muy próximas al círculo de la violencia.
«El perfil es siempre el de un joven que deja la escuela; un joven que, contrariamente a lo que se dice, ya había buscado oportunidades de trabajo, una inserción laboral precaria. También es un joven que casi siempre es hijo único de una madre, es decir, tiene un contexto muy amplio de abandono paterno, y vive en una zona con poca infraestructura urbana, una vivienda casi siempre muy precaria y en condiciones de pobreza», añade el coordinador.
El sistema de transporte público de Fortaleza y de la región metropolitana opera por debajo de lo normal este lunes (7), según informo el Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus). Foto José Cruz, Agência Brasil
Frente a este escenario, el investigador Luiz Fábio Paiva afirma que las inversiones prioritarias en políticas de seguridad pública ostentosas y represivas no habrían funcionado porque no garantizan resultados en la mejora de la calidad de vida, especialmente en las periferias.
Añade que el Estado carece de más políticas estructurales orientadas a la prevención de la violencia y el bienestar social. Entre otras iniciativas, los especialistas defienden acciones enérgicas en las áreas de educación, asistencia social y focalización en los territorios.
«Si no lo haces, efectivamente, no tienes solución a un problema que es muy serio y que, desafortunadamente, ha sido tratado con amateurismo y bravuconería», señala.
Lo que dice el gobierno
En una entrevista con Brasil de Fato, el secretario general de la Casa Civil do Ceará, Élcio Batista, admitió los problemas planteados por los expertos escuchados en este informe. Afirmó que «las acciones dentro de los territorios del Ceará Pacífico han estado ocurriendo más lentamente de lo esperado». Además, afirmó que es necesaria una mayor inversión en esos lugares, con acciones integradas de educación, salud, protección social, etc.
Desde el punto de vista de la lucha contra la delincuencia, Batista dijo que sería necesaria una mayor participación del gobierno federal en la administración del problema.
«En los últimos 15 ó 20 años, la acción de la Unión ha sido básicamente enviar la Fuerza Nacional al Estado y abrir vacantes en el sistema penitenciario federal para transferir a algunos líderes de facciones criminales», dijo.
El Secretario General defiende la implementación de una política nacional articulada entre la Unión y los estados para hacer una represión calificada del crimen organizado. Sostiene que las facciones criminales tienen un alcance nacional y que, por lo tanto, los Estados por sí solos no podrían encontrar soluciones más eficaces a la cuestión.
«Estamos hablando de tráfico de drogas y armas, lavado de dinero…. Son crímenes federales. Estamos hablando de cuestiones que han traspasado las fronteras del país, de delitos transnacionales. Este es el gran desafío que hay que enfrentar, porque no estamos hablando de un problema ubicado en Ceará. Ya ocurrió en los últimos cuatro años en Espírito Santo, Acre, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul», concluye.
