Wilmer Antonio Miranda fue asesinado en el Cajibio, en el departamento colombiano del Cauca. Pertenecía a la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibio, de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana y también formaba parte de la Coordinación Social y Política de la organización Marcha Patriótica.
A José Rafael Solano González, líder campesino de la Junta de Acción Comunal de Puerto Jobo, en Antioquia lo asesinaron el 4 de enero. Apenas iniciado el año, también perdió la vida de manera criminal, Gilberto Valencia, gestor cultural y joven dirigente del municipio de Suárez, en el norte del Cauca.
El lunes de la semana anterior el líder social y Presidente de una de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Calcedonia, en el Valle, Jesús Parafán, también murió de forma violenta.
Pero también fue asesinado en Hacaría, Norte de Santander, Wilson Pérez y en Córdoba, acribillaron a Maritza Quiroz Leyva, defensora de los derechos de las comunidades en ese departamento.
Seis asesinatos, en los primeros seis días del año y seguramente, hoy nos enteremos de un nuevo crimen contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. La masacre no se detiene y el gobierno no pone ningún empeño en traer la paz a los territorios.
Quiroz Leyva era líder de las mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento en la zona rural de Santa Marta y suplente de la Mesa de Víctimas de Santa Marta, por lo que los asesinatos son claramente selectivos y buscan detener toda protesta social y organización comunitaria en la Colombia a la que el Estado no llega, más que como instrumento del exterminio de disidentes políticos.
La senadora Victoria Sandino hizo un llamado al Estado colombiano a “no hacerse los de la vista gorda” frente a lo sucedido, teniendo en cuenta que Quiroz formó parte de una mesa de trabajo con el gobierno el viernes pasado.
