por Mariana Álvarez Orellana
El referéndum del domingo sobre cuatro reformas constitucionales terminó en un contundente triunfo –previsible- del presidente peruano Martín Vizcarra, que fortalece al mandatario ante un Congreso dominado por un fujimorismo hostil a su gobierno, pero en jaque ante las persistentes investigaciones sobre consuetudinarias prácticas de corrupción..
Más del 80% de los peruanos aprobaron prohibir la reelección inmediata de los congresistas, establecer controles al financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales, adelantar una reforma judicial que cree un nuevo organismo encargado de designar y destituir jueces y fiscales, y rechazó una cuarta reforma para volver a un Congreso bicameral.
Este resultado consolida a un presidente que nació débil al llegar al cargo en marzo pasado por la renuncia ante acusaciones de corrupción de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra no tiene partido político propio y basa la estabilidad de su gestión en su popularidad, que bordea el 70%. Pero no le faltan los problemas y ahora su gobierno deberá exhibir logros concretos a favor de esa inmensa mayoría que lo ha respaldado: de lo contrario, las cosas se le pueden comenzar a voltear.
Para los analistas locales, el referéndum trascendió el contenido de las cuatro preguntas puestas a consulta y se convirtió en un plebiscito para elegir entre respaldar al presidente Vizcarra –con una crisis ministerial en puertas- o a la oposición fujimorista y sus aliados del Partido Aprista del ex presidente Alan García, que –con sus principales líder presos o en camino a estarlo por casos de corrupción- que pese a dominar el Congreso fueron los grandes derrotados.
El llamado del fujiaprismo a votar «4 veces No», no logró calar en el electorado. Y la campaña de algunas fuerzas de izquierda para viciar el voto y exigir un cambio de Constitución y una Asamblea Constituyente arrancó muy tarde.
Hoy se abre un nuevo panorama. Hay que esperar una contraofensiva de los grupos políticos que, debilitados en sus estructuras, buscarán generar escenarios de confrontación, insistiendo en el argumento de la persecución política y una supuesta dictadura. Ahora le toca a los sectores progresistas retomar la agenda de lucha por un cambio constituyente a través de una reforma profunda, que garantice el desarrollo social y la protección de los derechos de peruanos y peruanas, señala La Otra Mirada.
Más del 85% que hoy le ha dado la razón a Vizcarra y ha respaldado su cambio de timón político, ese que empezó el 28 de julio de este año. Y que ha demostrado que se siente satisfecha con el accionar de la justicia.
Ese 85% estará a la expectativa de los siguientes actos de este gobierno y obliga a Vizcarra, legitimado por esta votación, a centrar sus esfuerzos en reactivar la economía, potenciar los proyectos de inversión y dar señales de no ceder a las reformas que hoy ponen en riesgo la estabilidad laboral tan venida a menos desde hace 25 años con la imposición del modelo neoliberal.
“Este referéndum era muy importante, pero de por si no cambia todo, es el inicio de un cambio que nosotros buscamos para el Perú. Este resultado indica que la democracia se ha fortalecido y estamos en camino a hacer grandes cambios”, señaló.
En el contexto de un duro enfrentamiento con un Congreso obstruccionista dominado por el fujimorismo, Vizcarra lanzó la propuesta de prohibir la reelección inmediata de los legisladores. Recibió enorme respaldo, tras conocerse la utilización de esa mayoría para proteger a funcionarios corruptos y tras los escándalos en los que se han visto envueltos legisladores de la mayoría fujimorista, desde vínculos con el narcotráfico hasta falsificación de documentos y/o acusaciones de acoso sexual.
Los peruanos rechazaron el restablecimiento de un Congreso bicameral en reemplazo del actual Parlamento unicameral impuesto en 1993 por la dictadura genocida de Alberto Fujimori. Vizcarra planteó el tema, pero le quitó su respaldo cuando el Congreso aprovechó para introducir de contrabando un cambio constitucional que debilitaba la facultad presidencial de pedir un voto de confianza para su gabinete ministerial y cerrar el Congreso y llamar a nuevas elecciones si esta confianza es negada dos veces.
La aprobación de establecer limitaciones y controles al financiamiento privado de los partidos políticos se da cuando los últimos cuatro presidentes –Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski– y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, son investigados judicialmente por lavado de activos por el financiamiento ilegal a sus campañas. Con esta decisión, se prohíbe la publicidad pagada en los medios de comunicación, la que se limitará a los espacios otorgados por el Estado.
La cuarta reforma crea un nuevo organismo –la Junta Nacional de Justicia– para nombrar y destituir jueces y fiscales, aprobada tras ponerse en evidencia la existencia de una mafia judicial con conexiones políticas, especialmente con el fujimorismo y el ex presidente Alan García, y en la que se vieron envueltos varios altos magistrados.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE,www.estrategia.la)
