Luego del rechazo del general director de Carabineros, Hermes Soto, a la petición de renuncia que le hiciera el Presidente Piñera, tuvo que recurrir a la figura del “decreto fundado” para removerlo, en base a lo contemplado en la Constitución y gracias a una de las reformas establecidas durante el gobierno de Lagos.
Esto tiene su origen en la responsabilidad de mando del general Soto por la muerte del comunero mapuche Catrillanca, asesinado por carabineros pertenecientes a las fuerzas especiales apostadas en la Araucanía y confirmado luego de versiones iniciales que señalaban que carabineros habían sido atacados, las que posteriormente se demostraron falsas porque Catrillanca estaba desarmado.

El general Soto gozaba de inamovilidad en su cargo, por eso el Presidente tuvo que recurrir al artículo 104 de la Constitución Política para destituirlo. Dicho artículo establece que debe emitirse un decreto fundado, informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado. En este caso se fundamentó en la necesidad de un nuevo liderazgo. Recién entonces pudo ser removido y nombrado el general Rozas. Remoción rechazada por la derecha encabezada por José Antonio Kast y vista con malos ojos desde la UDI y gran parte de RN, los mayores partidos de la coalición gobernante.

Es interesante consignar que la Constitución Política de 1980 no contemplaba posibilidad alguna de destitución de los comandantes en jefe de las FFAA ni del director general de Carabineros. Con las reformas del 2005, logró incluirse el artículo que permitió ahora al Presidente Piñera destituir a Soto. Artículo resistido por la oposición derechista de entonces, que no quería que la remoción quedara en manos del Presidente. Finalmente, ante la insistencia de Lagos, a regañadientes y no sin dificultades, accedieron pero exigiendo un decreto fundado y informando al Congreso Nacional.

Hoy desde el seno de gran parte de la propia derecha que Kast no trepida en calificar de “acomplejada”, se constata la necesidad de que el Presidente de la República tenga facultad de remoción de los comandantes en jefe de las FFAA y de Orden, cuando dejen de contar con su confianza. Sin embargo la derecha recalcitrante sigue viendo con malos ojos la posibilidad de que un Presidente, elegido por mayorías políticas “circunstanciales”, tenga esta facultad que pudiera afectar la “autonomía” de las FFAA.

En las democracias y repúblicas que se precian de tales se asume que el poder militar está supeditado al civil político, y que en tanto ello no sea así, lo que se vive no es más que una caricatura. Una fantasía, como me dijo un amigo, donde los políticos hacen como que mandan y las fuerzas armadas y de orden como que obedecen.

Tal como señalé en otra ocasión, no se le pueden pedir peras al olmo. La derecha está condenada a llegar atrasada a todas partes –tarde llegó a la ley de divorcio; tarde a conceder el derecho a voto de chilenos en el exterior; lo mismo a la ley de igualdad de género-.

Aprovecho de desearles a todos -derechistas y no derechistas, transigentes e intransigentes- un muy feliz año nuevo y que de una vez por todas vengan los tiempos mejores que tanto se pregonan!