Santiago Maldonado, Raphael Nahuel y Camilo Catrillanca, de 28, 22 y 24 años, respectivamente, en el momento de su muerte, que se produjo en los tres casos debido a circunstancias «no aclarables oficialmente» -aunque muy claras- entre agosto de 2017 y noviembre de 2018. Los tres murieron durante las operaciones de «limpieza territorial» en zonas entre la Patagonia y Araucanía, que pertenecían formalmente a Argentina y Chile, pero que originalmente eran «propiedad» del pueblo mapuche. Operaciones en las que la Gendarmería hace un uso extensivo de las balas y el robo, y de la fabricación y falsificación de pruebas, pero en las que hay que condenar a quien protesta, a quien se resiste y pide que se devuelva la tierra a los que siempre la han habitado o que no sea envenenada por el mal progreso. Los condenados son los reprimidos y no los que reprimen porque, como lo demuestran la historia y los acontecimientos recientes, si algunas figuras institucionales en particular cometen abusos, «el hecho no constituye un delito».
Para más detalles:
– Raphael Nahuel: un año de impunidad lacerante – Jean Georges Almendras, Antimafia Duemila, 3 de diciembre de 2018;
Es una práctica antigua falsificar pruebas. Una historia cada vez más familiar para Italia, que ha visto aplicarla en casa con el asesinato de Stefano Cucchi y en sus relaciones internacionales, tanto con el Egipto de Abd al-Fattah al-Sisi y el asesinato de Giulio Regeni como en las mismas relaciones con Buenos Aires (cerca de 2.000 millones de intercambios comerciales para 2017, según datos de InfoMercatiEsteri), ya que el caso de Maldonado y toda la historia del pueblo mapuche afectan de cerca los intereses económicos italianos: las tierras reclamadas por el «Pueblo de la Tierra», de hecho, desde 1991 son propiedad legal de la familia Benetton, principal terrateniente de Argentina.
La represión de los movimientos para la protección del medio ambiente en Italia es ahora familiar: desde los movimientos contra las grandes obras inútiles hasta los grupos de ciudadanos (re)activos contra el envenenamiento de las tierras desde Casale Monferrato hasta el triángulo Augusta-Melilli-Priolo.
Muerte (¿accidental?) de un «brujo» anarquista
Formalmente es un «no hay necesidad de proceder» contra el teniente Emmanuel Echazú para censurar la verdad sobre el asesinato de Santiago Maldonado, de los tres, el caso de mayor eco internacional. Esta es la decisión del Juez Gustavo Lleral de la Corte Federal de Chubut que el 29 de noviembre de 2018 -durante el G20 de Buenos Aires (Wall Street Italia)- cierra el caso alegando que la de Santiago es una muerte accidental ocurrida por una «suma de accidentes»:
la desesperación, la adrenalina y la excitación causadas naturalmente por la caída; la profundidad del pozo, las gruesas ramas y las raíces cruzadas en el fondo; el agua helada[que] humedecía sus ropas y zapatos hasta llegar a su cuerpo. Esa suma de accidentes ha ayudado a hundirlo y hacerle imposible flotar, impidiendo también que pueda emerger para tomar oxígeno.
Y si Santiago, el artesano anarquista conocido como «El Brujo», muere al caer en un pozo, no hay asesinato y por lo tanto no hay crimen de que culpar a los gendarmes.
Todo sucedió el 1 de agosto de 2017, durante una manifestación por la liberación de Facundo Jones Huala, líder mapuche detenido desde junio de 2017 en la Unidad 14 de la prisión federal de Esquel por solicitar la devolución de tierras a su pueblo.
Según lo que reconstruyó Javier Llorens en «Striptease del Poder», para escapar de los gendarmes Santiago tendría que cruzar el río Chubut, pero sin saber nadar, se esconde, empapado y frío, detrás de un arbusto al que llegan tres gendarmes, entre ellos el teniente Echazú, el único acusado en el juicio – que lo golpeó con los puños, piedras y golpe de los fusiles, probablemente hasta matarlo, hasta el punto en que su cuerpo será sacado de la zona en una bolsa negra, como lo demuestran las imágenes de la misma Gendarmería (analizadas por periodistas de StripteasedelPoder.com). Las marcas de los golpes en su cuerpo no serán detectadas por la autopsia también por efecto de la ropa mojada.
Durante 78 días no hay rastro de Santiago, tanto es así que en esas semanas su nombre entrará en la lista de más de 6000 desaparecidos que la Argentina ha registrado desde el fin de la dictadura cívico-militar hasta la fecha [1] y de los cuales al menos 200 desaparecieron a manos de la policía. Su cuerpo será encontrado a 300 metros aguas arriba del lugar de la desaparición: una primera extrañeza si se tiene en cuenta que los muertos, por lo general, no nadan, sobre todo contra la corriente. Y quizás no es casualidad que los bomberos, en los tres días de investigación posteriores a la desaparición, en esa zona no lo encuentren vivo o muerto.
La hipótesis inicial es que el asesinato no es intencional; hipótesis que coincide con la «verdad» oficial de la muerte accidental. Sin embargo, es la propia Procuraduría de Violencia Institucional -creada en 2013 como un organismo para combatir la violencia perpetrada por las fuerzas del orden argentinas- la que asegura que la policía rodea a Santiago aún con vida. Pero el informe que resalta este detalle se oculta de inmediato, como lo destacó Sebástian Premici, periodista y autor del libro «Santiago Maldonado, un crimen de estado».
¿Por qué Lleral no investiga el papel de los Gendarmes durante la represión que llevó a la muerte de Santiago Maldonado? ¿Hasta qué punto se puede atribuir la muerte del «El Brujo» a un accidente cuando decenas de gendarmes entraron en el área disparando salvajemente? Lleral afirma que no hubo desaparición forzada y encaja perfectamente con la hipótesis del Poder Ejecutivo: según el cual Maldonado entró al río, cayó en un pozo y murió. No hay contexto. Ningún perpetrador de una política de represión.
Preguntas para la reconstrucción de una verdad «hipotética»
Pero si la muerte no es deseada, o incluso accidental, ¿por qué la cadena de mando, que pasa del jefe de policía de Chubut, Juan Ale, a Patricia Bullrich (la ministra de Seguridad del gobierno nacional de Mauricio Macri a quien Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, la acusa de ser la «autora intelectual» del asesinato), toma medidas inmediatas para bloquear la investigación, falsificando los registros de las armas y de los vehículos usados -limpiándolos cuidadosamente- con el fin de borrar cualquier rastro? En los registros, reportados en una conferencia de prensa en septiembre de 2017 por Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, hay «páginas pegadas con whisky, los nombres se borran y se superponen, faltando las horas y los días» (video).
Pero si la muerte de Santiago Maldonado fue accidental, ¿qué sentido tiene desviar la investigación? ¿Y por qué denuncia, y luego niega, el hecho de que fue presionado para que dirigiera la sentencia hacia la muerte accidental después de haber sido llamado para reemplazar al juez Guido Otranto, acusado de colaborar con la misma gendarmería que se suponía debería haber juzgado?
Mapuche, siendo «palestino» en América Latina
La respuesta se puede encontrar en esos 300 metros entre el lugar de la desaparición y el lugar donde se encontró el cuerpo de Santiago Maldonado.
300 metros en los que se desarrolla una antigua lucha por los recursos naturales como el petróleo, el agua y el gas, y de la colonización de españoles y británicos -entre principios de 1500 y la segunda mitad de 1800- y que, hoy, ve la constante represión de multinacionales como Benetton y Ledesma, a los mapuches, pueblos originarios que viven en estas tierras, ahora formalmente divididas entre Argentina y Chile, desde hace más de 500 años. No es casualidad que tanto Benetton como Carlos Pedro Balquier, propietario de la azucarera Ledesma – y de unas 155.000 hectáreas de tierra – se encuentren entre los «grandes electores» del gobierno de Mauricio Macri, en el poder desde diciembre de 2015. Será la confiscación ilegal de las tierras mapuches lo que transformará a la Argentina en una potencia agrícola capaz de atraer migrantes de todo el mundo, incluida Italia, transformando a los mapuches en «terroristas», acusación que, informa Página 12, depende «de la codicia especulativa que estén asumiendo los territorios patagónicos ante el avance de las políticas neoextractivas», facilitada por la «vulnerabilidad de las instituciones democráticas que estamos viviendo en estos momentos». Esta es también una historia antigua y global que involucra a Italia en la lucha contra la «piratería» del Delta del Níger contra la destrucción social y ambiental promovida por las compañías petroleras -incluyendo, por supuesto, a Eni, como lo demuestra el caso judicial Opl245- o en el Valle de Omo en Etiopía, donde la salud de los pueblos indígenas y el medio ambiente se ven amenazados por las polémicas represas «Gibe»[2].
El grupo Ponzano Veneto, que fue objeto de una breve atención mediática tras el derrumbe del puente Morandi en Génova (14 de agosto de 2018) y que opera en Argentina desde 1991, se ha visto confrontado directamente con las reivindicaciones mapuches al menos desde 2002, cuando Attilio Curiñanco y su esposa Rosa Rúa Nahuelquir se instalaron con sus cuatro hijos en un área de 535 hectáreas de la finca Santa Rosa di Leleque, en un área -ahora recuperada- que para la familia Benetton representa una migaja en las 900.000 hectáreas de tierras patagónicas que poseían (44 veces la ciudad de Buenos Aires) y de las que, en todo caso, eran dueños, obtienen el camino despejado a pesar de la absolución de la familia Curiñanco-Nahuelquir en el proceso penal. La pregunta, en este punto, es tan legítima como obligatoria: ¿existe un interés directo del grupo Benetton en la represión de los mapuches y, en consecuencia, en el asesinato de Santiago Maldonado?
¿Hay un papel para Benetton en la represión mapuche?
Por ejemplo, se ha establecido que las camionetas del grupo fueron utilizadas por la Gendarmería durante la operación que condujo al asesinato y que, según lo que declara a la Cámara de Diputados de la Nación, Pablo Durán, Ministro del Gobierno de Chubut, habría sido dirigida desde el interior de la finca de Leleque por el abogado Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad y conocido por haber defendido repetidamente a militares del régimen cívico-militar, así como por sus posiciones «anti-Mapuche».
Un verdadero «estado dentro del estado» capaz de controlar «las entidades rurales de Esquel» y el gobierno de Chubut: Premici esboza así el poder de Benetton en Argentina. Un poder que el grupo -en 2004 excluido del FTSE4GOOD[3]- gestiona principalmente gracias a la Compañía de Tierras del Sur Argentino (CTSA[4]), controlada directamente por el holding financiero Edizioni y acusada de derramamiento de plaguicidas tóxicos en el Río Chubut; la Sociedad Rural Argentina (SRA), asociación profesional de grandes productores rurales y ganaderos, que es el punto de apoyo del poder argentino y, desde 2015, el Jeffrey Group, a quienes se confía la gestión de las crisis de los medios de comunicación relacionadas con la marca, así como la campaña de criminalización de los mapuches, acusados de estar vinculados a la ETA española y de las Farc colombianas, de periódicos como el «latifundio de los medios» Clarín, al lado del poder al mando en Argentina desde la época de la dictadura militar-civil, y La Nación, uno de los periódicos más poderosos del país, también con el gobierno de Macri como un acto de reverencia por la abolición de la Ley de Medios, presentada en 2009 por la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner para limitar el poder de los monopolios de los medios de comunicación.
Si el crimen es de Estado, el Estado (mismo) se absuelve
En resumen: en el caso de Maldonado, no estamos en la «enfermedad activa» de Giuseppe Pinelli, pero el camino parece ser ese. Un camino que el mundo, históricamente, ya conoce y se desarrolla en superposición de la llegada (¿retorno?) al poder del «totalitarismo transnacional» – la definición es de Renata Avila [5], abogada y activista guatemalteca por los derechos digitales – desarrollado en Rusia por Vladimir Putin y Hungría por Viktor Orbán, Italia por el gobierno de Salvini-Di Maio y la «nueva» América Latina de Macri y Bolsonaro (Brasil).
Un camino en el que el abuso de poder por parte de la policía «no constituye un delito»: es lo que decide la 4ta Sala del Tribunal de Casación (¿recuerda?) en el caso de Riccardo Magherini, quien murió de asfixia durante su arresto en Florencia en la noche entre el 2 y el 3 de marzo de 2014 – pero la historia de la tortura estatal en Italia, de «De Tormentis» a Stefano Cucchi, es larga- y eso es lo que el gobierno de Macri intenta con la extensión de los crímenes de genocidio y la majestad de la ley n.24390 (conocida como «ley 2 × 1» [6]), permitiendo a más de 700 miembros de la dictadura cívico-militar, que para Macri están sufriendo una verdadera «venganza política».
El pacto «represivo-electoral» del nuevo autoritarismo transnacional
Y si para algunos grupos políticos eso contra los que se manchan de genocidio y tortura es una «venganza política», cuando estos mismos grupos llegan al poder institucional son más laxos con los abusos de las fuerzas del orden, aunque sólo sea porque a menudo los círculos militares juegan un papel decisivo en su elección, en una especie de «pacto represivo-electoral» desde el asesinato de Santiago Maldonado hasta los de Giulio Regeni y Stefano Cucchi, desde la «enfermedad activa» de Pinelli hasta las promociones de muchos artífices de la «carnicería mexicana» del G8 de Génova en 2001 evidencia una línea de pensamiento peligrosa si consideramos las elecciones de los últimos tiempos, que han dado poder a muchos de estos grupos políticos: cuando el Estado es acusado, el tribunal de Estado lo (auto)absuelve.
NOTAS:
[1] Búsqueda en Democracia. Diagnóstico sobre la búsqueda de personas entre 1990 y 2013 – Acciones coordinadas contra la trata, Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, 2015;
[2] La presa «Gibe I», construida por Salini-Impregilo en 1999, causó el desplazamiento forzado de unas 10 mil personas; los magistrados investigaron la financiación de la represa «Gibe II», que se derrumbó parcialmente en 2011, unos días antes de la inauguración; la cuenca artificial creada por la barrera de la represa «Gibe III» ha sumergido gradualmente los territorios del Valle de Omo, causando daños muy graves a la agricultura y la ganadería, es decir, las principales fuentes de subsistencia de las poblaciones locales, también reducirá el nivel del lago del desierto de Turkana en Kenia, el más grande del mundo. 500,000 personas serán afectadas por los efectos de este proyecto. Fuente: Luca Manes «Morir de sed en el país de las represas», Left- 4 de mayo de 2018;
[3] Creado en 2001 por Ftse Group con el apoyo de Ethical Investment Research Services, el índice FTSE4GOOD incluye empresas que se destacan por la gestión y la aplicación de criterios ambientales, sociales o de gobernabilidad, como la sostenibilidad ambiental, la lucha contra el cambio climático, respeto de los derechos humanos y lucha contra la corrupción. Por lo tanto, están excluidos de la industria del tabaco, de las armas o de los que se sabe que explotan a los trabajadores. A este respecto, a lo largo de los años, los Benetton han sido acusados, tanto en Italia como en el extranjero, de daños al medio ambiente (Argentina). de explotación del trabajo infantil, especialmente después del colapso del Rana Plaza en 2013 (Bangladesh) y de haber llevado, en Italia, a la quiebra de unos 1.000 subcontratistas entre 1994 y 1995, con 5.500 empleos cancelados, según lo informado por Pericle Camuffo en «United Business de Benetton. Desarrollo insostenible desde Veneto a la Patagonia «, Stampa Alternativa, 2008;
[4] En «Quel Sud straniero», el historiador y poeta Ramon Minieri señala precisamente a la CTSA como una de las grandes compañías que en 1876 adquirieron ilegalmente un millón de hectáreas de tierras patagónicas;
[5] Renata Avila, Sara Harrison, Angela Richter, Mujeres, denuncia de irregularidades, Wikileaks. A Conversation, O / R Books, Nueva York, Londres, 2017; p.89;
[6] La ley, que entró en vigor en 1994 para acelerar el tiempo de los presos que esperan juicio, permite calcular como doble los días pasados en prisión a partir del segundo año de detención.
Traducido del italiano por María Cristina Sánchez
