por Eduardo Camín
El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular impulsado por Naciones Unidas fue aprobado por aclamación por más de 150 países en Marruecos, pero también registró el rechazo de once naciones. Éstas adujeron que el acuerdo afecta su soberanía pero son los más xenófobos y los que más aplican medidas antiinmigración.
Quince jefes de Estado, ocho primeros ministros, numerosos cancilleres y otros representantes participaron del encuentro en Marrakesh, presidido por el secretario general de la ONU, António Guterres, junto a la presidenta de la Asamblea General del organismo, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa.
Guterres se refirió a los países que se negaron a firmar el pacto, expresaron reservas sobre el texto o pidieron más tiempo, al aclarar que “no es un tratado” y “no es jurídicamente vinculante” y lamentó las “falsedades” sobre el documento y el fenómeno migratorio. Explicó que el texto garantiza “el derecho soberano de los Estados a determinar su política de migración y su prerrogativa para gobernar la migración dentro de su jurisdicción, en conformidad con el derecho internacional”.
Los que rechazaron el acuerdo fueron Estados Unidos, Brasil, Chile y Polonia, argumentando que atenta contra sus soberanías, mientras que Bulgaria, Estonia, Eslovenia y Suiza pidieron más tiempo antes de tomar una decisión.
También desde los sectores progresistas se hacen duros reparos al texto aprobado y se señala que detrás de conceptos que parecen positivos como el de los acuerdos globales o facilitar determinadas llegadas, confirma un modelo global de migración que imponen las políticas de algunos países donde quien marca la agenda es la extrema derecha, perpetuando un modelo de imposiciones políticas a terceros países, que llega incluso a limitar los legítimos intereses de éstos para que se cumplan los intereses xenófobos de los países más ricos
En América Latina, Chile y República Dominicana también se apartaron del pacto. El gobierno de Chile, argumentó que cada país es soberano para fijar sus propias reglas sobre el asunto. El canciller Roberto Ampuero agregó que la migración no es un derecho humano, en una declaración que provocó una ola de críticas.
La ex presidenta chilena y Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, lamentó la decisión del gobierno y afirmó que suscribirse al pacto puede ser muy positivo. recordó que ella misma es bisnieta de una familia francesa que fue acogida por Chile. “La antigua migración fue europea, luego de los países cercanos, Bolivia y Perú, y en los últimos años haitianos, venezolanos, dominicanos y refugiados colombianos”, explicó la ex presidenta que consideró que la migración no es un problema sino un hecho histórico.
“El pacto es incompatible con la soberanía de nuestro país y con la política migratoria que esta llevado adelante el presidente Donald Trump”, afirmó Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la ONU. Washington, que se negó a sumarse a la iniciativa en diciembre de 2017, fue el principal ausente en los dos días de debate.
“Las decisiones sobre la seguridad de las fronteras, sobre a quién se le permite residir legalmente u obtener la ciudadanía, son algunas de las decisiones soberanas más importantes que puede tomar un país”, afirma el comunicado estadounidense.
El futuro canciller brasileño, Ernesto Araújo, compartió su postura con Washington y afirmó que Brasil se retirará del pacto luego de la asunción del presidente electo, Jair Bolsonaro, el 1 de enero, “porque es un instrumento inadecuado para lidiar con el problema”, planteó Araújo. “La inmigración no debe ser tratada como una cuestión global, sino de acuerdo con la realidad y la soberanía de cada país”, agregó.
La salida de Brasil del pacto es una nueva señal de acercamiento a la diplomacia de Trump. Tanto Bolsonaro como Araújo ya habían expresado su admiración por el mandatario estadounidense y su deseo de alinearse con él en materia de política exterior. Una de sus últimas muestras de simpatía con EEUU fue su intención de desinvolucrarse del acuerdo de París contra el cambio climático.
De inmediato Bolsonaro recibió felicitaciones del viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, otro desertor del acuerdo. “Comparto el espíritu y las motivaciones”, celebró el funcionario italiano que en los últimos meses endureció sus medidas contra la inmigración.
El rechazo del gobierno de Sebastián Piñera es una expresión más del espíritu que ha modelado al Estado chileno. Autoritarismo, control y sobre todo, un enfermizo nacionalismo. Las élites privilegiadas, todas al amparo de las grandes corporaciones, entienden al país tal como lo hicieron las oligarquías durante toda la república, señala el director del portal chileno Politika.cl, Paul Walder.
El Pacto Mundial es un documento acordado en Julio pasado por los Estados miembros de la ONU en pos de favorecer la cooperación entre los países firmantes. Sin embargo, deberá ser sometido todavía a una última votación de ratificación el 19 de diciembre en la Asamblea General de la ONU.
La presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, reiteró que el documento es un instrumento flexible que se adapta a las necesidades nacionales de los Estados y señaló que los Estados, por más poderosos que sean, no pueden afrontar el reto migratorio solos.
Realidades, un enfoque securitario
La migración se ha convertido a escala global en una de las principales prioridades políticas y las zonas más ricas del mundo están implementando recetas xenófobas muy similares. Un ejemplo de ello es la externalización de fronteras y las políticas de la Unión Europea que encierran a personas en Turquía, o financian a las milicias autodenominadas como Guardia Costera libia, señaló el catedrático español Jon Rodríguez.
Recordó que estas políticas son similares a las políticas australianas de encerrar a demandantes de asilo en la remota isla de Nauru, o las políticas estadounidenses en las fronteras centroamericanas. En este marco, las relaciones globales de desigualdad también se definen dividiendo entre países emisores y receptores de personas migrantes, lo que se convierte en un elemento que perpetúa modelos coloniales y poscoloniales de relaciones internacionales.
El texto no tiene un carácter verdaderamente vinculante, sino que tiene como objetivo la promoción de modelos de acuerdos entre diferentes países u organizaciones regionales. El enfoque es completamente securitario, ya que promueve un modelo de gestión de frontera que criminaliza a todo el que trata de atravesarla, promocionando así un modelo de migración selectiva, añade el académico español.
“Es decir, los Estados pueden elegir a quién traer para satisfacer los intereses del mercado, en un ejercicio de cosificación de las personas para su explotación, que contrasta enormemente con el modelo global de libre circulación de capitales. Llama la atención que se presente este tipo de migración selectiva como una forma legal y segura de acceso, cuando la condicionan al cierre de fronteras, un modelo que en la UE ha provocado más de 2.100 muertos en el Mediterráneo en 2018”, añade.
Otros analistas indican que de los elementos que destacan en el pacto son la criminalización de los migrantes y quienes son solidarios con ellos, la recogida de toda clase de datos personales, que el Pacto recomienda y llama a compartir entre las fuerzas policiales de los diferentes Estados, lo que atenta contra el derecho a la privacidad, y permitirá la creación de ficheros policiales sin control alguno para aumentar la represión contra las personas migrantes.
Asimismo, el Pacto anima a reforzar dos de los elementos de la política migratoria europea que son violaciones de derechos humanos: la detención y las deportaciones y condiciona la política migratoria de entradas reguladas a la encarcelación y expulsión de personas en base a su situación administrativa, sin hacer excepción de menores de edad.
Lo que confirma este Pacto, señala Jon Rodríguez, es la utilización de la política migratoria como un elemento más en las relaciones de desigualdad entre países emisores y receptores, entre los países más ricos y los países más empobrecidos, precisamente, por la explotación de sus trabajadoras y recursos naturales por parte de las grandes empresas, mayoritariamente occidentales.
“Dictadores que atentan gravemente contra los derechos de la mayoría de la población, como el coronel Sisi en Egipto u Omar al-Bashir en Sudán, se convierten en miembros respetables de la comunidad internacional, ya que la UE está dispuesta a blanquear sus crímenes a cambio de su complicidad con estas políticas”, añade.
*Periodista uruguayo, miembro de la Asociación de Corresponsales de prensa de la ONU en Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
