Por Pamela Velásquez
Los días 5 y 6 de diciembre se realizó en Santiago la Conferencia Regional sobre Protección de Civiles del uso de armas explosivas en zonas pobladas. Esta es la primera reunión sobre el tema que tiene lugar en la región, a la que asistieron 23 Estados de América Latina y el Caribe, representantes de los gobiernos y la sociedad civil, Naciones Unidas y la Cruz Roja.
Anteriormente, en 2017 se llevó a cabo en Maputo, Mozambique, una reunión regional que tenía por objetivo difundir el conocimiento y la evidencia sobre el patrón distintivo del uso de ese tipo de armamento y explorar pasos para enfrentar este daño a un nivel político y operacional. En la oportunidad, los 19 estados participantes adoptaron un comunicado final, que fue un primer documento político respecto al uso de armas explosivas en zonas pobladas.
Los bombardeos en pueblos y ciudades tienen un devastador impacto en civiles. En 2017, se registraron aproximadamente 32.000 civiles muertos o heridos por armas explosivas, principalmente en Siria, Iraq, Afganistán, Pakistán y Yemen.
En la inauguración participó la ministra de Relaciones Exteriores (S) Carolina Valdivia, quien expresó: «Nos enfrentamos ante un escenario desalentador y crítico, que exige respuestas inmediatas a la comunidad internacional».
Por su parte Laura Boillot, coordinadora de la red internacional sobre armas explosivas, INEW, indicó que “las bombas y bombardeos es la mayor causa de muertes, lesiones y desplazamientos de civiles en los actuales conflictos” y agregó que “los estados deben establecer estándares más estrictos contra el uso de armas explosivas que causan mayores daños, especialmente las armas explosivas pesadas”.
El secretario General de Naciones Unidas ha llamado reiteradamente a los Estados a detener el uso de armas explosivas en áreas pobladas.
Durante dos días los asistentes debatieron sobre las armas de amplio impacto, la creciente urbanización, el traslado de los conflictos a zonas urbanas y los impactos para los civiles.
Como resultado de esta reunión, los 23 estados asistentes de America Latina y El Caribe acordaron apoyar el proceso que conducirá a la negociación y adopción de una declaración política internacional sobre el uso de armas explosivas en áreas pobladas.
