El 17 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) ha aprobado una resolución en la que exhorta a las autoridades iraníes a poner fin a las actuales violaciones de los derechos humanos de los bahá’ís en Irán.
La Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) ha aprobado una resolución en la que pide a las autoridades iraníes que pongan fin a las actuales violaciones de los derechos humanos, incluidas las cometidas contra los bahá’ís en Irán —la mayor minoría religiosa no musulmana en Irán—.
La resolución aprobada el lunes 17 de diciembre, por 84 votos a favor, 30 en contra y 67 abstenciones, expresa «seria preocupación por las constantes y graves limitaciones y restricciones del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias».
Además, pide al gobierno iraní que «libere a todos los practicantes religiosos encarcelados por pertenecer a un grupo religioso minoritario, tanto reconocido como no reconocido, o por sus actividades en nombre de ese grupo, incluidos los miembros aún presos de la dirigencia bahá’í».
La resolución de cinco páginas también expresa serias preocupaciones con respecto a «las restricciones al establecimiento de lugares de culto, los ataques contra lugares de culto y cementerios y otras violaciones de los derechos humanos, entre ellas, el acoso, la intimidación, la persecución, los arrestos y las detenciones arbitrarios, la denegación del acceso a la educación y la incitación al odio que lleva a la violencia contra personas pertenecientes a minorías religiosas, tanto reconocidas como no reconocidas».
Entre otras violaciones de derechos humanos también se destacan las detenciones arbitrarias y el hostigamiento de periodistas, y las restricciones a la libertad de reunión y los derechos de la mujer.
La resolución «insta encarecidamente» a Irán a que elimine, tanto en la ley como en la práctica, todas las formas de discriminación y otras violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en particular respecto del derecho a la libertad de circulación, y a que levante las restricciones a la igualdad de acceso de la mujer a todos los aspectos de la educación y promueva la participación igualitaria de las mujeres en el mercado laboral y en todos los aspectos de la vida económica, cultural, social y política.
La resolución fue presentada por Canadá y contó con 43 copatrocinadores.
Decenas de miles de bahá’ís sufren diariamente persecución educativa, económica y cultural por el mero hecho de practicar su fe. En la actualidad, más de 90 bahá’ís siguen encarcelados en Irán.
Los hogares bahá’ís son objeto de redadas rutinarias y los miembros de la comunidad son arrestados y detenidos arbitrariamente. Los negocios administrados por los bahá’ís son cerrados y sellados, privando a sus dueños de ganarse la vida dignamente. A miles de jóvenes bahá’ís iraníes se les impide el acceso a la educación superior o son expulsados rutinariamente de las universidades por practicar su fe.
La persecución se extiende, inclusive, a los cementerios y entierros. Recientemente, el cuerpo de una bahá’í que había sido enterrada por su familia en un cementerio bahá’í fue posteriormente exhumado -el cuarto caso de exhumación experimentado por los bahá’ís en este mismo lugar en los últimos años-.