“Convierten en ley el gatillo fácil”, denuncian desde los organismos de Derechos Humanos y contra la represión a la nueva ordenanza que vía decreto permite a los agentes de la policía a disparar por la espalda y sin dar la voz de alto a aquellas personas que estimen pueden ser peligrosas para la sociedad.
El gobierno argentino ya había dado muestras de máximo respaldo a quienes mataban a ladrones o a policías que ejecutaban de manera ilegal a presuntos delincuentes. Ahora, y con la excusa del G20 se llevó este apoyo a norma escrita.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que “el gobierno está poniendo en práctica la teoría del “enemigo interno” y repudiaron el protocolo anunciado en el Boletín Oficial del Estado.
Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional se describió a esta fórmula como la legitimación de las justificaciones que utilizan los policías para explicar los fusilamientos que realizan fuera de la ley.
“En las normas del manual de capacitación de la Policía Federal, vigente de marzo 2002, establece que tiene que haber una causa suficiente, razonable y demostrable en juicio en enfrentamiento con personas armadas con el mínimo de riesgo posible para terceros. Y también se establece que, en caso de fuga, no se justifica el uso de armas excepto que en su huida el agresor continúe haciendo fuego. Prescribe que entre matarlo o dejarlo escapar, hay que dejarlo escapar. Todas las técnicas y tácticas policiales privilegian la vida de las personas. Disparar es el último recurso disponible sólo para protección propia y de terceros”, explicó la titular de la Correpi, María del Carmen Verdú.
Para Abuelas de Plaza de Mayo esto es una regresión a los tiempos de la dictadura, pero advirtieron que no tendrán miedo y que el pueblo “ni se va a deprimir, ni se va a quedar en sus casas por miedo”.
El Defensor Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Duacastella, aseguró que “en lugar de proteger la vida de los ciudadanos, el Estado impone la violencia”, y advirtió que la resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich “viola los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana en 1990”.
Con información de Tiempo Argentino.
