El pasado miércoles, la Generalitat de Cataluña mediante la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, aprobó definitivamente una modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona que obliga las promociones residenciales de más de 600 m2, sean de nueva creación o de reforma integral, a destinar un 30% de la superficie para vivienda de protección pública.

La medida ya ha superado todos los trámites y entrará en vigor en los próximos días, una vez se publique al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

Nace de las demandas de asociaciones como la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC, la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS) y Sindicato de Inquilinos. Del interés en desarrollar iniciativas para aumentar los pisos asequibles de la ciudad y garantizar el derecho al acceso a la vivienda.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Barcelona conseguirá hacer crecer el parque de vivienda asequible en unos 330 pisos nuevos cada año y se garantizará la correcta distribución de los pisos por toda la ciudad. De este modo, más del 50% de las nuevas viviendas asequibles se ubicarán en barrios céntricos, que son donde hace más falta la vivienda de protección oficial y donde se está sufriendo más la gentrificación y expulsión de vecindario.

En base a los requisitos de acceso que marca la normativa catalana, podrán solicitar las viviendas un 75% de la población de Barcelona, y los precios serán asequibles: según el régimen general, un piso de 80 m2 costa alrededor de unos 510€ al mes si es de alquiler y 136.000€ si es de venta.

También se declara todo el municipio como “área con derecho de tanteo y retracto” esto permite al Ayuntamiento el derecho de compra preferente en la compraventa de determinados edificios o solares y evitar así la especulación.

La alcaldesa de Barcelona dijo: “el día de hoy es un día histórico que marca un antes y un después en la defensa del derecho a la vivienda y pone límites a la especulación desatada que se ha sufrido durante demasiado tiempo en la ciudad y en el Estado». La ciudadanía hacía tiempo que decía que hacían falta políticas valientes», ha destacado, y ha añadido que la nueva normativa es también un «mensaje muy claro» hacia quien se dedica al negocio inmobiliario, que es «legal y legítimo, pero se tiene que hacer desde la corresponsabilidad».

La obligación del 30% lo tendrán que cumplir todas las nuevas licencias que se tramiten desde la aprobación definitiva. No se aplicará a las licencias presentadas durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de la norma que acrediten transacciones vinculadas a la nueva promoción hechas entre el 1 de julio de 2016 y la aprobación inicial de la medida. Por lo tanto, el nuevo instrumento servirá para parar operaciones claramente especulativas que provoquen la expulsión de vecindario y operaciones al mercado negro, y para proteger los inmuebles de propiedad vertical de la adquisición por parte de fondo de inversión.