Dilma Rousseff asegura que la acusación de pertenencia a una organización delictiva, de la que fueron imputados ella y Lula es parte de la “guerra jurídica” en su contra.
La expresidenta brasileña Dilma Rousseff criticó el viernes la decisión de la Justicia de Brasil de imputarla junto con el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva y otros miembros de la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT) por presuntamente haber integrado una organización delictiva alrededor de la petrolera estatal Petrobras.
“El proceso abierto deslegitima la soberanía del voto popular al convertir el ejercicio de la presidencia en una actividad delictiva”, subrayó la exmandataria, según un comunicado emitido este sábado por su equipo de prensa.
El comunicado remarca que la denuncia es genérica y que las acusaciones no derivan de investigaciones previas. Rousseff “jamás fue escuchada por autoridades policiales o judiciales” sobre las acusaciones que pesan sobre ella en este proceso y nunca tuvo oportunidad de defenderse, agrega la declaración.
“La única interpretación posible es que la expresidenta Dilma, como los otros imputados, está siendo víctima de lawfare (guerra jurídica), cuando se utilizan herramientas legales para procesarla sin pruebas”, añade el texto.
El juez Vallisney Oliveira, de la Justicia del Distrito Federal de Brasil, aceptó este viernes una denuncia presentada en septiembre del año pasado por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, en la que acusa a Lula, a Rousseff y otros miembros del PP de integrar una organización delictiva que habría desviado 1480 millones de reales (casi 390 millones de dólares) de fondos públicos con sobornos alrededor de Petrobras. El delito conlleva una pena de tres a ocho años de prisión, además de una multa.
En la denuncia que Janot presentó en su momento definía a Lula como “el gran idealizador de la constitución de la presente organización delictiva”. Y pidió que el expresidente tuviese una condena mayor que los demás procesados por ser el líder de la trama, incluso después de haber dejado la presidencia en 2011, ya que considera que tenía fuerte influencia sobre su sucesora, Rousseff.
Con la decisión de este viernes, Lula pasa a estar procesado en seis acciones penales. Lula de 73 años está encarcelado desde abril cumpliendo una sentencia de 12 años por acusaciones de corrupción y lavado de dinero pese a no haber pruebas que confirmen los cargos. Él mismo dice ser víctima de una “masacre” mediática y de una “persecución” política y judicial.
