Por Amélia Gomes y Júlia Rohden/Brasil de Fato
Afectados denuncian negligencia de la Samarco y afirman que reviven diariamente los impactos del desastre
Estudios realizados después del crimen evidencian negligencia por parte de la empresa / Lorena Zschaber / Mídia Ninja
En la tarde de 5 de noviembre de 2015, la represa de Fundão de la minera Samarco se rompió y vertió 50 millones de metros cúbicos de desechos de mineral de hierro a lo largo 43 municipios de los estados de Minas Gerais y Espírito Santo, hasta desembocar en el mar. El crimen dejó 19 muertos y afectó de diferentes formas a personas que vieron sus vidas transformarse con el paso del lodo tóxico. El mayor desastre socio ambiental de Brasil cumplió, el día 5, tres años sin que hubiese condena de los responsables.
En los años que precedieron a la rotura, la Samarco aumentó significativamente su producción, elevando consecuentemente el volumen de desechos. Informes de la propia empresa muestran que en 2011 producía cerca de 15,6 millones de toneladas de desechos por año. La cifra subió a 21,8 millones en 2015.
Diversos estudios realizados después del crimen evidencian negligencia por parte de la empresa. Un dictamen realizado por la Policía Federal, presentado en 2016, señaló fallas graves de manutención de la represa y la omisión de la Samarco en reparar los problemas detectados ya en 2014. Todavía conforme al estudio, 28% del lodo vertido en Fundão en 2014 venía de la Vale y no había licencia ambiental para la operación.
Otro informe realizado por el Ministerio Público Federal afirma que la Samarco promovió “alteraciones significativas en la represa de Fundão, de forma ilegal, sin ninguna licencia o control” y que “la empresa indujo a los órganos ambientales al error, presentando estudios, dictámenes e informes falsos, por omisiones gravísimas, en los procedimientos de licenciamiento y fiscalización”.
De acuerdo con datos del Departamento Nacional de Producción Mineral, el yacimiento de la Samarco, de donde vinieron los desechos de Fundão, representa 12,5% de las reservas brasileñas de hierro. Según informes de la propia minera, el yacimiento tiene potencial de explotación de 2.900 millones de toneladas. Hasta la fecha de la rotura de la represa, la empresa mantenía una explotación anual de 25 millones de toneladas. De acuerdo con levantamiento realizado por el Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués), el yacimiento aún tiene potencial de explotación para 115 años más.
«Todo señala que la Samarco optó por ignorar la seguridad de la población y producir más para no afectar sus ganancias. No fue un desastre, sino un crimen que venía dando señales de que iba a suceder», afirma Pablo Dias, de la coordinación estadual del MAB.
«A pesar de no haber reparado a los afectados, la minera ya afirmó que pretende retomar la explotación. Lo que deja claro que su prioridad es el lucro y no las personas», completa.
Familias siguen sin acceso a agua
El camión cisterna pasa siempre los lunes, miércoles y viernes. Cada casa sólo puede abastecerse de mil litros de agua por vez. En esa situación viven, hace 3 años, 93 familias afectadas de la comunidad de Ipaba, en el Vale do Aço (MG). Una de ellas es la del joven Luciano Souza. El estudiante también lleva en su propio cuerpo las consecuencias del lodo. El es una de las personas que sufren con descamación de la piel, caída de cabello y picazón, síntomas recurrentes en diversos afectados a lo largo de la cuenca. Incluso pasados tres años del crimen, para el es imposible olvidar la rotura.
Al fondo del terreno de su casa corre el Rio Doce, pero ya no se puede plantar nada en el jardín, que fue cubierto por la «tierra» de desechos. La región siempre enfrentó inundaciones, pero ahora cada vez que llueve, el lodo de la Samarco vuelve a entrar en las casas. Los habitantes que antes vivían a la orilla del rio hoy tienen que mantener una distancia de mínimo 50 metros del lecho. La determinación fue hecha por la propia Samarco, pero incluso perdiendo acceso a una parte de su lote, la familia de Luciano no fue reconocida como afectada por la Fundación Renova, creada para ser la empresa responsable por la reparación de los afectados.
‘’Ellos dijeron que nosotros no tenemos derecho al PIM agua [Programa de Indemnización Mediada], pero queremos entender porque es que no tenemos derecho. Porque estamos sin agua hace tres años», se desahoga Luciano.
Las situaciones son innumerables y la negación de los derechos sucede de distintas formas. Hasta hoy existen familias que no fueron reconocidas como afectadas y otras que se registraron para recibir la reparación, pero no recibieron ninguna respuesta de la Fundación. Es lo que afirma Thiago Alves, del Movimiento de Afectados por Represas.
«La Renova fue creada para retirar el nombre de las empresas criminales de las denuncias y transformar el derecho de los afectados en mercadería. Ella actúa como un gran instrumento de dispersión y desarticulación de los afectados. Un ejemplo de ello es no tener criterios claros para ningún tipo de programa de reparación, principalmente para las indemnizaciones», explica.
Foto Mídia Ninja
El balance del Movimiento de Afectados por Represas es de que en estos 3 años el proceso de reparación fue marcado por la lentitud y la negligencia. El movimiento, que antes estimaba los afectados en 1 millón, hoy cree que el número es de casi 2 millones. En su sitio web, la Fundación Renova afirma haber gastado R$ 2.000 millones (US$ 534 millones) en la reparación de los afectados. Sin embargo, ninguna casa del reasentamiento prometido a los habitantes de Bento Rodrigues, municipio completamente inundado por el lodo, fue construida. Cientos de familias siguen en viviendas alquiladas, otros miles aun están sobreviviendo solo con la tarjeta de emergencia entregada por la Fundación, y la gran mayoría de las familias afectadas sigue sin ninguna forma de reparación.
Además de los problemas económicos y estructurales, a comienzos de este año un examen realizado por la Universidad de São Paulo (USP) comprobó que 15 afectados por el lodo están contaminados con metales pesados. Los estudios fueron realizados solo con habitantes de la ciudad de Barra Longa, uno de los primeros municipios afectados por los deshechos, pero el Movimiento de los Afectados por Represas estima que toda la población de la Cuenca del Rio Doce esté en la misma situación.
Lodo más allá del mar
Además de contaminar toda la cuenca, el lodo de los desechos de la Samarco también sobrepasó los limites de la desembocadura del Rio Doce y llegó hasta el litoral bahiano, en la ciudad de Abrolhos. Es lo que señala un estudio realizado en julio de 2017, por la Universidad Federal de Espírito Santo (UFES). Después del dictamen, el Comité Interfederativo – CIF, articulación gubernamental creada para orientar la actuación de la Renova, determinó que la entidad también reconozca como afectados a los habitantes de los municipios de São Mateus y Conceição da Barra, ambos en Espírito Santo.
Sin embargo, hasta hoy la Fundación Renova se niega a reconocer a la región. «Esa determinación del CIF obliga a la Renova a iniciar el registro, los programas de auxilio de emergencia e indemnización. El plazo para registrar a todas las familias era agosto del año pasado, pero ellos ni siquiera terminaron ese proceso», explica Tchenna Manso, del MAB.
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Derechos conquistados con la lucha
El lodo con desechos que recorrió el Rio Doce dejó un rastro de destrucción, pero también fecundó la semilla de la indignación y de la lucha. Desde la ruptura de la represa, innumerables fueron las manifestaciones, protestas y cierres de la ferrovía de la Vale. Y la lucha no fue en vano. Uno de los frutos de la organización de los afectados fue la conquista de las asesorías técnicas. Los equipos, formados por profesionales de diversas áreas, como derecho, salud, arquitectura y servicio social, son responsables por acompañar a los afectados y proporcionar dictámenes técnicos que prueban los daños causados a la vida de los habitantes.
Actualmente, apenas 4 de los 43 municipios afectados por el lodo cuentan con apoyo: Mariana, Barra Longa y las ciudades de Santa Cruz do Escalvado y Rio Doce, que comparten el mismo equipo. Están garantizadas 8 asesorías más para municipios del estado de Minas y 8 para el estado de Espírito Santo.
La conquista vino en el primer año del crimen, en octubre de 2016, pero la morosidad en la contratación de las asesorías dificulta y retarda el apoyo a las personas afectadas. El último plazo para la confirmación de la selección de las demás asesorías era hasta este 5 de noviembre. Sin embargo, apenas el equipo del distrito de Colatina, en Espírito Santo, fue confirmado.
A pesar de la lentitud en el proceso de instalación de las asesorías, los equipos tienen un papel fundamental en la garantía de los derechos de los afectados. Gesteira, distrito de Barra Longa, fue una de las regiones beneficiadas con el apoyo. Antes de la asesoría, apenas nueve familias habían sido contempladas con la garantía del reasentamiento. Después de los dictámenes del equipo, la Fundación Renova, que se rehusaba a reconocer más afectados, amplió el número de reasentados a 33 familias.
En la ciudad también hubo el reconocimiento de otros 200 inmuebles cuyas estructuras fueron debilitadas por causa del tránsito de maquinarias. En principio la Renova no reconocía a esas familias como afectadas. Ahora, después de dictámenes de la asesoría, los moradores entraron en la lista de reparaciones.
«Allá en mi ciudad tuvimos que luchar para garantizar la asesoría, tuvimos que luchar contra el alcalde, contra empresarios… Y yo se que hay muchos afectados siendo manipulados y presionados, ¡pero no desistan! Luchen por la asesoría porque es eso lo que va a garantizar nuestros derechos. No escojan asesorías que representan a los ricos y sí que representen a los afectados», alerta Simone Aparecida, habitante de Barra Longa.
