Por Antonio Rebolledo

Pasados ya 28 años desde la recuperación de la democracia, y habiendo transcurridos cinco gobiernos de la Concertación y dos gobiernos de derecha, hoy nos encontramos con un país marcado por la concentración de la riqueza,  la falta de democracia y la corrupción.

Esta gran concentración de la riqueza se manifiesta en niveles extremos de desigualdad económica, en privilegios de las grandes empresas y fuerzas armadas, la falta de industrialización y la condena al subdesarrollo, altos niveles de desempleo,  la precariedad del empleo, las largas jornadas laborales, el abuso disfrazado de “compromiso con la empresa”, los bajos sueldos,  la no repartición de utilidades a los trabajadores, la inexistencia de sindicatos y una ley laboral que proteja al trabajador, la inseguridad social, la falta de derechos garantizados, un sistema previsional que solo enriquece a los dueños de las AFP a costa del robo de los fondos de pensiones de los trabajadores, la falta de un estado que regule y sea un contrapeso al poder de las grandes corporaciones.

En el plano político y de participación ciudadana, la falta de democracia se expresa en un país marcado por la corrupción política y económica, la colusión, la indefensión de los trabajadores y consumidores frente al poder omnímodo de las grandes empresas y la impunidad con que actúan los poderosos, no existiendo mecanismos adecuados de fiscalización ciudadana ni leyes que castiguen como corresponde estos delitos.
Y en el plano social, una ciudadanía sin capacidad de movilización, marcada por el miedo y la represión de la dictadura, el chantaje de no poder mover movilizarse por el temor a perder el trabajo, o sumidos en la ignorancia y el rechazo a la participación política producto de años de adoctrinamiento fascista en la escuela  y los medios de comunicación.

En este escenario, el humanismo no puede perderse en cuestiones secundarias.

El humanismo debe poner como prioridad la cuestión del trabajo frente al gran capital y la democratización del país, priorizando todas las medidas que contribuyan a terminar con la concentración de la riqueza, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y propicien la mas amplia participación de las personas.
En una frase, luchar por devolverle a los trabajadores sus riquezas expropiadas y sus derechos conculcados.
Y a nivel parlamentario, no puede perderse en una agenda distractiva y cosmética como la impulsada hábilmente por los asesores de las grandes corporaciones en el gobierno de Piñera
Cualquier otra preocupación, solo mostrara el signo del abandono a los trabajadores.

10 Medidas INMEDIATAS para terminar con la violencia económica en Chile:
1. Reducción de la Jornada Laboral a 40 horas, incluyendo la hora de colación.
2. Distribución del 50% de las utilidades de las empresas entre sus trabajadores y 50% para sus accionistas.
3. Derecho a retiro del 50% del Fondo de pensiones para libre disponibilidad y 50% para compra de vivienda.
4. Ampliación del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas a todos los trabajadores del país.
6. Eliminar el aporte del 10% de las ventas de Codelco a las FFAA y destinar esos fondos a financiar la salud y educación publicas.
7. Nacionalización inmediata de todos los recursos naturales, incluyendo el Agua, la Luz, el Gas, el Cobre y el Litio, traspasando las utilidades de estas empresas como rebajas de tarifa a los consumidores.
8. Industrialización del país, fortaleciendo la creación de industrias productivas y la creación de valor.
9. Fortalecimiento del sistema de salud y educación publica, otorgando un servicio similar a las clínicas privadas a un menor costo.
10. Reducir la concentración económica en todos los sectores productivos del país, poniendo trabas a la concentración de las grandes empresas y fortaleciendo la creación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de subsidios y asistencia tecnológica otorgadas por el estado.

3 medidas INMEDIATAS para terminar con la corrupción y promover la participación en Chile

1. Prohibir la reelección de cualquier cargo publico. Es decir, nadie podrá estar en el mismo cargo publico por mas de un periodo.

2. Cuota de recambio generacional para todos los cargos de elección popular, exigiendo que al menos el 50% de los cargos de las listas sean integrados por candidatos menores de 40 años.

3. Limite de edad para postular a cualquier cargo publico, de elección popular o no, a los 65 años.