La defensora de derechos humanos Israa Al-Ghomgham enfrenta la pena de muerte en Arabia Saudita por sus actividades no violentas relacionadas con derechos humanos.
Al-Ghomgham fue arrestada en 2015 junto con su esposo, el activista Mousa Al-Hashim, por su participación en protestas contra el Gobierno en Al-Qatif en 2011, cuando las protestas a favor de la democracia se difundieron por Medio Oriente y el Norte de África.
Al-Qatif queda en la Provincia Oriental, hogar de la mayoría de los shiítas del país — donde vive entre el 10 y 15 % de la población. La musulmanes shiítas son una minoría en el reino, donde dominan los suníes, y enfrentan”discriminación generalizada”, que incluye trato injusto bajo el sistema de justicia, interferencia gubernamental con sus prácticas religiosas, exclusión de empleos del sector públicos, además del estigma y el discurso sectario, según Human Rights Watch.
Junto con muchos otros musulmanes shiítas, Al-Ghomgham y su esposo protestaban contra estas injusticias y exigían que el Gobierno saudita defendiera sus derechos humanos.
Al-Ghomgham enfrenta ocho cargos que incluyen “preparación, envío y almacenamiento de material perjudicial del orden público” de acuerdo con el artículo 6 de la ley de ciberdelitos de 2007. También está acusada de “incitar manifestaciones y a los jóvenes contra el Estado y las fuerzas de seguridad en redes sociales”, y de publicar en línea fotos y videos de esas protestas. Los fiscales encargados de su caso buscan la pena de muerte.
Su juicio empezó en agosto de 2018 ante la Corte Penal Especializada, la corte contra el terrorismo. El 28 de octubre se llevó a cabo una segunda audiencia, pero ni ella ni los otros acusados comparecieron ante la corte, informó el Centro del Golfo para Derechos Humanos. La próxima audiencia está programada para el 21 de noviembre.
Traducción
«Hoy se llevó a cabo la segunda audiencia de Israa Al-Ghomgham, pero ni Israa ni los otros activistas enjuiciados con ella estuvieron presentes.
No se sabe por qué las autoridades sauditas no lo llevaron al tribunal.
La tercera audiencia será el miércoles 21 de noviembre.»
Además de Al-Ghomgham, otras cinco personas enfrentan juicio ante la Corte Penal Especializada los primeros días de noviembre acusados de ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y asamblea, según Amnistía Internacional. Esta organización de derechos humanos documentó ocho casos en que los activistas enfrentan la pena de muerte:
Traducción
«Los constantes pedidos de la fiscalía de recurrir a la pena de muerte en los tres últimos meses para al menos ocho personas, es una señal de alarma sobre el destino de docenas de activistas actualmente detenidos sin acusación o juicio y para los que enfrentan juicio ante la Corte Penal Especializada.»
Entre los que comparecieron los primeros días de noviembre estuvo el clérigo religioso Salman al-Awda. Funcionarios de seguridad lo arrestaron en septiembre de 2017 y lo acusaron de una larga lista de delitos, que incluyen pedidos de reformas y cambio de régimen en la región árabe. También enfrenta la pena de muerte.
Por su parte, Saud al-Mujib, fiscal general de Arabia Saudita, llegó a Turquía el lunes 29 de octubre para unirse a una investigación por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita de Estambul. A Al-Mujib se le ha encargado varias veces perseguir a rivales políticos de la monarquía y a quienes se enfrentan al gobernante de facto del reino, el príncipe de la Corona Mohammed Bin Salman. Los líderes de todo el mundo han señalado a Bin Salman y lo acusan de haber tenido participación en el asesinato del periodista.
Muchos se preguntan cómo Bin Salman podría hacer justicia para Jamal Khashoggi y al mismo tiempo buscar la pena de muerte contra quienes practican su derecho a la libertad de expresión.
Traducción
«El mismo fiscal saudita que buscó la pena de muerte contra mi padre, Salman Alodah, y otros por su activismo pacífico, va a Turquía a investigar la muerte de Jamal Khashoggi, ¡a quien mataron por su activismo pacífico!»
