A tres años de la foto entre Macri y Félix Díaz, referentes indígenas cuentan qué hizo y qué no hizo el gobierno. Entre el despojo territorial, la represión, el asesinato de Rafael Nahuel y el cáncer del racismo.
Siete días después de asumir la presidencia, Mauricio Macri recibió en el Museo del Bicentenario a una comitiva de pueblos indígenas, encabezada por Félix Díaz, referente qom de Formosa, y Relmu Ñamku, mapuche de Neuquén. “Vamos a empezar a construir un camino distinto, que los pueblos originarios puedan crecer y desarrollarse”, prometió el presidente.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo que la situación indígena era para el Gobierno “un tema prioritario”, y se animó a decir: “Es como la gran deuda pendiente de los derechos humanos en la Argentina, y la idea es trabajar sobre los puntos que ellos nos han trasladado”. El secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, quien fue otro de los que participó en la mesa, precisó algunos puntos: “La agenda de trabajo involucra el tema tierras, y el tratamiento simultáneo de enormes problemas de acceso a la justicia, a la educación, medio ambiente, alimentación, acceso al agua potable, trabajo”.
A casi tres años de aquella reunión-foto, Félix Díaz evita hacer una crítica directa al gobierno nacional pero reconoce que “el problema de los pueblos indígenas se ha agravado mucho, la gran preocupación sigue siendo la problemática territorial, siempre fue así, no es nuevo, y tiene que ver con que se arrastra la falta de titulación de las tierras indígenas”. Sigue Díaz: “Nunca tuvimos una respuesta contundente de ningún Gobierno. Y nunca se ha mejorado la situación indígena”, avisa. Señala que se ha logrado que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) intervenga de forma más directa en casos de salud o de la detención policial de indígenas. Al mismo tiempo que reconoce la disminución del presupuesto para el área.
Sobre los compromisos de Macri con los pueblos originarios, señala que “se han trabado por cuestiones internas de diferentes ministerios”. Avisa que la represión en Formosa se ha frenado, pero que el gobierno provincial disminuyó mucho la ayuda social porque alega que la Nación no le envía fondos. Díaz aclara que desde el gobierno nacional aseguran que sí giran las partidas presupuestarias. “Pelean ellos y nosotros quedamos en el medio”, lamenta. Aclara que desde el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas (espacio creado por decreto presidencial y que ha tenido muchas críticas de otros referentes de comunidades originarias) impulsan un proyecto de ley de “propiedad comunitaria indígena” que avance en la titulación de tierras. “A los pueblos les falta agua, salud, educación, trabajo, vivienda. Nada de eso fue resuelto”, afirma Díaz. Y apunta a otro poder del Estado: “La Justicia es ágil cuando está denunciado al indígena pero es muy lenta cuando el indígena es el que denuncia”.
Relmu Ñamku es una dirigente mapuche de Neuquén que en 2015 enfrentó un juicio oral por defender el territorio del avance petrolero. Estuvo a punto de ir a prisión por ese motivo y Amnistía Internacional tomó su caso como referencia de criminalización de la lucha indígena.
Ñamku también participó de la reunión con Mauricio Macri en diciembre de 2015 y es la secretaria general del Consejo Consultivo. Dice: “En ningún Gobierno hemos sido (los pueblos indígenas) agenda seria. Siempre ha sido pantalla para las campañas”, denuncia Ñamku, pero al mismo tiempo aclara que no tiene “ninguna autocrítica” para hacer por las reuniones con Macri. Y compara: “En todo caso fue al comienzo del Gobierno. Y hoy a pesar de la política nefasta me volvería a sentar. Al igual que en Neuquén, donde el MPN (Movimiento Popular Neuquino) gobierna hace más de 50 años y jamás logramos nada, sólo palos y persecución”.
Aclara que su trabajo en el Consejo es ad-honorem. Como aspecto positivo del Gobierno destaca que se “avanzó en asistencia social”, pero nada en lo central: territorios y seguridad jurídica. Ñamku evita cuestionar de lleno a Macri, sólo lo define como “la cara visible de una política”.
Colonialismo 2.0
Israel Alegre es un histórico referente indígena de Formosa, de la comunidad NamQom, conocida por una feroz represión en 2002, cuando una razzia policial con métodos propios de la dictadura militar ejecutó una feroz represión que terminó con una decena de heridos y 80 detenidos. La causa aún tramita en la Comisión Intermericana de Derechos Humanos. Alegre formó parte del acampe indígena Qopiwini (Pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaklé), pero siempre tuvo mirada muy crítica sobre Macri, Cristina Fernández de Kirchner y Gildo Insfrán.
“No se hizo nada en tres años de Macri. No cumplió ninguna de las promesas que hizo en el acampe de 9 de Julio. Sólo se pasó el INAI de Desarrollo Social a Derechos Humanos, pero igual no respetan ninguno de nuestros derechos”, denuncia el referente qom. Y resume: “Macri y el Gobierno tienen una mirada colonial”.
Informa que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, visitó Formosa hace poco pero “no dio ninguna solución”. El referente qom resume la política indígena del macrismo: “Entrega mercadería. Y no respeta los derechos indígenas”. “Al indígena no se lo trata como un ser humano. Al indígena nos quieren tratar como animales, nos quieren arrodillados”, denuncia Israel Alegre. Y vuelve a remarcar la importancia del territorio para los pueblos indígenas, esa relación fundamental que desde amplios sectores no indígenas no se entiende (o se entiende y no se respeta): “Nuestra espiritualidad, nuestras costumbres, nuestra cultura están atadas al territorio. Día a día nos acorralan más, nos dejan sin espacio, nos quieren llevar al exterminio”.
Se lo escucha enojado al líder qom. Recuerda que en Formosa hay un mismo gobernador desde hace casi treinta años. “Provincia y Nación parecen del mismo partido porque hacen lo mismo, ninguno respeta los derechos indígenas”, ironiza. Y deja un aviso, de dos palabras: “Seguiremos luchando”.
Derechos torcidos
Silvina Ramírez es una referente del derecho indígena, docente de esa especialidad en la Facultad de Derecho de la UBA y autora del libro Horizonte político del movimiento indígena. Conversaciones con sus líderes. “Ya llegando a los tres años de gobierno de Mauricio Macri, la relación traumática del Estado con los pueblos indígenas no sólo no se modificó sustancialmente, sino que las tensiones se han profundizado”, afirma.
Ramírez destaca como puntos de quiebre la “brutal represión” de Gendarmería Nacional en Chubut, con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por parte de Prefectura en Río Negro. “En ambos casos la Justicia no ha reaccionado como hubiera sido esperable en un Estado de Derecho”, resume y recuerda que a casi un año del asesinato de Nahuel no existe ningún imputado de las fuerzas de seguridad, y contrariamente el juez libró orden de captura para dos jóvenes mapuche que intentaron ayudar a Rafael Nahuel cuando fue herido.
Destaca como puntos positivos “fallos excepcionales” como el del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal (a cargo de la jueza María José Sarmiento) que benefició la comunidad mapuche Trypay Antu y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que escriture a favor de la comunidad indígena los títulos comunitarios de las tierras, sin la necesidad de una ley especial del Congreso. También subraya como avance la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Admnistrativa de Chaco que evitó que un territorio indígena (“Reserva Grande”) fuera titulado en favor de familias criollas.
Ramírez, miembro fundadora de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), subraya que entre lo más preocupante sobresale el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en septiembre pasado falló en favor del gobierno de Neuquén y anuló la personería jurídica de seis comunidades mapuches (Lof Maripil, Lof Gelay Ko, Lof Wiñoy Tayin Raquizuam, Lof Lonko Purran, Lof Lefiman y Lof Wiñoy Folil). El fallo abre la puerta a que otras provincias sigan el mismo camino, es decir que desconozcan comunidades, que implica también desconocer sus derechos.
“Llama la atención que los jueces no hayan incluido ninguno de los derechos colectivos específicos de los pueblos indígenas. La personería jurídica es un derecho de las comunidades, y su reconocimiento no debe ser entendido como una potestad discrecional del Estado, ya sea en su dimensión local como federal”, explica Ramírez, y afirma que el fallo genera “un estado de incertidumbre” frente a las personerías jurídicas (otorgadas por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas) de las que gozan numerosas comunidades indígenas en todo el país y las deja en situación de mayor vulnerabilidad.
“Como balance de tres años de la actual gestión de gobierno, los pueblos indígenas siguen reclamando por sus derechos, el Estado no formula las políticas públicas necesarias para garantizarlos y el Poder Judicial mayoritariamente no cumple con su deber de ser la salvaguarda final de estos derechos”, cuestiona la abogada.
Bullrich x 2
Diana Lenton en doctora en antropología y una de las referentes de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. Señala que la situación de los pueblos indígenas es “muy complicada” por las políticas macroeconómicas del gobierno, atadas a las industrias extractivas. “Es una política agresiva para los territorios y para las personas que viven en los territorio”, denuncia. Señala, como actividades que violan los derechos indígenas, a la minería, agro, petróleo, forestales e incluso el turismo. Aclara que esta situación venía del gobierno anterior pero que con la gestión Macri se incluyeron nuevos territorios a la explotación.
Otro factor es el que llama la “violencia económica” que implica la pérdida de fuentes de trabajo y de subsidios que eran paliativos para situaciones de vulnerabilidad. Puntualiza en la baja de planes sociales, eliminación de subsidios por discapacidad, disminución de planes de atención para determinadas enfermedades. “Esto se combina con un incremento en la represión a la protesta y con un discurso de odio para con los senegaleses, pibes con gorrita y, en el caso de los indígenas, es un claro discurso racista que los pone como el antiguo ‘civilización o barbarie’, una nueva teoría de los ‘dos demonios’, y hasta se incluye el componente nacional/extranjero para atacar a los pueblos indígenas”, afirma Lenton. No tiene dudas de que desde el gobierno nacional se ha realizado un “campaña irresponsable, totalmente criminal” contra los pueblos indígenas y en particular contra el Pueblo Mapuche. “Fogoneraron un discurso de odio desde la clase media contra los sectores populares”, lamenta.
Lenton puntualiza como dos emblemas de esa avanzada a Patricia Bullrich, que “sin importar las pruebas siempre toma partido por las fuerzas represivas”. Y también puntualiza en el ex ministro de Educación y actual senador por Buenos Aires, Esteban Bullirch, que en en un acto en Río Negro dio la bienvenida a una “nueva Campaña del Desierto, ahora con la educación”. “Imaginemos que alguien pudiera referirse así al Holocasuto, a un nuevo Auschwitz. Sería imposible. Pero saben que pueden decir eso de los indígenas porque tienen impunidad, sigue habiendo impunidad cuando las víctimas son los indígenas”, cuestiona Lenton.
La situación del Pueblo Mapuche es la que más cobertura mediática ha tenido en los últimos dos años. Directa relación con la criminalización de las comunidades en Chubut (epicentro en Pu Lof en Resistencia de Cushamen), Río Negro (Villa Mascardi, asesinato aún impune de Rafael Nahuel) y Neuquén (zona de Vaca Muerta). El insólito documento RAM. Informe conjunto realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut, es el nombre de la “investigación” que presentó Patricia Bullrich en diciembre de 2017. Se trata de 180 páginas repletas de imprecisiones, datos falsos, suposiciones y apunta a los mapuches como enemigo interno, peligroso, terrorista. Es una muestra oficial de la arremetida contra las comunidades mapuches.
Lenton aclara que el tema de fondo es el territorio. La Ley 21160 (de “emergencia territorial”) fue prorrogada el año pasado (a pesar de que sectores del oficialismo intentaron que caiga). Lenton detalla que en este año no se avanzó en relevamientos ni en finalización de trámites. También alerta por la reforma del Código Procesal Penal, que ya tiene media sanción y espera en Cámara de Diputados. Según la nueva versión se sacaría la figura de comunidades indígenas como querellantes. “Se elimina parte del derecho indígena. Una comunidad ya no podrá litigar contra una multinacional, tendrían que querellar de forma individual”, explica. También fija como claro retroceso el fallo de la Corte Suprema que desconoce las comunidades mapuches de Neuquén.
En resumen: “Lo que muestra el accionar de la Corte Suprema es la impunidad con que el Estado, en cualquiera de sus tres niveles, retrocede sobre derechos adquiridos. Derechos que no debieran poder retroceder”.
Racismo sistemático
Victoria Tauli-Corpuz es la relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas. “Se está desarrollando una crisis global. La rápida expansión de proyectos de desarrollo en tierras indígenas sin su consentimiento previo está impulsando un drástico aumento de la violencia y el acoso legal contra los pueblos indígenas. Estos ataques, ya sean físicos o legales, son un intento de silenciar a los pueblos indígenas que se oponen a proyectos que amenazan sus medios de subsistencia y sus culturas”, denuncia en una carta pública titulada Debería haberlo sabido, dirigida a los jefes de Estado del mundo.
Tauli-Corpuz asegura que se trata de un plan global o “patrón de abuso” en el que las empresas actúan en complicidad con los gobiernos para desplazar a los pueblos indígenas de sus tierras por cualquier medio necesario y dar así paso a proyectos de infraestructura, agricultura, minería y de extracción de recursos naturales. Alerta que siempre se suceden desde el poder “campañas de difamación y discursos de odio que caracterizan a los pueblos indígenas como ‘obstáculos para el desarrollo’, o en el peor de los casos, como ‘terroristas’ o ‘matones’”. Luego sobreviene la criminalización, órdenes de arresto y violencia sobre las comunidades. “Existe una impunidad generalizada para quienes cometen actos de violencia contra los pueblos indígenas”, cuestiona la experta de Naciones Unidas. Y resume así lo que sucede a nivel global y aplica para Argentina: “En la raíz de esta crisis mundial está el racismo sistemático y la incapacidad de los gobiernos para reconocer y respetar los derechos indígenas territoriales”.
Por último, en su carta Tauli-Corpuz advierte a los “líderes mundiales”: “A pesar de los increíbles riesgos, los pueblos indígenas siguen levantando sus voces, continúan defendiendo sus formas de vida, sus comunidades y las tierras y bosques de los que depende toda la humanidad”.
