Por Anelí Ruiz García*
Haití retomó la normalidad tras una semana convulsa social y políticamente, cuyos costos en todos los ámbitos están aún por determinarse.
En medio de la fuerte crisis, generada por una movilización contra la corrupción y que también exigía cambios inmediatos en la estructura de poder, el presidente haitiano, Jovenel Moise, se dirigió a la nación y reiteró su disposición al diálogo con todos los sectores nacionales.
También pidió a la oposición esperar las elecciones para tomar el poder, en clara alusión a la campaña antigubernamental desatada por diversos medios, que llaman a la población a la violencia y a mantenerse en las calles.
‘Luego del proceso electoral tengo la responsabilidad de dirigir el país a partir de lo que establece la Constitución’, dijo el gobernante, y subrayó que mañana puede ser otro ciudadano quien realice esta tarea, pero siempre bajo los principios de la carta magna y la democracia.
Pero su alocución no surgió el efecto deseado; un recorrido por la ciudad mostraba una imagen de desolación, hastío e incertidumbre, más preocupante que las propias movilizaciones.
Solo grandes comercios con fuertes dispositivos de seguridad brindaron servicios pocas horas al día, mientras funcionaba a cuentagotas el mercado informal que nutre a más del 80 por ciento de la población.
A este escenario se sumaron violentos episodios, en especial en el centro de la ciudad, enfrentamientos entre pandillas armadas por controlar los territorios, asalto a los transportes de urgencia médica, saqueo y robo en las zonas más desfavorecidas de la capital.
La inseguridad creció hasta su punto más álgido, y según denunciaron medios locales de prensa, la población, atemorizada, comenzó a huir de estas áreas, donde apenas los cuerpos de policías podían controlar la situación.
El caso de PetroCaribe
En 2005 el líder venezolano Hugo Chávez fundó la plataforma de cooperación energética Petrocaribe, una de las políticas suscritas al marco de la integración de ALBA-TCP, y que el propio Chávez definió como un ‘escudo anti-hambre’.
Este acuerdo al cual se adhirieron una veintena de países de la región, entre ellas Haití, ofreció a las naciones insulares el acceso al barril crudo, con la posibilidad de pagarlo en un plazo de 25 años a una tasa de interés del uno por ciento.
Además, Venezuela prestó al país unos tres mil 800 millones de dólares, que debían emplearse en atender las graves problemáticas de la nación en materia alimentaria, habitacional, energética, ecológica, sanitaria, educativa y de infraestructura.
Una investigación del Senado haitiano, hecha pública a mediados de 2017, arrojó que unos dos mil millones de esos fondos públicos fueron malversados por parte de los últimos tres gobiernos.
La indagación, de unas 656 páginas y dirigida por el Comité de Ética y Anticorrupción del Senado, detalla un presunto desfalco que involucra a 14 altos funcionarios y cuatro importantes constructoras.
Entre los indexados destacan los exjefes de Gobierno Laurent Lamothe y Jean-Max Bellerive; el exministro de Planificación Yves Germain Joseph, el otrora titular de Obras Públicas, Transporte y Comunicación Jacques Gabriel y otros miembros de un comité del Ministerio de Planificación.
A casi un año y medio de la investigación, aún ninguno de los implicados ha sido procesado judicialmente, lo que lleva a cientos de miles de haitianos a las calles a reclamar por el destino de esos fondos.
A pesar de esta situación, más del 70 por ciento de los proyectos ejecutados en el sector energético, educación, agricultura, salud, deportes e infraestructura vial durante los últimos años, fueron financiados por el fondo Petrocaribe, según confirmó el representante diplomático de Haití en Caracas, Greny Antoine, durante el 12 aniversario de la firma del acuerdo de cooperación.
Manifestaciones Anticorrupción
En el último año el país ha sido escenario de constantes protestas por la gestión estatal y la falta de políticas públicas que alivien la situación de los más desfavorecidos.
Sin embargo, desde mediados de 2018 las manifestaciones anticorrupción ganan auge y están siendo apoyadas por movimientos sociales, campesinos, además del ala dura de la oposición que aprovecha la coyuntura.
Julio abrió las puertas a un estado insurreccional general, como lo bautizó la izquierda, que aún no se ha cerrado. Los días 6 y 7 de ese mes la población sin previo aviso salió a las calles, bloqueó carreteras, saqueó e incendió los comercios símbolos de la burguesía, ante un aumento del precio de los combustibles que empobrecería aún más a los ya vulnerables.
Las movilizaciones de octubre y noviembre fueron otra cosa: los ciudadanos y las organizaciones se coordinaron bajo el eje de exigir cuentas al gobierno sobre la corrupción, como uno de los principales males de Haití.
Las manifestaciones contra el mal manejo de los fondos de Petrocaribe dieron un brusco giro hacia una protesta antisistémica y antigubernamental, que no es más que la expresión de hastío de millones de personas.
Porque tras la inconformidad, más del 80 por ciento de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza, sobreviviendo con menos de dos dólares diarios, y una cuarta parte no puede cubrir sus necesidades alimentarias básicas.
El Haití de hoy no es más que el resultado de décadas de corrupción, intervencionismo extranjero a ultranza disfrazado de apoyo a la estabilidad, deuda externa, falta de soberanía económica y alimentaria, desastres naturales, pero sobre todo políticas neoliberales con graves consecuencias a corto y largo plazo.
*Corresponsal jefa de Prensa Latina en Haití.
