En 2008, Transworld Energy and Minerals (TEM), una subsidiaria de la compañía minera australiana MRC, solicitó al gobierno sudafricano permiso para explotar depósitos de uranio en la zona de Umgungundlovu, en la provincia de El Cabo Oriental.
Los objetivos del trato de economía de mercado se conocen desde hace mucho tiempo. Ya en 2007 las comunidades locales habían establecido el Comité de Crisis de Anadiba, dispuesto a recurrir a los tribunales para defender su derecho a conservar intactas sus tierras ancestrales.
El 22 de noviembre de 2018, la Corte Suprema de Gauteng del Norte dictaminó que el gobierno no puede emitir permisos para la explotación de un territorio sin el consentimiento de las poblaciones nativas.
En otras palabras, las empresas mineras multinacionales no pueden pisotear los derechos de los pueblos en nombre del lucro.
